La difícil situación de la frontera norte en Ecuador ya ha empezado a redibujar la política fronteriza de ese país, y a modificar la relación colombo-ecuatoriana, en un momento en el que la cooperación institucional y operativa bilateral es cada vez más imprescindible. Por lo pronto, el resultado de las elecciones presidenciales, tendrá un impacto concreto porque se redefinirá la política colombiana desplegada en las fronteras con Ecuador y con Venezuela, que padecen dificultades similares.
La hipótesis de que la aprobación de la restricción relativa de la minería sería más fuerte en zonas ya afectadas, o posiblemente testigos de una exploración/explotación acentuada a futuro, debe comprobarse con un análisis detallado de cada zona.
Si bien Moreno puede contar con un apoyo promedio de 64 a 73% de votos válidos en las siete preguntas, el mayor oponente, R. Correa, obtendría entonces un apoyo de 30 a 40%. De ese modo, las principales lecturas que se han dado en Ecuador alrededor de esos resultados giran en torno al futuro político incierto de Correa, o incluso afirman que este proceso de consulta pone fin a un ciclo político, aunque suene un poco prematuro aseverarlo.
La confusión de discursos institucionales y gubernamentales junto con la incertidumbre política reinante son una prueba fehaciente de que aún falta mucho camino por recorrer, para poder hablar de una verdadera política institucional en torno a la protección de líderes sociales y en aras de otorgarles garantías para su seguridad y su participación política.
El hecho de que El Espectador haya decidido nombrar “personajes del año” a los líderes sociales asesinados o que resisten es una señal alentadora, en el contexto de la precaria implementación de la paz, un año después de la firma de los Acuerdos de la Habana (2016). Aun cuando no existe una política pública oficial para enfrentar el asunto, y persiste la negación oficial de la gravedad y sistematicidad del asunto.
La primera gran reforma emprendida por el gobierno Macron es la nueva modificación a profundidad del Código Laboral, mediante un cuestionable procedimiento de ordenanzas, que pretende dar mayor poder al Ejecutivo contornando el poder legislativo. Esta reforma deja insatisfechos a la mayoría de los actores sindicales mientras genera un profundo escepticismo entre la población francesa.
Mientras avanza el proceso de paz con el desarme y la dejación de armas por las FARC, persiste un sinfín de retos sociales y políticos. De estos, es necesario enfatizar los agravios a los líderes sociales que no dan tregua, así como la dificultad de encontrar un espacio seguro y duradero para expresar la oposición, la crítica o el pensamiento alternativo. Tendencias que no son nuevas pero que interpelan al ciudadano, al observador o al investigador, en el contexto de construcción de la paz.
La victoria de E. Macron con 66.1% de los sufragios expresados y con 32 puntos de ventaja sobre su adversaria M. Le Pen (33.9%), por contundente que sea, no deja de ser frágil, dado el rechazo al sistema político que se ha evidenciado en la segunda vuelta del 7 de mayo, mediante el nivel de abstención, votos blancos y nulos, inéditos en una segunda vuelta. Se espera una recomposición del espectro partidario.
Ante la segunda vuelta que se avecina, la renovación política aparenta ser el menor de los problemas de Francia. Sin embargo, la reedición agravada del dilema de 2002 y de la trampa ante la cual está de nuevo el electorado, nos recuerda que la carencia de una profunda renovación política e institucional sí es asunto de todos. Tarde o temprano se pagan los platos rotos. Ante la falta de alternativas verdaderas, o más bien la eliminación de ellas por un electorado desubicado, la desesperación, el asombro, la ira crecen en una población cada vez más impotente e impaciente.
En un contexto electoral inédito, bastante preocupante, Francia se prepara para una elección presidencial envuelta en tensiones y en medio de una incertidumbre muy alta. La primera vuelta se realiza el 23 de abril y la segunda el 7 de mayo. A continuación se presenta un análisis de este contexto electoral y se analizan los retos y la incertidumbre que rondan en esta contienda.
La derecha tenía todas las posibilidades de ganar la elección presidencial de 2017. Pero las graves sospechas de desvió de fondos públicos y empleo ficticio en beneficio de su esposa Penélope, han socavado la candidatura del derechista François Fillon. Este escándalo se produce en un panorama electoral fracturado y deja un electorado desorientado.
Aunque es todavía difícil conseguir datos claros y reconocidos por todas las partes, el nivel de homicidio y amenaza de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos se ha vuelto objeto de atención tanto de la prensa más mediática como del Gobierno, que al menos lo menciona y lo discute, aunque le falta construir políticas públicas para la resolución de tan preocupante asunto. El hecho que este problema tan preocupante se haya hecho presente en el debate público en sí mismo es un avance destacable, aunque falta mucho camino por recorrer.
Lo que es revelador del discurso sorprendido es que nos ilustra qué tanta aceptación tenemos acerca de la incertidumbre electoral. Tanto las élites o actores en el poder que, ante una derrota imprevista, suelen aducir que “el pueblo no entendió” su acción o su programa, como también los ciudadanos que vemos nuestras convicciones o aspiraciones estrellarse contra la pared. ¿Tal vez porque a menudo se confunde lo que se prevé con lo que se desea?
Principalmente se debe desmontar estereotipos y amalgamas entre “musulmán” e “islamista” (o “terrorista” inclusive) y desvirtuar estigmatizaciones, en un contexto de lucha contra la radicalización islámica y el terrorismo implementado por el “Estado Islámico”. Esto es responsabilidad de los medios, de la universidad y de todos los mediadores culturales que tienen ante sí una inmensa responsabilidad.
Aunque resulte aun difícil de creer para muchos, incluyéndome, que un seudo gobierno socialista sea precisamente el que se disponga a enterrar un derecho tan fundamental como el de manifestar, conquistado con alto costo por generaciones de luchadores sociales y de tan histórica trayectoria, no podemos engañarnos sobre la realidad. Esto ocurre, hoy delante de nuestros ojos.
En un contexto fuertemente hostil a la protesta, en el marco del estado de emergencia, y de cierta brutalidad policial hacia manifestantes y ocupantes de la Plaza de la República, los actores sociales en Francia deberán enfrentar el reto de la convergencia de luchas, por encima de una marcada fragmentación social. La contienda presidencial y legislativa de 2017 reflejará el éxito o fracaso de estas estrategias de articulación.
Hemos observado, sin poder salir aún del asombro, las arremetidas de Manuel Valls contra cualquier voz crítica, especialmente la de la academia: esta se vio, en tres oportunidades, simple y llanamente acusada de “excusar” a los terroristas, al pretender medianamente comprender los fundamentos del proceso de radicalización y apoyo al EI en Francia.
Aún queda por ver cómo evolucionará la definición del estado de emergencia en los próximos meses. Pero, a nivel de los procedimientos, la revisión misma de la Constitución durante un periodo de estado de emergencia, no deja de resultar inquietante. Máxime, en un contexto de resurgimiento de un discurso marcial y de una persistente emoción sobre la insidiosa amenaza terrorista.
Estas estrategias para callar, ignorar o amedrentar a la oposición pacífica mandan mensajes ambivalentes y poco conformes al espíritu democrático del que tanto se vanaglorian las élites. Pues al parecer, no es posible lograr cambios por la vía del diálogo, de la protesta pacífica, o de procesos de consulta constitucionalmente vigentes (consulta previa, por ejemplo).
Los movimientos sociales, cuatro años después de las “primaveras árabes”, parecieran haber desaparecido del radar de los observadores o analistas. Este descuido puede explicarse con un rápido examen del cambio de contexto desde entonces
