Tras un trámite dilatado y tortuoso, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo que introduce en la Constitución Política el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, compuesto principalmente por la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo aprobado, entonces, fue el Sistema Integral; en consecuencia, los análisis que se hagan al respecto deben tener en cuenta esa integralidad.

Luego de la conciliación definitiva de textos entre Senado y Cámara, la Corte Constitucional debe pronunciarse; en seguida se expedirá la ley estatutaria que desarrolle el Sistema y su reglamentación por el Ejecutivo; y, después, los magistrados que integren la JEP, elaborarán las normas procesales que la rijan. Es decir, lejos de haberse consumado nada, aún quedan varios escenarios decisivos y fundamentales para el devenir del Sistema, en cuanto a lo estrictamente jurídico institucional.

Ahora bien, el éxito o el fracaso del SIVJRGNR nunca ha dependido, ni dependerá, de la buena voluntad o las concesiones altruistas que hagan las élites nacionales y dirigencias tradicionales –responsables principales de la victimización- a quienes precisamente se han opuesto a sus intereses: generalmente, víctimas y victimarios no tienen una relación armónica. El desleal trámite legislativo surtido en el Congreso de la República -aunque preocupante e indignante- era también previsible. Y, lejos de terminar, se irá acentuando. Lo sucedido con el SIVJRGNR se replicará en los otros puntos del Acuerdo, sin lugar a dudas.

Ahora bien, la práctica del derecho es un asunto dinámico y político; tanto en sí misma, mediante su interpretación transformadora, como en el ejercicio extra-jurídico de afirmación y reafirmación de derechos que las comunidades victimizadas y los sectores populares organizados ejerzan soberanamente. El SIVJRGNR, y la JEP en particular, van más allá del Congreso, la Constitución, las leyes y sus decretos; y de una lectura exegética y funcional a quienes interesa consolidar la impunidad: la práctica jurídica alternativa puede y debe ser creativa.

Compartimos el hecho evidente de que asistimos a una renegociación de lo pactado, en el que la cúpula militar y un sector empresarial vinculado a la criminalidad -visiblemente temerosos por su enorme responsabilidad en la victimización de la sociedad civil- pretenden, por medio de congresistas de su bolsillo igualmente comprometidos, desnaturalizar la esencia de lo acordado1; dos perspectivas evidencian ese afán común de garantizar la impunidad: el Tratamiento diferenciado para miembros de la Fuerza Pública y la Responsabilidad del Mando, tratándose de agentes estatales, y la Competencia sobre terceros, en lo referido a empresarios.

De entrada afirmaremos que ni lo uno ni lo otro ha sido logrado. Y al contrario: la mezquindad de esos sectores al no comprender el momento histórico de construcción de una paz estable y duradera y de reconciliación nacional, donde la justicia restaurativa, sustentada en la verdad y la reparación, es fundamental, puede terminar jugando en su contra.

En efecto, el proceder de la cúpula militar al rehuir sus responsabilidades personales e institucionales, amén de lo desfachatado, ha sido torpe: su exigencia de excluir de la literalidad del Acuerdo y del Acto Legislativo la mención expresa al Artículo 28 del Estatuto de Roma y la distorsión de las condiciones allí establecidas, en absoluto le impide al Tribunal de la JEP su aplicación. Así mismo, el intento de desvirtuar el espíritu del Acuerdo tampoco imposibilita que el Tribunal en el futuro mediato, o la Corte Constitucional en el futuro inmediato, reversen las normas regresivas que contrarían el Acuerdo y el Derecho Internacional.

En cambio, tal actitud autoincriminatoria ha llamado la atención de la comunidad internacional y de su Corte Penal: ¿cómo puede explicar el Estado de Colombia que la “banda terrorista” a la que combatió durante 50 años esté dispuesta a acatar la responsabilidad de su mando en la JEP en los términos del Derecho Internacional, pero sus Fuerzas Armadas, constitucionales y legales, incurran en todo tipo de artimañas, maromas leguleyas y artilugios tramposos buscando su inaplicación?

El evidente trato asimétrico que pretenden los militares para sí, en relación con la insurgencia –y que quedó establecido de esa manera en el Acto Legislativo y parcialmente en el Acuerdo-, puede terminar afectándolos negativamente: aún deben superar el examen de constitucionalidad de la Corte, la aplicación e interpretación que el Tribunal de la JEP haga, los Informes con que se faculta a las organizaciones de derechos humanos; y han quedado expuestos al ojo vigilante de la Corte Penal Internacional, como lo manifestó su Fiscal. Eso en cuanto a responsabilidades jurídicas individuales. En cuanto a la responsabilidad del Estado, por el presumible incumplimiento futuro de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantías judiciales y debido proceso, el costo político puede ser aún mayor. En ese sentido, lejos de resignarnos a que quedó garantizada la impunidad del alto mando militar, debemos explorar las oportunidades que su proceder nos brinda en este contexto.

