En los últimos meses, el tema de la corrupción ha llamado de manera espectacular la atención de los colombianos, al punto de llegar al primer plano de la agenda mediática y política del país. Una conjunción de varios factores importantes permite explicar esto, en particular la refrendación del acuerdo de paz del Teatro Colón –que puso fin a la secuencia incierta que provocó el resultado del plebiscito–, el aterrizaje del caso Odebrecht en Colombia y sus continúas revelaciones de corrupción, y el lanzamiento de precandidaturas presidenciales que hacen de la lucha contra la corrupción el eje central de su plataforma política.

No pasa un día sin que salgan nuevas noticias al respecto en los medios de comunicación, que se publiquen análisis afirmando que la lucha contra la corrupción será el tema principal de la campaña del 2018, y que pesos pesados de la política y altos funcionarios declaren su compromiso en esta lucha. Si bien es totalmente legítimo que este tema sea considerado como prioritario en un país con tan altos niveles de corrupción como Colombia, llama la atención el momento y la forma en que este toma fuerza, sobre todo si se tiene en cuenta la manera como parece relegar a un segundo plano el tema de la implementación del acuerdo de paz, que apenas está arrancando.

Las dificultades de la implementación

Desde que empezó el año, se redujo el interés y la importancia del proceso de paz. Lo que suena bastante paradójico pues, si bien la fase de negociaciones fue larga y compleja, se trató únicamente de la “introducción” del proceso, y lo que viene ahora es la parte concreta y la más difícil, que requiere de mucha voluntad política y de un amplio apoyo por parte de la ciudadanía. De hecho, ya son numerosas las dificultades relacionadas con la implementación que se pueden observar o anticipar. Las primeras se encuentran en el seno del Congreso mismo, con el trámite de los proyectos de ley y de reforma constitucional necesarios para volver realidad el contenido del acuerdo de paz. A pesar del procedimiento del fast track, los debates están demasiado demorados y cada vez más se evidencia en estos las pretensiones de cambiar lo acordado en La Habana. A esto se le suma la pérdida creciente de apoyo al gobierno, y el estallido de la ilusoria “Unidad Nacional”, ilustrado por el papel oscuro de Cambio Radical.

Por el lado del Gobierno, diferentes hechos dejan pensar que existe una falta de seriedad y de coherencia a la hora de asumir los compromisos que le corresponden en el marco de la implementación. No se trata solamente de las graves deficiencias en la adecuación de las zonas veredales, sino también de la fragmentación y de las contradicciones de la acción gubernamental; de la subestimación del presupuesto para aterrizar el “posconflicto”; de la incoherencia de fortalecer la erradicación forzosa de coca mientras el acuerdo de paz contempla programas de sustitución voluntaria; o de la salida programada del gabinete de varios ministros claves que van detrás de sus aspiraciones políticas personales.

Otra dificultad mayor tiene que ver con la campaña para las elecciones del 2018, que parece ya haber arrancado, pues esta perfila un escenario propicio, no solamente a una arremetida uribista en contra del proceso de paz –que es una constante–, sino también a las críticas interesadas de otros sectores políticos que aprovecharán cualquier tropiezo en la implementación de la paz para diferenciarse del Gobierno y sacar rédito electoral. No sobra indicar que la victoria de un candidato presidencial que no esté plenamente comprometido a seguir la implementación del acuerdo de paz sería una verdadera catástrofe. Paralelamente, son motivos de preocupación las constantes actuaciones para debilitar el alcance del acuerdo por parte del Fiscal General, como también por parte de un sector de las Fuerzas Militares en cuanto al tema fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El proceso de paz es mucho más que la desmovilización de las Farc

Estas dificultades y el interés decreciente por el proceso de paz hacen pensar que para el establecimiento, e incluso para una parte de la oposición de centro-izquierda, lo más importante del proceso era sellar un acuerdo que llevaría a la desmovilización de la guerrilla, es decir lograr el fin de las FARC. Lo demás siendo secundario o hasta facultativo. Dicho de otra manera, hubo un amplio consenso, aunque relativo, para que las negociaciones de La Habana llegasen a buen término, que se refrende el acuerdo y que los guerrilleros se concentren en las zonas establecidas, pero no sobre el contenido propio del acuerdo de paz y su implementación. De ahí que para una proporción importante de los sectores que llamaron a votar Sí al plebiscito, el proceso de paz parece ser ya parte del pasado y ahora es el tiempo de priorizar otros temas.

