Nada ni nadie puede asegurar que la transición democrática irá a buen puerto, ni tampoco que todo siga igual como antes de 1991. Sólo la lucha decide, como diría el marxista italiano Antonio Gramsci. Lo que sea que pueda ser, depende de lo que las fuerzas progresistas, democráticas y emancipatorias, puedan realizar y lograr en términos de correlación de fuerzas sociales y políticas a favor del cambio, de un nuevo país.
Pero lo más importante, es que dicha construcción de paz pasa necesariamente por la construcción de un amplio consenso social y político, nacional y regional, sin el cual sus posibilidades reales de implementación se verían truncas y sometidas a la amenaza continua de ser reversadas por coaliciones políticas enemigas del proceso, como el uribismo, el vargasllerismo, los generales en retiro agrupados en Acore, grupos empresariales e incluso instituciones del propio Estado como la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su director, Néstor Humberto Martínez.
Depositar la refrendación de los Acuerdos de Paz en el Congreso de la República, no sólo es errar el camino y repetir el modelo de democracia de minorías o de élites, sino edificar el futuro de la paz en terreno pedregoso. Los acuerdos de paz, para ser sostenibles y legítimos, sólo pueden ser refrendados a través de la más amplia y democrática participación de la ciudadanía.
El ideal de una política sin Estado o, más radicalmente aún, de una sociedad sin Estado, es por ahora sólo eso: un ideal, puesto que en la práctica política el Estado sigue siendo el principal factor de poder, con tanto que incluso puede destruir o disolver cualquier proceso de transformación del mundo o de la sociedad, así tales procesos no se propongan la toma del poder.
Son estos los tiempos históricos de la política. Son estos los “cuartos de hora” de los pueblos para dirimir futuros históricos. En tiempos de política, de la grande y no de la pequeña que se resuelve en los conciliábulos y recintos del poder, no hay nada preestablecido, todas las bifurcaciones son posibles; sólo deciden las correlaciones de fuerzas, no sólo en términos de antagonismos, sino también de articulación y de cooperación.
En la Colombia contemporánea, la resistencia civil es la que ensayan y ensayaron las comunidades barriales de las ciudades, los campesinos de pueblos y veredas del país proverbialmente olvidados por los gobiernos bipartidistas, las comunidades afro-descendientes del Pacífico y los pueblos indígenas del Cauca, contra la guerra y los efectos perversos de exclusión y de pobreza propios del modelo neoliberal extractivista y reprimarizador.
Para quienes imaginamos un proceso de paz más allá de la negociación del conflicto armado interno, la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente se convierte en una consigna de primer orden, pues representa la oportunidad histórico-política de refundar el orden constitucional y político colombiano sobre nuevas bases, fundamentalmente de carácter democrático popular y de justicia social, a partir de la convocatoria y deliberación del constituyente primario que es el pueblo.
La solución política al conflicto armado en Colombia no pasa necesariamente por una constituyente, al contrario, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pasa por la solución política al conflicto armado. La última es condición necesaria, mientras que la primera es condición suficiente.
Para quienes le apuestan a la salida negociada del conflicto armado, es urgente volver a convertir la mesa de La Habana en centro gravitacional de las relaciones Gobierno-Farc. Lo cual pasa por un acuerdo decidido de las partes por detener la guerra o tomar medidas urgentes conducentes a su desescalamiento progresivo.
Condicionar el acuerdo final a la convocatoria de la constituyente es como echar la cucharada de brea en el barril de miel.
Si se dice que el tema de Víctimas es crucial en la Mesa de negociaciones de La Habana, no es por mera retórica, sino simplemente porque, bien vistas las cosas, todos los temas hasta ahora abocados pasan o implican directa o indirectamente a las víctimas.
Votar por Santos no fue apoyar políticamente su gobierno, fue activar en un contexto de confrontación electoral el único mecanismo político necesario para detener el peligro inminente del uribismo y salvaguardar la conquista más valiosa de la coyuntura: el proceso de paz con las guerrillas junto con las posibilidades más favorables para la acción política de izquierda y de masas. Así de simple.
La condición de víctima y la posibilidad de la resistencia no son antinómicas. La resistencia se nutre y se afirma a partir del hecho de la victimización, de la pretensión de nuda vida del poder, de su exclusión o de su negación como sujeto. Desde el punto de vista de la resistencia, la víctima es un estado de indefensión, pero de indefensión activa no pasiva, indefensión sufrida pero también sobrepasada.
La experiencia de guerra y violencia endémica en Medellín confirman la profunda e histórica debilidad del Estado. Su territorialidad es estriada, regulada pero también extremadamente fragmentada. No indisputada sino continuamente entredicha.
La libertad es para De La Boétie, siempre una posibilidad viva. Porque así como es natural y nacemos con ella, también nacemos con la voluntad de defenderla.
