Llamar a no polarizar, en los términos en que se ha venido haciendo, no solo es igual a polarizar, sino que es equivalente a excluir aquellos sujetos y aquellas demandas y necesidades que han sido excluidas del terreno de lo político, implica oponerse a posicionar en la agenda pública temas necesarios para la construcción de la paz y dar continuidad a una estrategia discursiva del “centrismo no civilizador”.
Le tememos tanto a Petro porque la democracia liberal aún nos asusta. Nuestra concepción de la democracia liberal es demasiado restringida como para darnos cuenta de que aquello que la amenaza no es el supuesto peligro del “castrochavismo” o del “populismo” sino la manera misma en que ponemos en práctica la discusión pública
En contienda hay varios proyectos de comunidad política y no todos son partidarios de una asunción del pasado; por el contrario, la mayoría de los proyectos quieren dar permanencia a la discontinuidad, dejar el pasado en el pasado más que hacerlo presente. Se trata de proyectos de comunidad política excluyentes, que pugnan por mantener una masa manipulable, obediente a toda costa, aunque sus ocurrencias sean cada día más absurdas.
No es seguro que las iniciativas para revocar a Peñalosa prosperen, pero de tener éxito podrían darle una lección muy necesaria a las élites políticas de este país: para gobernar hay que comprender al pueblo.
Quienes hoy están en deuda con la paz no son las FARC ni es el Gobierno de Santos, sino los partidarios del No al Acuerdo. Su cuestionamiento, con argumentos falaces pero sonoros y escandalosos, a cualquier iniciativa que contribuya a la paz, evidencia que sólo ellos continúan pensando la política bajo el esquema amigo-enemigo; tanto que ni siquiera han tenido la delicadeza de rechazar con el ahínco que los caracteriza la guerra sucia en contra de los líderes sociales, la misma que pelecha en el ambiente de odio y venganza que su discurso contribuye a crear.
Los problemas de legitimación de la paz a los que nos enfrentamos en la actualidad están enraizados en esa proscripción política del pueblo. Eso mismo ocurrió en 1991, porque la Constitución nunca logró realizarse como el gran acuerdo de paz que nos enseñaban en las clases de educación cívica en el colegio. A ese pacto entre el M-19 y los sectores progresistas del bipartidismo le faltó un pueblo, le faltó un conjunto de ciudadanos que irrumpieran en el escenario político para hacer valer sus derechos y asumir sus deberes.
No hay que sentarse a esperar cómo construimos el consenso, mientras las élites de siempre se preocupan por construir su hegemonía. Esforcémonos por unir al pueblo y exigir que se cumpla lo pactado.
Evitar el genocidio político es una necesidad que pasa por garantizar los derechos políticos tanto de los futuros desmovilizados como de todos los ciudadanos colombianos. Por lo tanto, invita a pensar en maneras de desactivar la posibilidad de que se combinen balas, dinero y votos, algo que no parece estar entre las prioridades de las élites que han sacado provecho de ella.
En el inminente posacuerdo de paz, la izquierda tiene por fin el reto y la oportunidad de asumir su pasado, con las identidades y “odios heredados” que lo forman, para proyectarse al futuro como una alternativa, sin dejar de ser izquierda.
Mi hipótesis, que tal vez pueda agregar otro punto de vista, es que el problema radica en la comprensión de la política que ha guiado las prácticas de la izquierda en estos años, tanto del lado de los gobiernos progresistas como del de sus críticos. Se trata de una forma de entender la política hasta cierto punto anacrónica en tanto que no responde a los desafíos de la sociedad contemporánea.
Transmilenio debería empezar por demostrarle a sus usuarios que es público, esto es, que debe su existencia a ellos, pues no es posible cosechar legitimidad si se siembra ineficacia.
Pese al clima favorable a la negociación y construcción de la paz, hoy continúa vigente un complejo dispositivo de criminalización y represión de la protesta, que articula imaginarios, normas, discursos y prácticas, y que plantea un desafío enorme hacia un eventual postconflicto.
La libertad de expresión y de cultos probablemente no tiene ese mismo carácter de lo sagrado en las culturas musulmanas. Sin embargo, quizás luego de ubicarnos en el “entre” podamos comprender que ese otro musulmán que ha salido a la calle a manifestar su indignación también tiene valores sagrados que no está dispuesto a negociar.
Con todo, el reto más importante es para los sectores organizados de esa mayoría que apuestan por la paz, para superar sus problemas de acción colectiva. Tanto el eventual acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, como la construcción de la paz, dependerán en últimas de la capacidad de los movimientos sociales y otros actores progresistas para sustraer esa mayoría de la influencia de los adversarios y articularla en función de la paz con justicia social.
Como algunos analistas han advertido, el suceso del General Alzate ha demostrado que las FARC funcionan como un ejército unificado y podrían cumplir una tregua bilateral. No obstante, sus cálculos parecen seguir orientándose a lo militar más que a lo político. Probablemente continúan suponiendo que un desequilibrio militar en su favor los pondría en mejor posición en la mesa de negociaciones.
Se empieza a proponer un tipo de servicio social obligatorio para reemplazar al SMO. Tal vez sea una forma de infundir el sentido del deber en los ciudadanos capaz de fomentar valores distintos de aquellos asociados al militarismo.
Aunque tanto Cepeda como Uribe y sus defensores hicieron afirmaciones sobre personas, sus retóricas no pueden hacerse equivalentes. En el primer caso se trata de argumentos fundamentados sobre personas en el contexto del control político y de un problema que difícilmente puede tratarse en abstracto, mientras en el segundo caso sí se trata de falacias, afirmaciones sin fundamento cuyo fin era atacar personas -no argumentos, pruebas o evidencias- con el fin de deslegitimarlas como interlocutores válidos.
Las “celebraciones desmedidas” de las victorias de la Selección Colombia son la puesta en la escena pública de una masa cuyas acciones, apelando a Le Bon, se explicarían por la sugestión, la manipulación o el contagio. En una masa la racionalidad individual se disuelve en la pasión colectiva.
La paz está en el centro de la elección. El que esa predicación se haya convertido en un cliché, cuando no en slogan de campaña, no le quita su verdad. Sin embargo, es evidente que la paz no puede estar amarrada a un candidato particular, y menos cuando hay opciones mejores para elegir.
El caso Petro muestra que existe una tensión muy compleja entre la gobernabilidad y la promoción de los cambios. La gobernabilidad depende de la eficacia y la legitimidad del gobierno, no hay fórmulas universales para conseguirla y en países como Colombia el problema se torna más complejo debido al considerable poder que ostentan los monopolios mediáticos para legitimar y deslegitimar.
