La región del Catatumbo, como una cantidad importante de territorios de nuestro país, evidencia que el pan y la tierra son elementos centrales para que se superen las dinámicas que han ido aparejadas al despliegue de la guerra. Con los actuales niveles de concentración del ingreso, de las tierras y con la pobreza persistente no pueden generarse dinámicas tendientes a construir la paz.
A los realmente pocos políticos que hoy, con sus matices, dan la pelea por orientar de otra manera y en otra dirección la institucionalidad política colombiana se pueden y deben quienes no quieren más de lo mismo. La gente del común -en tanto basamento y sostén de los liderazgos que actúan hoy desde la política institucional, el naciente partido FARC y los diversos movimientos sociales- es vital para defender los acuerdos logrados, llegar a un acuerdo con la guerrilla del ELN y dar pasos hacia la transformación sustancial de la política institucional colombiana.
La actual situación política en nuestro país pone de presente la necesidad de romper el imaginario de que la orientación de la política colombiana en las últimas décadas es la única posible. Ello implica asumir que sí se ha dinamizado un proyecto político cimentado en la desigualdad, la polarización y la cooptación mafiosa del estado por las elites.
Las Voces de paz que se despliegan hoy en el marco de la protesta social deben acompasarse al exterior y, ante todo, al interior de la institucionalidad colombiana en aras de democratizarla y cerrar el camino a quienes quieren perpetuar la guerra con base en la mentira y la politiquería.
El punto clave en la superación del remedo de democracia al que asistimos refiere a la potenciación de las comunidades mediante ejercicios de poder popular que se expresen tanto cualitativa como cuantitativamente y se desplieguen en lo institucional y lo extra institucional.
La potencialidad democrática de la objeción radica en la generación de una tensión política que los jóvenes colombianos, poniendo en tela de juicio la centralidad de la guerra en la sociedad colombiana, cuestionan el entramado jurídico e institucional vigente a la vez que delinea ejercicios de política democrática.
La construcción de la paz en Colombia está más ligada a una dinámica marcada por la conflictividad que a un ilusorio espacio de desaparición de la confrontación social y política. Las movilizaciones, los pliegos y las reivindicaciones antes que poner en riesgo la paz, la re-crean como tensión política inagotable.
De tener lugar, el plebiscito planteado para la refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana no sólo ha de servir para demostrar la legitimidad de la salida negociada al conflicto armado, también ha de ser uno de tantos ejercicios de activación política de la ciudadanía colombiana, quien ha de convertirse en protagonista del arduo proceso de construcción de la paz con justicia social.
El acuerdo de finalización del conflicto armado antes que materializar la paz permite -mediante la posibilidad de experimentar una atmósfera de discusión y tensión en la que no esté en juego la vida por defender tal o cual causa política- abrir las puertas a la acción política democrática, siendo esta el eje gravitacional de la construcción de la paz con justicia social como horizonte de un proyecto político revolucionario.
Venezuela puede seguir avanzando, como lo ha hecho desde 1999, en el sueño colectivo de un mundo mejor. Ello depende en gran medida de la autocrítica y la rectificación por parte de quienes enarbolan las justas y dignas banderas del proyecto político bolivariano.
En Nuestra América en general, la transformación radical de la sociedad -con el salto cualitativo democrático que implica-, pasa por asumir la centralidad del pueblo como sujeto histórico que, además de votar, participa activamente en el marco de un entramado institucional que provee los mecanismos necesarios para que retumbe su voz, obviada históricamente.
Esa violencia manifiesta ligada a la concentración de la tierra y que se materializa en millones de campesinos desterrados y empobrecidos es constitutiva de la tragedia colombiana que los medios masivos ocultan y que es central abordar si se quiere realmente construir una Colombia en paz. Si no tiene lugar una reforma agraria en serio, la paz dejará de ser una posibilidad para ser una quimera.
El caso griego, aún con marcadas diferencias, coincide con el rechazo a las lesivas políticas neoliberales y al capitalismo como lugares ineludibles de la “democracia” contemporánea. Una democracia en la que las mayorías no se contentan con elegir funcionarios públicos sino que entran a jugar activamente en las decisiones trascendentales, reservadas actualmente a las élites tecnocráticas.
Solo en un país con los problemas educativos que tenemos y con el tinte autoritario acentuado en los albores del siglo XXI puede hacer carrera y adquirir potencia una expresión tan vacía como el castrochavismo.
El problema de fondo no es la corrupción de uno, dos o todos los magistrados de la Corte Constitucional, es la cooptación de gran parte del Estado por parte de un proyecto político de corte mafioso que se ha posicionado fuertemente en el grueso de la institucionalidad colombiana.
Por un lado, la investigación científica se aleja cada vez más de los complejos problemas cotidianos de la población colombiana y no potencia dinámicas productivas con alto valor agregado y, por el otro, el modelo productivo deteriora el ambiente, vulnera los derechos de comunidades y expande las brechas existentes so pretexto de generar un crecimiento económico tan efímero como costoso a mediano y largo plazo.
En la actualidad, la gran mentira del libre mercado no se la creen ni quienes la defienden a capa y espada desde los distintos ministerios y cargos públicos. No es nada desfasado afirmar que Colombia es un paraíso de monopolios. Es más, la figura del cartel, reservada para señalar a los señores del narcotráfico, se corresponde con la realidad de gran parte del empresariado colombiano.
Es ingente la necesidad de que las colectividades populares y democráticas de nuestro país aúnen esfuerzos y caminen hacia la generación de un proceso constituyente que, con el horizonte de la construcción de la paz con justicia social, permita reconfigurar el horizonte político y los mecanismos de la democracia colombiana en la búsqueda del bienestar y la dignidad de la generación actual y las futuras.
En perspectiva de mediano y largo plazo la educación y el deporte se erigen en elementos vitales para la construcción de la paz en Colombia, dando lugar a una ciudadanía con más oportunidades y mejor calidad de vida. Ello se debe conjugar con la generación de un escenario social y político en el que el Estado garantice la no repetición de las dinámicas históricas de exclusión y segregación social, que se han convertido en moneda corriente para gran parte de la niñez y la juventud en este país.
Desde una perspectiva política de izquierda es necesario votar por Santos, asumiendo que así se puede seguir trabajando en contra de su gobierno y del modelo que dinamiza. Asimismo, se puede ver el mundial sin dejar pasar la necesidad de luchar por un fútbol en el que la magia suceda a la mafia.