Al seguir esta ruta de identificación con los mecanismos de decisión y participación locales-comunitarios, el reconocimiento del territorio se antepone como el requisito de control autónomo en el que la preservación, cuidado y significación social y cultural son las variables de defensa por la vida, ante los proyectos económicos de muerte respaldados en el plano militar y soportados desde el marco legal.
Dura es la ley, pero es la ley, tan contundente que en escenarios reales se vuelve invisible, tan formal que en los territorios pierde su forma y su tecnicismo. Más allá de contextualizarla y territorializarla, su verdadera implementación en el campo de la interpretación depende de la comprensión de los hechos sociales que se desarrollan en el orden de lo local, de lo comunitario y de lo particular.
La desburocratización de la paz merece la inclusión de los mandatos populares y sus agendas de acción territorial, asumiendo que las(os) verdaderas(os) profesionales e investigadoras(es) facilitadores de la paz se encuentran en los territorios y no en el buró de la contratación estatal.
Necesitamos un Estado descentralizado, cuyas instituciones gobiernen desde las regiones y sus funcionarios respondan a las dinámicas locales-comunitarias y no al aparato burocrático central. Así podremos ir encontrando al Estado perdido y suplantado, así podremos hacerlo propio y colectivo. El Estado de la vida cotidiana, el de nuestros sueños y el de nuestras esperanzas, el de nuestros cuerpos y territorios.
La liberación de la Madre Tierra contrasta con el panorama actual, en donde las demandas del movimiento indígena se discuten en escenarios promovidos por el Gobierno Nacional y en donde las políticas del Estado colombiano pareciesen distraer las agendas propias de las organizaciones indígenas.
Con el establecimiento de un espacio de negociación entre las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional conocido con el nombre de la Mesa Nacional de Concertación, la viabilidad de incidir sobre las decisiones gubernamentales se ve relegada a la participación en este espacio institucional y a la posibilidad de incluir en cada documento oficial el concepto del “enfoque diferencial”.
La paz territorial se construye desde lo local, desde lo comunitario. Su alcance debe delimitar, frenar e imposibilitar el avance de la violencia institucional, gamonal, paramilitar y empresarial, combatiendo el neoextractivismo, redefiniendo la “paz territorial” desde la puesta en marcha de los territorios de paz.
Los territorios de nadie, los no-lugares están a la vista del capital financiero, el cual dispone de buenos leguleyos para establecer su orden a través de concesiones, artículos de leyes que les permitan la puesta en marcha de cualquier megaproyecto ¿Será esta la fórmula de reparación territorial en tiempos del posacuerdo?
