Pequeños demonios: el trasnochado debate sobre el castigo de adolescentes

¿realmente estamos presenciando un incremento significativo en la participación de adolescentes en delitos? ¿se están dando procesos de cambio en el país que podrían generar algunas hipótesis para explicar este cambio, sea o no parte de una transformación en la percepción ciudadana o en las dinámicas de criminalidad? ¿o tal vez el debate está relacionado con los procesos electorales parlamentarios y presidenciales?

Para volver a sembrar: ¿qué pasó con la paz y la violencia en 2016?

Uno de los aspectos de mayor relevancia que destaca el informe es la importancia de la información para el posconflicto en dos niveles: por una parte, la necesidades de generar análisis prospectivos que le permitan al país generar respuestas preventivas a formas de violencia que sean consecuencia posible en el proceso de desmovilización e implementación de los acuerdos de paz. Por otra parte, resalta la importancia de pensar el problema de la violencia que afecta a los ciudadanos en clave de salud pública, por lo que apuesta por un país libre de violencia.

Por la defensa del sistema: autoritarismos en el gobierno del transporte “público” y la movilidad en Bogotá

Independientemente del debate financiero, urbanístico y de planeación (incluso de seguridad) que merecen estos episodios, he pretendido resaltar cómo la Administración asume un discurso político de odio, segregación y obediencia de la ley. Hay ciudadanos buenos y malos: los malos se cuelan en el sistema, son vándalos, capaces de matar y, sobre todas las cosas, no aceptan pagar por usar el Transmilenio.

Llover sobre lo mojado: la demanda de prisión luego de la experiencia de la Ley de Justicia y Paz

En el marco de la justicia transicional, la pena debe cumplir, antes que nada, unos fines restaurativos frente a las víctimas, y otros orientados a la reincorporación a la comunidad. Sin embargo, una lectura de la experiencia de resocialización de los postulados de Justicia y Paz mostró la incapacidad de generar escenarios materiales de restauración y condiciones óptimas para la reconstrucción del tejido social y comunitario con víctimas y comunidades, así como una respuesta inoportuna en términos de tratamiento penitenciario.