Esta visión, que corresponde a lo que podríamos llamar una “paz negativa”, es muy problemática pues, al concentrarse únicamente sobre la desmovilización de la guerrilla, deja de lado la mayor parte del acuerdo de paz, que necesitó de varios años para elaborarse y que, sobre todo, constituye su aporte principal. En efecto, la desmovilización de las FARC en sí misma tiene un alcance limitado. Es el proceso en su conjunto, con todas las medidas que trae y que “justifican” precisamente la desmovilización, lo que es trascendental y lo que representa un beneficio decisivo para la sociedad. En otras palabras, no hay que perder de vista que el proceso de paz tiene un fuerte potencial transformador y que su correcta implementación significaría grandes avances democráticos para el país. Así las cosas, es preciso insistir en la importancia de defender una “paz positiva”, basada en su relevancia contundente y en sus efectos prolongados.

La corrupción y el conflicto armado

Es evidente que si el tema de la corrupción ha llegado a ocupar el lugar principal de la agenda político-mediática, es porque se considera que ha alcanzado niveles intolerables. Sin embargo, preocupa la falta de reflexión sobre el porqué de tanta corrupción y su génesis, y la manera como ésta se presenta desconectada del conflicto armado. No se puede ignorar que la fuerza y la generalización de la corrupción en Colombia están en gran medida relacionadas con la existencia prolongada de un conflicto armado interno, y que es en este escenario que la corrupción se ha manifestado de la manera más repugnante.

Por ejemplo, llama la atención el hecho de que la prolongada y sistemática colaboración de importantes sectores de la sociedad con el paramilitarismo nunca haya sido considerada como un escándalo nacional de corrupción, como sí parece serlo el caso Odebrecht. En efecto, es permitido pensar que el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, de la clase política, de los ganaderos, del mundo empresarial, entre otros, a grupos paramilitares que han impuesto su ley en los territorios a punta de terror, es mucho más grave que los sobornos de una empresa a algunos políticos y funcionarios. Igualmente, el fenómeno de los “falsos positivos”, que significa la ejecución extrajudicial de miles de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, representa tal vez el episodio con los peores niveles de corrupción y de degradación ética en la historia del Estado colombiano, pero sigue siendo considerado por una buena parte de la sociedad como algo casi anecdótico cuya responsabilidad sólo involucra a unas “manzanas podridas”.

En este sentido, la implementación del acuerdo de paz constituye una herramienta decisiva para combatir la corrupción, no sólo porque permite poner fin al capítulo principal del conflicto armado, sino también porque contiene medidas que pueden afectar, directa o indirectamente, este fenómeno. Por ejemplo, el acuerdo incluye disposiciones para asegurar una mejor integración de los territorios aislados, de las zonas periféricas y de las regiones apartadas, como también una mejor inclusión social, en particular de las poblaciones rurales. Igualmente, abarca resoluciones para llevar a una necesaria profundización de la democracia nacional, como ampliar la participación política, lo que conllevaría una mejor veeduría por parte de la ciudadanía, y una serie de reformas políticas, incluyendo un funcionamiento más “sano” de los partidos políticos. Además, contiene garantías de lucha contra las “organizaciones criminales denominadas como sucesoras del paramilitarismo”, que son una de las principales fuentes de corrupción en los territorios.

