Quienes optan por la rebeldía no son un buen ejemplo ante los ojos de los poderosos, en tanto persuaden a quienes les rodea a liberarse, es justamente esa la razón por la cual son una amenaza los y las congresistas populares que hicieron un compromiso con mandatar la vida digna y construir un horizonte mejor.
No se enfrentan modelos de país distinto, sino, que asistimos a una pugna de liderazgos personalizados traducidos en rivalidades mediáticas, componendas clientelistas, disputas por control económico y ambiciones burocráticas. Ello sin desconocer los matices en temas cruciales como la paz, aun cuando su alto impacto mediático exacerba las tensiones y construye realidades ficticias que confunden la opinión.
Las pocas investigaciones frente a la magnitud de las pruebas demuestran el ocultamiento que existe de la paraeconomía, la impunidad frente al enriquecimiento de gremios empresariales demuestran la intrascendencia que ha tenido frente a la justicia y medios de comunicación
A tres años de la sanción presidencial de la ley 1448 de 2011 con bombos y platillos por el presidente Santos, el balance en materia de restitución de tierras es un rotundo fracaso: bajos niveles de reclamaciones, incumplimiento de las metas en la entrega de predios y, peor aún, ni rastro de voluntad de cambio en el modelo de desarrollo agrario colombiano. Estos hechos configuran un mapa desolador para del futuro del capítulo de restitución que con tanta alharaca Santos se comprometió ante las víctimas y el país.
El movimiento agrario y las expresiones representadas en la Cumbre se encuentran en un momento político que requiere presionar su fortalecimiento, depurar conductas que le restan a la concreción de la unidad y buscar llegar a acuerdos más sólidos, menos inmediatistas, sin que ello implique la pérdida de autonomía e independencia de las organizaciones y procesos.
El país aún recuerda a miles de campesinos y campesinas que en el 2013 salieron a las carreteras colombianas a exigirle al gobierno solución a sus críticos problemas. Esos mismos miles de campesinos y campesinas retornan a las carreteras denunciando el incumplimiento de los acuerdos pactados el año pasado y proponiendo refundar la política agropecuaria del país.
Marcar no en el tarjetón que definirá el futuro del Alcalde, se constituye en un paso decisivo en la construcción de una nueva generación hastiada de la corrupción, la derechización y el miedo, y dispuesta a construir una democratización de la sociedad.
El Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 109, ordenó a la autoridad minera elaborar un plan nacional de ordenamiento minero, que tuviera en cuenta los lineamientos en materia de ordenamiento territorial y ambiental. Sin embargo, a la fecha el plan no existe y los avances son realmente precarios. Lo que sí avanza es una avalancha de conflictos en los territorios que configuran una crisis estructural del ordenamiento territorial en el país.
Es infortunado para la democracia que se legisle en medio de un clima de tal ilegitimidad y que se configuren bancadas en el Congreso unanimistas que impidan se produzcan las transformaciones que requiere la corporación
El país perdió una histórica oportunidad de producir una reglamentación al mercado de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) que favorecería a los usuarios, promovería la libre competencia, democratizaría el uso del espectro radioeléctrico y sentaría un precedente sobre las tendencias monopolísticas de los mercados en Colombia.
Son los sectores sociales, desplegados en las regiones, quienes han desarrollado sus luchas y han construido sus proyectos y planes de vida en medio de los más adversos escenarios de confrontación y persecución. Y es allí, en la sociedad, donde reside la fuerza creadora que podrá empujar un proceso exitoso de solución política.
