A veintinueve años de la caída del muro de Berlín, en Colombia se sigue planteando el antagonismo entre la derecha y la izquierda, ambivalencia discontinua que no permite hacer una lectura más integral de la nación, desvirtuándose así los otros matices y perspectivas que se tienen de la guerra y de la paz.
En los tiempos de “paz”, en Colombia, las entidades del Estado pareciesen responder a las orientaciones técnicas de la cooperación internacional que con su capital financiero además de capitalizar los programas gubernamentales, diseñan su implementación en los territorios.
En la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) retumbaron los gritos de las y los arhuacas(os) quienes en el mes de noviembre de este año, al unísono de sus voces, exigían con fuerza y dignidad el respeto por su territorio ancestral en la ciudad de Valledupar. En la capital del departamento del Cesar, el Pueblo […]
Al seguir esta ruta de identificación con los mecanismos de decisión y participación locales-comunitarios, el reconocimiento del territorio se antepone como el requisito de control autónomo en el que la preservación, cuidado y significación social y cultural son las variables de defensa por la vida, ante los proyectos económicos de muerte respaldados en el plano militar y soportados desde el marco legal.
Dura es la ley, pero es la ley, tan contundente que en escenarios reales se vuelve invisible, tan formal que en los territorios pierde su forma y su tecnicismo. Más allá de contextualizarla y territorializarla, su verdadera implementación en el campo de la interpretación depende de la comprensión de los hechos sociales que se desarrollan en el orden de lo local, de lo comunitario y de lo particular.
La desburocratización de la paz merece la inclusión de los mandatos populares y sus agendas de acción territorial, asumiendo que las(os) verdaderas(os) profesionales e investigadoras(es) facilitadores de la paz se encuentran en los territorios y no en el buró de la contratación estatal.
Necesitamos un Estado descentralizado, cuyas instituciones gobiernen desde las regiones y sus funcionarios respondan a las dinámicas locales-comunitarias y no al aparato burocrático central. Así podremos ir encontrando al Estado perdido y suplantado, así podremos hacerlo propio y colectivo. El Estado de la vida cotidiana, el de nuestros sueños y el de nuestras esperanzas, el de nuestros cuerpos y territorios.
La liberación de la Madre Tierra contrasta con el panorama actual, en donde las demandas del movimiento indígena se discuten en escenarios promovidos por el Gobierno Nacional y en donde las políticas del Estado colombiano pareciesen distraer las agendas propias de las organizaciones indígenas.
Con el establecimiento de un espacio de negociación entre las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional conocido con el nombre de la Mesa Nacional de Concertación, la viabilidad de incidir sobre las decisiones gubernamentales se ve relegada a la participación en este espacio institucional y a la posibilidad de incluir en cada documento oficial el concepto del “enfoque diferencial”.
La paz territorial se construye desde lo local, desde lo comunitario. Su alcance debe delimitar, frenar e imposibilitar el avance de la violencia institucional, gamonal, paramilitar y empresarial, combatiendo el neoextractivismo, redefiniendo la “paz territorial” desde la puesta en marcha de los territorios de paz.
Los territorios de nadie, los no-lugares están a la vista del capital financiero, el cual dispone de buenos leguleyos para establecer su orden a través de concesiones, artículos de leyes que les permitan la puesta en marcha de cualquier megaproyecto ¿Será esta la fórmula de reparación territorial en tiempos del posacuerdo?
Se corría el rumor de que las elecciones ya estaban arregladas y la sospecha fue mayor cuando a tres días de la contienda electoral, se cambió al registrador y de repente algunas cédulas anuladas por el Consejo Nacional Electoral fueron avaladas, desde este punto ya se hablaba de trashumancia.
La maquinaria del ministerio de Guerra (policía, fiscalía) como en el cuento de Orwell aceleró su funcionamiento y en el nombre de la estabilidad social enviaron a la cárcel a los(as) 13 presuntos responsables. ¿De qué delito? Hasta ahora nadie lo sabe. ¡El gran hermano te vigila pero también te castiga!
El estado de Chiapas ha comenzado a transformarse. El interés por el medio ambiente tan solo se encuentra redirigido para encontrar-identificar y explotar los principales recursos naturales, especialmente el agua. La apuesta central de este gobierno se encuentra enfocada hacia el turismo y la infraestructura materializada en nuevos aeropuertos, autopistas y hoteles; tan solo intenta acelerar el motor del sistema económico capitalista.
Rescatando un viejo eslogan del gobierno mexicano, “mover a México”, podríamos afirmar que mientras “México se mueve” y sus instituciones se fortalecen y las reformas económicas avanzan en pro del fortalecimiento del sistema económico, los movimientos sociales, los pueblos dignos y resistentes avanzan con la mirada en alto, fomentando la organización popular, reforzando la memoria y continuando con la lucha social, esa que nace de abajo.
Nuevamente los actos de represión e intimidación en contra de la población, de la educación popular rural y del movimiento estudiantil, volvieron a resurgir. Sin embargo la generalización del miedo y las campañas de desinformación mediática no pudieron evitar el desarrollo y gestación de un proceso que comenzó a evidenciar un estado de agotamiento social, de desesperación colectiva ante un sistema político que respondía ante cualquier demanda social con el uso “legítimo” de la violencia.
Las bases de apoyo zapatistas continúan construyendo y protegiendo un proyecto político que no termina, un proceso que intentaron aplacar con el cobarde asesinato del compañero Galeano, Votán, Guardián y corazón del Pueblo, Guardián y corazón de la tierra, Guardián y corazón del mundo.
En su afán de presentar la noticia, los medios de comunicación no mencionaban la disputa territorial que se ha estado librando en el interior de este estado en donde, además de los narcotraficantes, los agroempresarios y las transnacionales tienen sus ojos puestos sobre las tierras y los recursos minerales.