En contienda hay varios proyectos de comunidad política y no todos son partidarios de una asunción del pasado; por el contrario, la mayoría de los proyectos quieren dar permanencia a la discontinuidad, dejar el pasado en el pasado más que hacerlo presente. Se trata de proyectos de comunidad política excluyentes, que pugnan por mantener una masa manipulable, obediente a toda costa, aunque sus ocurrencias sean cada día más absurdas.
No es seguro que las iniciativas para revocar a Peñalosa prosperen, pero de tener éxito podrían darle una lección muy necesaria a las élites políticas de este país: para gobernar hay que comprender al pueblo.
Quienes hoy están en deuda con la paz no son las FARC ni es el Gobierno de Santos, sino los partidarios del No al Acuerdo. Su cuestionamiento, con argumentos falaces pero sonoros y escandalosos, a cualquier iniciativa que contribuya a la paz, evidencia que sólo ellos continúan pensando la política bajo el esquema amigo-enemigo; tanto que ni siquiera han tenido la delicadeza de rechazar con el ahínco que los caracteriza la guerra sucia en contra de los líderes sociales, la misma que pelecha en el ambiente de odio y venganza que su discurso contribuye a crear.
Los problemas de legitimación de la paz a los que nos enfrentamos en la actualidad están enraizados en esa proscripción política del pueblo. Eso mismo ocurrió en 1991, porque la Constitución nunca logró realizarse como el gran acuerdo de paz que nos enseñaban en las clases de educación cívica en el colegio. A ese pacto entre el M-19 y los sectores progresistas del bipartidismo le faltó un pueblo, le faltó un conjunto de ciudadanos que irrumpieran en el escenario político para hacer valer sus derechos y asumir sus deberes.
No hay que sentarse a esperar cómo construimos el consenso, mientras las élites de siempre se preocupan por construir su hegemonía. Esforcémonos por unir al pueblo y exigir que se cumpla lo pactado.
Evitar el genocidio político es una necesidad que pasa por garantizar los derechos políticos tanto de los futuros desmovilizados como de todos los ciudadanos colombianos. Por lo tanto, invita a pensar en maneras de desactivar la posibilidad de que se combinen balas, dinero y votos, algo que no parece estar entre las prioridades de las élites que han sacado provecho de ella.
La limpieza social es un dispositivo de control, que no es excepcional ni se agota en su aplicación a las sociedades ingobernables, sino que contribuye al sustento ideológico y fáctico del orden social dominante.
Parece muy tímido un futuro deseado, por no llamarlo una utopía, basado en la afirmación de un liberalismo y una modernidad “verdaderos” en contra de la simulación que de ellos ha hecho la oligarquía. Los retos del mundo contemporáneo, en particular la necesidad de reformular nuestra relación con la otredad y la diversidad, cuestión crucial en un país en guerra como Colombia, así como con la naturaleza, evidencian los límites de ese horizonte normativo.
