Puesto de otra manera, de lo poco que este partido dice claramente es que quiere proteger los intereses de la clase poseedora de este país y que, si para eso tiene que abandonar el proyecto de por sí sufrido de la paz, está totalmente dispuesto a hacerlo. El lema parecería ser que, esté el país en paz o en guerra, todo se debe mantener como ha transcurrido hasta ahora: un statu quo de oligarquías que se han asentado plácidamente sobre las penas del pueblo.
¿Qué sugiere el hecho de que hoy día nos deslicemos con menor resistencia (aunque sea solo una cuestión de corrección política) a reconocer la legitimidad de las luchas de los excluidos históricamente –minorías étnicas, mujeres, disidencias sexuales– y no a asumir la responsabilidad que implica reconocer a los animales no-humanos como sujetos políticos?
No afirmo que debamos abandonar la disputa por lo verdadero al impugnar las mentiras de los políticos a través de mecanismos democráticos; esta es una tarea necesaria. Sin embargo, este nivel de confrontación se queda corto al momento de comprender el fenómeno al que se enfrenta. La verdad, en sus estratos, sobrepasa de lejos la correspondencia entre los enunciados y los “hechos”, pues se juega ante todo al nivel de la racionalidad de proyectos políticos para los que lo verdadero pasa por aceptar, utilizar y moldear los enunciados en función de un fin político.
Si de lo que se trata es de construir una ciudad para el posconflicto, “una ciudad de las víctimas”, es necesario dejar de lado la cultura ciudadana por basarse en un esquema de inculpación individual que concibe a los ciudadanos como menores de edad, que deben ser educados y castigados.
En la medida en que este código no sea modificado radicalmente, es decir, que sea la prevalencia de los derechos de la ciudadanía, antes que la fuerza, el orden y el control, lo que se privilegie con esta reforma, no hay razones para pensar que lo que está en juego es, en medida alguna, el bienestar social.
