Crímenes de lesa humanidad y paramilitarismo: el proceso contra Santiago Uribe Vélez por los 12 apóstoles

El hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un jefe de, al menos, la misma jerarquía de quienes estuvieron como comandantes en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos. Hace pocos días inició formalmente la etapa de […]

Arte popular y cultura para la paz: apuestas estratégicas hacia la Nueva Colombia

El momento histórico nos impone superar inanes discusiones teóricas -que no pocas veces son el disfraz de intereses mezquinos personales o sectoriales- para, desde la práctica creativa y sensible, cautivar, enamorar y sumar voluntades y corazones a los procesos de transformación. Inventarnos y reinventarnos a partir de la sensibilidad y la emoción.

¿“Terceros” o determinadores? el proyecto económico paramilitar en Bajo Atrato

El caso de Curvaradó y Jiguamiandó debe ser el más documentado en el país en que se demuestra la relación entre sectores empresariales, institucionalidad civil y militar, grupos paramilitares, proyectos económicos y violaciones a derechos humanos y ambientales. Sin embargo, no es un caso excepcional o extraño: en vastas regiones del país, usando como excusa el desarrollo del conflicto armado, se impuso un modelo económico de acumulación por desposesión a partir del saqueo y el despojo llano; en que, con ciertas variaciones, se repitió lo ocurrido en el Bajo Atrato.

Fortalecer la JEP, exigir su cumplimiento, materializar el acuerdo

Los incumplimientos al Acuerdo buscan generar tensiones al interior de la insurgencia, romper su cohesión y reventar el proceso; también desincentivar el apoyo de la sociedad civil a lo ya alcanzado. En ese contexto, debilitar aún más la JEP, tachándola como un escenario ilegítimo de impunidad estatal, además de injusto, no parece ser lo más pertinente, adecuado ni oportuno. Al contrario, el proceso debe ser rodeado, fortalecido y rescatado de quienes pretenden vituperarlo.

Implementación del Acuerdo de Paz y Gobierno de Transición: apuestas y necesidades para el año que empieza

La experiencia internacional demuestra cómo la etapa más compleja y peligrosa de un proceso de paz es su implementación. De allí entonces la necesidad de asegurar la conformación de un Gobierno de Transición que permita consolidar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado; para a partir de allí, construir las condiciones que materialicen el desarrollo de una Paz Estable y Duradera; hacia un país incluyente, democrático y pluralista.

¡Acuerdo ya! El fin de la guerra está próximo

No parecen convenientes, ni ágiles, las propuestas bien intencionadas de realizar consultas populares o convocar a un nuevo plebiscito; tampoco buscar la solución en audaces figuras jurídicas que se realicen en el seno del Congreso o en sentencias o autos de la Corte Constitucional. La solución está en las calles y en la movilización popular: el deber jurídico y la responsabilidad política de dar validez al Acuerdo corresponde al Gobierno Nacional y principalmente al Presidente de la República, quien conserva todas las facultades jurídicas que le permiten implementarlo. La decisión es política, tiene un contexto favorable para tomarla y es urgente que lo haga cuanto antes. Debemos exigírselo.

Una defensa jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz: hacia la develación de la criminalidad estatal

Ni la insurgencia ni los movimientos sociales hemos logrado -por ahora- la conquista del poder institucional. Y, haciendo un análisis concreto de la situación concreta, no hemos estado ni remotamente cerca de ello. La solución política del conflicto armado abre la posibilidad de construir una paz estable y duradera, cuya conclusión en el mediano plazo debería llegar a ser la llegada al poder institucional, desde las vías constitucionales y legales, de los sectores alternativos y populares históricamente excluidos y victimizados.