Hacer de las consultas populares una forma de ampliación de la participación y garantía del respeto de los derechos del pueblo, no se basa únicamente en un criterio procedimental según el cual “si lo dice la mayoría que votó, entonces es legítimo y hay que acatarlo”. Esto no quiere decir que los argumentos religiosos, científicos, o históricos de distinta índole no deban hacer parte del debate público, ni desconocer que nuestras ideas estarán siempre mediadas por lo que creemos, pero es necesario pensar en los límites y los alcances de los mecanismos de participación, cuando son usados para poner en juego derechos fundamentales.