Susana Romero

* Susana Romero

PhD en Historia de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Maestra en Historia y Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo investigativo y académico se centra en la historia del desarrollismo y la modernización en América Latina, tanto en áreas urbanas como rurales. Actualmente investiga sobre el papel de la construcción (particularmente vivienda) y el crédito como herramientas políticas del Estado colombiano a mediados del siglo XX.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmó a comienzos de marzo de este año el decreto que define el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZN), dándole vía libre a la urbanización del noroccidente de Bogotá. Dicho decreto sentó las bases para el desarrollo de “Lagos de Torca”, un macroproyecto urbano de 1.803 hectáreas, que combina vivienda de diferentes estratos en 370 hectáreas, zonas verdes y de protección ambiental, vías, áreas comerciales, servicios educativos, y otros equipamientos. La nueva urbanización sería “una ciudad dentro de la ciudad”.

El macroproyecto ha sido descrito por sus proponentes, desde el Secretario de Planeación del Distrito, Andrés Ortiz, hasta concejales y constructores, como un “experimento de urbanismo sostenible”. Más aún, Lagos de Torca supuestamente sería un proyecto revolucionario. La vasta urbanización, de acuerdo con la concejal Lucía Bastidas, va a “revolucionar el crecimiento urbano con una visión de sostenibilidad ambiental” y, según el mismo Peñalosa, constituiría una “revolución en el urbanismo colombiano”.

Los defensores del proyecto explican que la urbanización así hecha conduciría al crecimiento ordenado de la ciudad hacia el norte, protegiendo los humedales colindantes y convirtiéndolos en “parques ecológicos”. A la vez, con ello se garantiza la amplia disponibilidad de espacio público para los habitantes y se ofrecen vías de acceso en las que se privilegiaría el uso del transporte público y de las bicicletas. Adicionalmente, el proyecto se constituiría en un claro ejemplo de cómo la alianza entre los sectores público y privado para adelantar la urbanización de Bogotá—a través de la inversión privada en la tierra y la construcción de vivienda e infraestructura y la financiación estatal de subsidios, todo bajo la regulación del Distrito—favorecería a todos los ciudadanos a través del crecimiento sostenible de la ciudad.

Sin embargo, estas declaraciones dejan más interrogantes que respuestas sobre cómo es sostenible un proyecto masivo de urbanización. Empecemos por cuestionamientos simples. Por ejemplo podría preguntarse qué implica la creación de un “parque ecológico” en un humedal y de su conveniencia ambiental. Un parque ecológico ¿es un parque con “alamedas” (es decir amplios andenes de cemento) para que los visitantes puedan recorrerlo? ¿La protección de los humedales consiste en la creación de parques recreativos? ¿Es un proyecto “sostenible” porque se van a sembrar árboles, porque se van a emplear técnicas de construcción sostenible (como el uso de materiales reciclables), o porque se quiere estimular el uso de las bicicletas y del transporte público?

Por supuesto, hay cuestiones mucho más complejas. Además de las críticas de los ambientalistas, quienes han denunciado que el nuevo POZN amenaza la viabilidad de la Reserva Thomas Van der Hammen, la cual colinda con Lagos de Torca, y pone en peligro la fauna y flora propias de la Sabana que aún habitan esta amplia área de la ciudad, existen asuntos mucho más de fondo como, por ejemplo, qué tan “sostenible” es impulsar el crecimiento indefinido de la ciudad. El crecimiento de Bogotá, en cualquier dirección, implica presiones crecientes en el transporte, el uso del agua potable, sistemas de desechos y basuras pero, por sobre todo, la sostenida inversión de capitales en la construcción urbana, en detrimento del desarrollo de otras actividades, como la agricultura, que pueden ser fundamentales para la efectiva sostenibilidad de Bogotá en el largo plazo.

Los defensores de la expansión de Bogotá sostienen que es la única respuesta viable al crecimiento poblacional. A pesar de que el crecimiento de la ciudad se ha estabilizado alrededor del 2% anual—hacia mediados del siglo pasado, Bogotá llegó a crecer a tasas mayores del 5% anual en promedio—se prevé que para 2020 la población podría sobrepasar los 9 millones de personas. Esta presión poblacional, argumentan, junto con la escasez de predios urbanizables, hace que los precios de la vivienda sean muy altos, afectando a los sectores más vulnerables económicamente.

De hecho, UN-Habitat, la oficina de las Naciones Unidas que actúa como consultora de los gobiernos de países en desarrollo para la implementación de programas que lleven a la solución de los principales problemas urbanos, considera que la urbanización en estos países se incrementará a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, aunque las recomendaciones de UN-Habitat sobre cómo manejar el persistente aumento de la población urbana no son específicas, sí considera que la posibilidad de expandir territorialmente las ciudades ha llevado a un uso ineficiente del suelo. Por lo tanto, si hay expansión, ésta debe ser planeada y controlada, reduciendo los costos del transporte y densificando el uso del suelo. En últimas, de acuerdo con UN-Habitat, la urbanización, siguiendo criterios de planeación, regulación, e inclusión social y ambiental, puede ser sostenible.

Otras organizaciones internacionales encargadas de analizar problemas relacionados con el crecimiento urbano, la pobreza urbana, los efectos del cambio climático en las ciudades, la planeación y el urbanismo, también consideran que la adecuada intervención de las autoridades locales y nacionales, una conveniente regulación normativa sobre la expansión urbana, la implementación de principios de planeación y la articulación público-privada podrían conducir a la urbanización sostenible de ciudades que enfrentan una constante presión poblacional, especialmente en países en desarrollo.

No obstante, es necesario preguntarse si ciudades como Bogotá pueden crecer ad-infinitum. Es más, el crecimiento sostenido de los centros urbanos en países en desarrollo puede no ser un fenómeno universal, inevitable o irreversible.

La intensa urbanización de las ciudades colombianas es un fenómeno relativamente reciente: sólo a partir de la década de los años 40 del siglo pasado, el Estado colombiano consideró que era fundamental intervenir en el crecimiento urbano con el fin de mejorar las condiciones de vida de los recientes migrantes. Pero la intervención no consistió en controlar la migración proveniente de los campos, sino que, por el contrario, el Estado puso en funcionamiento mecanismos que facilitaban la urbanización de las principales ciudades.

Tal cual está sucediendo en 2017. El Estado colombiano, a través de la Ley 1469 de 2011 ha favorecido el desarrollo de proyectos como Lagos de Torca, haciendo que suelos cuyo uso no es urbano, sean fácilmente urbanizables. Bajo esta ley se construyó la controvertida urbanización Ciudad Verde en Soacha, cuyos efectos sociales y ambientales todavía están por verse. Pero no sólo eso. La política de favorecer la expansión territorial de la ciudad no es un invento contemporáneo. Bajo los preceptos del urbanismo moderno, el Estado intervino activamente en la urbanización de extensas áreas de la Sabana de Bogotá, en alianza con los grandes constructores y propietarios de tierras.

En un momento tan crítico en la historia del país, es necesario revaluar la creencia generalizada de que sólo las ciudades “traen progreso” y que la gente vive mejor en metrópolis cuyos problemas de transporte, ambientales, y de escasez de servicios son en muchas ocasiones inmanejables. Si se le espera dar una oportunidad al campo colombiano como eje de desarrollo económico y social, la construcción de macroproyectos en ciudades caóticas y desiguales como Bogotá posiblemente no son la respuesta adecuada de autoridades distritales, constructores y urbanistas a la problemática nacional. Con seguridad se puede decir, eso sí, que estos macroproyectos no son alternativas sostenibles y, mucho menos, revolucionarias.