Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

Estas son las dos respuestas referidas que llegaron a mi chat (el mensaje de la denunciante puede consultarse aquí):

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La motivación de esta columna no es profundizar en el evento narrado, dado que desconozco si ha escalado a otro foro de discusión más allá de una red social, si se está tramitando por los conductos internos de la Facultad, o ha llegado a convertirse en denuncia penal y/o disciplinaria. Tampoco busco juzgar al director de la carrera en términos personales por las respuestas dadas en el intercambio de comentarios. Simplemente, me parece un ejemplo (muy triste, eso sí) para recordar que la violencia sexual, incluido el acoso, se encuentra presente en muchas de las estructuras de poder en las cuales transitamos diariamente -como lo es la universidad-, y que ante esto seguimos sin una respuesta institucional adecuada que comprenda que ésta constituye un problema de derechos humanos.

Es un error considerar que la falta de denuncia en casos de violencia sexual, incluido el acoso, es ser su cómplice. Organizaciones de mujeres han demostrado en múltiples estudios la existencia de condiciones estructurales que explican por qué no se denuncia: “la impunidad, la falta de voluntad política, lo arraigado de la violencia intrafamiliar, así como las prácticas de abuso y discriminación contra las mujeres” (Francoise Roth, 2011, pág. 32). Por ello, la relación entre falta de denuncia e impunidad que se hace en la respuesta a la publicación de la estudiante desconoce que la ecuación es diferente: son los procedimientos inadecuados para instaurar las denuncias formales, la presencia de conductas estereotipadas y actitudes machistas en las personas encargadas de tramitarlas, la presunción de que son mentiras (“chisme” se le llama en la respuesta), entre otros factores, los que influyen en la decisión de no denunciar o hacerlo por canales diferentes.

Un caso que se hizo público hace algunas semanas en la Universidad Javeriana evidencia algunos factores de los antes mencionados. Tras una tercera denuncia contra un estudiante por actos de violencia sexual en contra de compañeras de estudio: (i) el trámite interno de la sanción por tres eventos diferentes de violencia sexual, si bien terminó en su expulsión, tuvo como primera respuesta la imposición de matrícula condicional por los dos primeros; es decir, se le permitió seguir en la Universidad a pesar de dos episodios probados. (ii) La denuncia formal ante el sistema judicial hecha por la tercera víctima, luego de casi cuatro años, no ha arrojado ningún resultado; es más, según lo señala un artículo de prensa al respecto, uno de los investigadores del caso le aseguró a la víctima que es posible que el caso se archive por falta de pruebas. Y (iii) La desidia institucional para apoyar a esta víctima en el trámite penal es considerada por su abogado como una de las razones por las que es posible que el caso penal se cierre sin sanciones (El Espectador, 2017).

Es necesario contar con funcionarios públicos sensibilizados ante los rasgos que caracterizan la violencia sexual, la enorme impunidad que cubre este tipo de eventos y de quién es la responsabilidad que ésta exista. Culpar a las víctimas, cuando viene de un funcionario público que tiene competencia en la investigación de los hechos, es un claro ejemplo de cómo las estructuras de poder y subordinación son las que, precisamente, impiden que haya confianza en las denuncias y sus resultados. Esta culpabilización es peor cuando se hace en un foro público (como lo es un intercambio de comentarios en una red social), dado que genera una suerte de solidaridad con la figura de autoridad que emite dichas recriminaciones y amplifica el repertorio argumentativo contra la denunciante; en otras palabras, es un pésimo ejemplo de la forma en que un directivo debe acercarse a una denuncia de este tipo.

Al igual que en el caso de la Universidad Javeriana, la denuncia (sea por el medio que sea) no es la que afecta el buen nombre de la institución; es la falta de una respuesta sensible a las condiciones que rodean la violencia sexual y de protocolos que le den garantías a las víctimas para denunciar los hechos en condiciones de seguridad y protección. Esta falta es la que afecta su nombre e impide luchar adecuadamente contra prácticas que se encuentran normalizadas en muchas de las estructuras organizacionales que transitamos a diario.

Bibliografía

El Espectador. (2017, enero 27). La lucha de una estudiante de la Javeriana contra el abuso sexual en su universidad. Bogotá D.C., Colombia. Retrieved from http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vice/luchadeunaestudiantedejaverianacontraelabusosearticulo676981

Francoise Roth, T. G. (2011). El uso de datos cuantitativos para entender la violencia sexual relacionada con el conflicto armado colombiano: Retos y oportunidades. Bogotá D.C., Colombia: Benetech & Corporación Punto de Vista.