Por otra parte, en lo relativo a la competencia sobre terceros, discrepamos de la afirmación fatal de que la JEP perdió definitivamente competencia para investigar y juzgar las conductas relativas a la financiación. En efecto, el punto 32 del Acuerdo establece claramente: “También serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del conflicto, que no sean resultado de coacciones”. El artículo 16 del Acto Legislativo, relativo a la competencia, omitió finalmente hacer mención a la financiación2. Sin embargo, el hecho de no incluir explícitamente tal conducta, no debe llevarnos a concluir que inevitablemente quedó excluida del conocimiento de la JEP.

El Acuerdo de Paz no es una guía de consejos y buenas prácticas, ni un manual de recomendaciones, sino -según su propio texto- un Tratado Internacional en los términos del Artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra, con fuerza vinculante autónoma y de jerarquía, al menos constitucional, e inclusive supra-constitucional. De manera que no habría razón para que los Magistrados del Tribunal necesariamente inaplicaran el punto 32 del Acuerdo, porque no fue transcrito en su integridad en el artículo 16 del Acto Legislativo: eso dependerá del pronunciamiento de la Corte, de la independencia del Tribunal, de la manera en que se presenten los Informes de los que trata el punto 48 del Acuerdo y de la fortaleza política que tengan las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado para exigir y hacer cumplir lo acordado. Esto es válido tanto en lo relativo a la competencia sobre terceros, como para cualquier disposición legislativa interna que contraríe el Acuerdo o las normas y estándares en materia de derecho internacional.

Aunado a ello, en tanto Sistema Integral, el escenario de la Comisión de la Verdad será también fundamental para revelar la responsabilidad de agentes estatales y empresariales, así ello no implique necesariamente una sanción punitiva individual: el develamiento de la verdad es incluso más importante que el castigo penal. Y en un contexto de reconciliación nacional, la CEV juega un papel tan relevante como la JEP; en algunos escenarios seguimos aferrándonos a un modelo tradicional de “justicia” retributiva, que ha demostrado su absoluta ineficacia para materializar los fines que supuestamente busca; el momento histórico que vivimos es otro.

Sin lugar a dudas, atravesamos una grave crisis por los inaceptables incumplimientos en que han incurrido todas las ramas del poder público en la implementación del Acuerdo: los jueces no aplican las amnistías e indultos y los guerrilleros y guerrilleras continúan en las cárceles; el Ejecutivo muestra mínimos avances en la adecuación de las zonas veredales, manteniendo en una situación de grave precariedad a la guerrilla allí concentrada; líderes y lideresas siguen siendo asesinados sistemáticamente sin que haya respuesta institucional alguna; y el Congreso, como quedó expuesto, desvirtúa, distorsiona y trasgrede abiertamente baluartes fundamentales de lo acordado.

Tales incumplimientos buscan generar tensiones al interior de la insurgencia, romper su cohesión y reventar el proceso, así como desincentivar el apoyo de la sociedad civil organizada a lo ya alcanzado. En ese contexto, debilitar aún más la JEP, tachándola como un escenario ilegítimo de impunidad estatal, además de injusto, no parece ser lo más pertinente, adecuado ni oportuno. Al contrario, el proceso debe ser rodeado, fortalecido y rescatado de quienes pretenden vituperarlo. El Acuerdo de Paz, para materializar su contenido, requiere de una ciudadanía organizada que lo defienda sin ambages, y valore, difunda e interiorice las oportunidades de transformaciones estructurales y profundas allí establecidas. Y que tanto esfuerzo, durante tantos años, de tantas personas y procesos, requirió para ser alcanzado.

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1Como antecedente de lo que se veía venir, el Congreso decidió “acumular” en un mismo Acto Legislativo, lo que eran dos cosas distintas: el SIVJRGNR, pactado en La Habana; con el compromiso unilateral asumido por el Gobierno Nacional para aplicar la JEP a agentes estatales. Se usó entonces el mecanismo del procedimiento abreviado -o fast track– para introducir aspectos ajenos al Acuerdo, en violación de los principios de bilateralidad y autenticidad de lo pactado.

2Consecuencia de una proposición de Cambio Radical en el Senado en la que se excluyó la descripción de tal conducta que traía el texto inicialmente aprobado en la Cámara de Representantes.