Gerardo de Francisco Mora

* Gerardo de Francisco Mora

Politólogo, filósofo y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Actualmente, investiga temas de teoría y filosofía política, en particular, se ocupa del análisis de las concepciones de Estado, soberanía y lo político, con el firme propósito de analizar las relaciones ético-políticas subyacentes en las relaciones sociales contemporáneas. Es socio fundador de Centro de Investigación social y Estudios críticos-CISEC e investigador titular del mismo

En general sería una gran locura esperar que aquellos que de hecho son los amos preferirán un interés distinto al suyo propio

Rousseau, Discurso sobre la Economía política

La corrupción es el tema de moda en la política colombiana. Además de los múltiples escándalos recientes, la corrupción se convirtió en el tema central de varias precandidaturas. La lucha anticorrupción es una bandera tan amplia que arropa a la mayoría de la clase política, y casi todos los partidos y candidatos están de acuerdo en la necesidad de atacar este problema. Este consenso, en apariencia esperanzador, presenta varios problemas que vale la pena analizar. En este texto me ocuparé de mostrar dos puntos que llaman la atención sobre los efectos políticos de este maravilloso consenso.

El primer punto intenta mostrar una paradoja que, aunque no es nueva, no deja de ser sorprendente. Esta paradoja consiste en afirmar que la clase política puede reformar los males del sistema político, en otras palabras, los políticos inmersos en las dinámicas de la corrupción son los encargados de crear los mecanismos sociales y políticos para combatirla. El segundo punto intenta mostrar cómo la lucha anticorrupción es una nueva etapa de un proceso continuo de despolitización, de suspensión de antagonismos y de debilitamiento del debate público y la acción política.

(I) Rousseau y los corruptos

Parece sorprendente la ingenuidad que rodea el debate público sobre la corrupción en Colombia. En términos generales, puede decirse que este debate parte de comprender las cosas al revés, pues la corrupción es entendida como la fuente de un malestar en el orden social. La violencia, la desigualdad y la inoperancia del Estado se entienden como efectos macabros producidos por el monstruo de la corrupción. Sin embargo, nada más alejado de la realidad; la corrupción es un síntoma, un rasgo propio de un sistema que no funciona.

Rousseau, a mediados del siglo XVIII, ya se había percatado de esta situación. Para él, la aparición de la corrupción en el gobierno era un signo de algo mucho más profundo, al señalar la decadencia de una forma de gobierno, el ocaso, si se quiere, de las instituciones políticas. Sin embargo, Rousseau no era ingenuo: a diferencia de nosotros, él reconocía que el síntoma no podía tratarse solo. Los abusos en los que incurre el gobierno, en beneficio propio, no pueden ser remediados por los gobernantes. Por lo tanto, es necesario curar la enfermedad que produce el síntoma, atacar la causa que origina la corrupción del poder político. Desde su perspectiva, la corrupción se origina cuando el orden social actúa en función de intereses particulares, cuando los asuntos privados logran acallar la voluntad general, cuando la vida pública se reduce y cuando los ciudadanos prefieren que los gobernantes se ocupen de dirigir, ellos solos, las fuerzas del Estado. No es descabellado pensar que algunos siglos después este escenario no haya cambiado mucho.

Así pues, retornando al problema central, es necesario preguntarse qué efectos políticos produce esta paradoja; en otras palabras, ¿realmente los políticos pueden resolver este problema, pueden combatir el mal del que tantos beneficios han sacado? Aunque no todos los políticos son iguales –incluso algunos pueden representar un desafío a las dinámicas tradicionales del poder– la respuesta tiene que ser negativa. No es posible que los políticos profesionales, expertos en articular intereses contrapuestos, puedan resolver este problema, aún más, la loable cruzada anticorrupción que se está gestando parece más una nueva forma de estabilizar un régimen político que se ha mostrado insuficiente para resolver los problemas políticos concretos que enfrentan los ciudadanos. Por lo tanto, no debería sorprender que toda la clase política quiera hacer parte de esta cruzada, no es una novedad que la extrema derecha y la izquierda más radical hoy se abracen para enfrentar el monstruo de la corrupción.

¿Cómo es posible que la lucha anticorrupción pueda tener un efecto tan negativo? Sería necio afirmar que esta lucha no tiene sentido y que puedan darse algunos cambios positivos en el funcionamiento del régimen político, pero no deja de ser preocupante que, a propósito de esta lucha, varios políticos tradicionales, que poco tienen de transformadores, resuciten y adquieran la legitimidad que habían perdido, no solo en la opinión pública sino en instancias jurídicas y disciplinarias, a propósito de la corrupción evidente del gobierno actual, muchos actores van a adquirir un segundo aire para actuar en el espacio electoral.

(II) La lucha anticorrupción y la despolitización

A partir de lo anterior, es momento de analizar el segundo efecto que puede producir la lucha anticorrupción. Esta gran bandera es un refinado mecanismo para reducir las distancias ideológicas entre la clase política y sacar del centro de la discusión los problemas políticos del país. En este contexto, las próximas elecciones, una vez más, hablarán sobre un tema diferente a los desafíos que enfrenta actualmente el Estado colombiano, quedará en segundo plano la discusión sobre la organización y funcionamiento del orden social, se perderán, en medio de la retórica anticorrupción, las distancias entre la derecha y la izquierda, la aparición de nuevos actores políticos y la discusión sobre los desafíos que implica el posconflicto.

La despolitización no es más que la muerte del ejercicio democrático, cuando no hay diferencias políticas, luchas por crear un nuevo orden social ni lugar para la alteridad, no hay posibilidad para la existencia de una democracia. Es claro que este proceso de despolitización no es nuevo y que, más bien, estamos presenciando una etapa tardía de este fenómeno, pero no deja de ser cierto que la lucha anticorrupción ensombrece la discusión sobre el acceso a nuevos derechos, la articulación (o disociación) entre los principios de igualdad y libertad y el papel del Estado en el funcionamiento de la economía y la sociedad.

Junto con esto, la lucha anticorrupción aparece como un límite, una frontera a la posibilidad misma de la imaginación política. Centrar el debate público en quién puede combatir mejor la corrupción limita el escenario de acción política a un espacio en el que los actores tradicionales se sienten cómodos. Así pues, este debate reducirá el espacio de los nuevos actores sociales que hacen propuestas nuevas y demandas que debe enfrentar una sociedad cambiante. Centrar la campaña electoral en los mecanismos o las acciones más útiles para reducir la corrupción sólo significa reducir la imaginación (y por ende, la acción) política a un espacio demasiado estrecho en el que la ciudadanía poco podrá decidir.

La bandera anticorrupción es tan amplia que todos caben allí, es momento de pensar con atención cómo es posible que políticos tan disímiles tengan tanto en común. ¿Será que estos grandes políticos poco tienen que ver con sus electores? ¿Será que estos grandes representantes solo se representan a ellos y a quienes los financian? Parece que sí, y por lo tanto, es necesario alejarse de las consignas vacías y centrar la mirada en los problemas verdaderamente políticos, aquellos que tienen que ver con los intereses colectivos, con las formas en que los individuos se agrupan o se disocian, con las luchas concretas por configurar un orden social.