Dura es la ley, pero es la ley, tan contundente que en escenarios reales se vuelve invisible, tan formal que en los territorios pierde su forma y su tecnicismo. Más allá de contextualizarla y territorializarla, su verdadera implementación en el campo de la interpretación depende de la comprensión de los hechos sociales que se desarrollan en el orden de lo local, de lo comunitario y de lo particular.
La desburocratización de la paz merece la inclusión de los mandatos populares y sus agendas de acción territorial, asumiendo que las(os) verdaderas(os) profesionales e investigadoras(es) facilitadores de la paz se encuentran en los territorios y no en el buró de la contratación estatal.
Necesitamos un Estado descentralizado, cuyas instituciones gobiernen desde las regiones y sus funcionarios respondan a las dinámicas locales-comunitarias y no al aparato burocrático central. Así podremos ir encontrando al Estado perdido y suplantado, así podremos hacerlo propio y colectivo. El Estado de la vida cotidiana, el de nuestros sueños y el de nuestras esperanzas, el de nuestros cuerpos y territorios.
La liberación de la Madre Tierra contrasta con el panorama actual, en donde las demandas del movimiento indígena se discuten en escenarios promovidos por el Gobierno Nacional y en donde las políticas del Estado colombiano pareciesen distraer las agendas propias de las organizaciones indígenas.
Con el establecimiento de un espacio de negociación entre las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional conocido con el nombre de la Mesa Nacional de Concertación, la viabilidad de incidir sobre las decisiones gubernamentales se ve relegada a la participación en este espacio institucional y a la posibilidad de incluir en cada documento oficial el concepto del “enfoque diferencial”.