La lucha contra la corrupción y la campaña del 2018

Es evidente que cualquier cambio profundo del país pasa por una lucha contra los altísimos niveles de corrupción. Sin embargo, cuando la lucha contra la corrupción es erigida como bandera principal de la agenda política nacional, es necesario preguntarse qué intereses existen detrás de esto, cuáles son el perfil y las intenciones de las figuras que alzan esta bandera, y si es legítimo que se vuelva la prioridad absoluta del momento. Lo que requiere no enfocarse únicamente en la coyuntura y los escándalos inmediatos, para poder tener una perspectiva más amplia, profunda y crítica.

Lo primero que hay que señalar es que la corrupción es un fenómeno universal, que siempre ha existido, y que no se puede erradicar de manera total. Por lo tanto, luchar contra ella de manera realmente eficaz requiere un esfuerzo inmenso y muy prolongado en el tiempo. La corrupción en Colombia no es simplemente política y/o financiera, no es una deficiencia del sistema, es por el contrario un fenómeno global y generalizado, que está arraigado en el sistema. En consecuencia, no se puede confiar ciegamente en los políticos que prometen asumir esta lucha contra la corrupción, sobre todo cuando provienen del establecimiento.

Algo que llama particularmente la atención de la “cruzada” actual contra la corrupción, que se perfila como el eje temático principal de la campaña electoral del próximo año, es la diversidad de los personajes y de las fuerzas políticas que se reclaman de ella, lo que constituye en sí mismo un motivo de desconfianza. Entre ellos, está Alvaro Uribe, el mismo que tiene a una cantidad infinita de sus colaboradores en la cárcel o con líos judiciales pendientes y que sigue investigado por su cercanía con el paramilitarismo. También está Germán Vargas Lleras, quien no ha tenido ningún reparo para tejer alianzas regionales con parapolíticos para pavimentar su camino hacia la presidencia.

Pero esta bandera anticorrupción está alzada también, y ante todo, por figuras políticas que se encuentran en la otra orilla del espectro político, y que tienen sin duda mucho más legitimidad para hacerlo, como por ejemplo Jorge Robledo o Claudia López. Sin embargo, preocupa la manera como ellos parecen querer pasar la página del proceso de paz, e incluso imponer su futuro eje temático de campaña anticorrupción por encima de los debates relacionados con la implementación de la paz. Si bien no es muy sorprendente en el caso de Robledo, puesto que el movimiento del Moir, que él lidera, siempre ha manejado un discurso político voluntariamente desconectado del conflicto armado, es más extraño ver a Claudia López, quien ha investigado el paramilitarismo y apoyó de manera contundente el Sí al plebiscito, desinteresarse casi totalmente de la temática de la paz. En todo caso, hay mucho por criticar en la estrategia política actual de los dos y en la manera como quieren despojarse de todo apoyo a la implementación del acuerdo de paz.

No cabe duda de que la lucha contra la corrupción en Colombia debe ser considerada como una tarea primordial. Sin embargo, es motivo de preocupación el modo en que, en medio de la coyuntura marcada por el gran escándalo del caso Odebrecht, se pretende priorizar esta lucha en detrimento del proceso de paz que, con el inicio de la fase de implementación, entra en su momento más delicado y decisivo. La lucha contra la corrupción debe ser respalda pero sin desconectarla del tema de la paz, puesto que hay una relación estrecha entre ambos, y sin afectar la prioridad absoluta de una implementación completa del acuerdo de paz, que pueda cumplir sus promesas transformadoras y democratizadoras. Si no, se corre el riesgo de que sea instrumentalizada, por oportunismo electoral, y que de manera contraproductiva lleve a la presidencia a un Vargas Lleras o a un Iván Duque. Mientras tanto, una de las más terribles formas de corrupción en este país, y que es de cierto modo una “herencia” del conflicto armado, son los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y la escandalosa impunidad que los acompaña, que lamentablemente aún no parece ser una prioridad ni para el gobierno, ni para el Fiscal General, ni para los precandidatos presidenciales.