Adolfo Franco

* Adolfo Franco

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal de la misma institución. Ha sido investigador en el Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -OSRPA y en la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, así como del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Investigador y analista en temas como justicia indígena, justicia penal y en general de la reacción institucional contra los fenómenos definidos como delictivos y los grupos organizados que los cometen, con especial interés en la criminalidad ambiental y los delitos de cuello blanco

Gaia, la Tierra viva, es vieja y no tan fuerte como hace dos mil millones de años. Se esfuerza por mantener el planeta lo bastante frío para sus millares de formas de vidas contra el implacable aumento del calor del sol. Pero para hacer su tarea todavía más difícil, una de esas formas de vida, los humanos, unos respondones animales tribales con sueños de conquista incluso de otros planetas, han tratado de utilizarla en su único y exclusivo beneficio

James Lovelock, La venganza de la Tierra (2006, p 211)

El 20 de abril de 2017, en la Comisión Primera del Senado, se llevó a cabo una Audiencia Pública que tuvo como objeto discutir los tres proyectos de ley que cursan en el Congreso mediante los que se pretende intensificar la lucha contra extracción ilícita de minerales1. La Comisión Primera quería escuchar a los Ministerios de Minas, de Defensa, de Medio ambiente, de Justicia y a la Agencia Nacional de Minería, para poder resolver qué hacer frente a tres iniciativas legislativas que apuntan a una misma cuestión: la cuestión criminal de la minería en Colombia2.

El tema no es fácil y, por lo mismo, se esperaría mayor concertación por parte del Estado, de modo que lo más probable que suceda es que persista el proyecto de ley del Gobierno Nacional (PL 169 de 2016 –Senado), al cual ya se acumuló uno de origen parlamentario (PL 111 de 2016 –Cámara), y quedaría otro –también de origen parlamentario- (PL 137 de 2016 –Senado) que se acumulará o será retirado por los autores, además porque ni siquiera ha tenido primer debate.

En resumen, las propuestas que se encuentran en los tres proyectos pueden recogerse en tres conjuntos: (i) medidas punitivas; (ii) medidas administrativas; y (iii) medidas policivas. El primer conjunto de medidas busca desde la creación del delito de ecocidio3.Dice literalmente el PL 111 de 2016 –Cámara: “El que con incumplimiento de la normatividad existente ocasione daño extenso, destrucción parcial o total, o la pérdida de uno o más ecosistemas de un territorio específico, con grave afectación para la población de modo que el usufructo pacifico de los habitantes de dicho territorio quede severamente afectado, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.], pasando por la criminalización de la exploración –y no solamente la explotación de minerales–, hasta el aumento de penas para que fiscales puedan solicitar medida de aseguramiento, como la privación preventiva de la libertad. El conjunto de medidas administrativas tienen que ver con reformas del derecho ambiental sancionatorio, algunas propuestas dirigidas a la prevención de un daño (o de un daño mayor) y reglas para la formalización de la minería de subsistencia. Por último, los proyectos de ley incorporan medidas policivas dirigidas a fortalecer las competencias de la Policía Nacional para incautar minerales extraídos sin una licencia minera que los justifique, pasando por la suspensión de la exploración o explotación sin licencia, hasta la posibilidad de destrucción de maquinaria pesada mediante un procedimiento 100% policivo.

Es interesante advertir que ninguna de las propuestas incluye medidas de reparación ambiental, esto es, obligaciones para los infractores de la ley ambiental o del derecho penal que violentaron el medio ambiente o sus recursos naturales, dirigidas a paliar el daño ocasionado. Por supuesto que no se espera que un proyecto de ley defina cada una de las situaciones respecto de las cuales pueda afectarse el ambiente, pues no es posible definir a priori las inimaginables maneras que el ser humano depreda su entorno ecosistémico. Sin embargo, personalmente, debo decir que esperaba más.

Esperaba ideas novedosas. Esperaba alternativas a las típicas salidas punitiva y policiva, pues el endurecimiento de penas y mayores poderes para la policía no han demostrado que reduzcan la criminalidad de ningún tipo. Esperaba algunas ideas de justicia restaurativa ambiental, como algún tipo de fondo al que se dirijan los dineros de las multas impuestas con una destinación específica para restaurar los ecosistemas; esperaba obligaciones específicas de reforestación; esperaba la apertura para un mayor involucramiento de la sociedad civil que resulta afectada por la extracción ilícita de minerales en los procesos administrativos y penales.

También esperaba un fortalecimiento del sector justicia: obligaciones al Consejo Superior de la Judicatura para aumentar el número de jueces; a la Fiscalía General de la Nación para que especialice su policía judicial; a la Procuraduría para que represente de manera efectiva los intereses de la Nación y acompañe las estimaciones del daño ambiental que causó la minería que no es permitida; y que las autoridades ambientales, como las Corporaciones Autónomas Regionales, estén obligadas a representar los intereses de las víctimas, de los ecosistemas, y exija en los procesos que las personas procesadas hagan algo para reparar el daño.

Pese a que los proyectos de ley pretenden regular algunos aspectos de la cuestión criminal de la minería en Colombia, la revisión de la exposición de motivos de estos3 permite entrever que los legisladores se inclinan por la defensa de la seguridad nacional por sobre la defensa del medio ambiente y sus recursos naturales, a pesar de que es el bien jurídico tutelado reconocido en el Código penal que guarda más relación con el delito de extracción ilícita de minerales.

Estoy convencido de que esta posición, que aborda la cuestión criminal de la minería como un tema que amenaza más la seguridad nacional, en tanto que es una de las formas mediante las cuales organizaciones subversivas y grupos armados organizados se lucran (bien sea porque participan en la cadena de valor del mineral, o porque extorsionan a los mineros), es la razón por la que imaginación estatal sigue cautiva por el punitivismo, manteniendo una rigidez innecesaria pero populista de mano dura de la que auguro pocos, sino nulos resultados medioambientales. Y mientras esto sucede, Gaia, la Tierra viva, sigue con su difícil y obstaculizada labor.

  1. Sí, tres proyectos de ley: (i) el No. 169 de 2016 -Senado “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la explotación ilícita de yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones”, (ii) el Proyecto de Ley No. 111 de 2016 -Cámara “Por medio de la cual se adoptan medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la extracción ilícita de minerales”, y (iii) el No. 137 de 2016 -Senado “Por medio del cual se establecen mecanismos efectivos para evitar la explotación ilícita de yacimientos mineros y/o (sic)otros materiales y se dictan otras disposiciones.”
  2. La expresión “cuestión criminal” emerge en los debates críticos de la criminología de la década de 1980, con el objeto de recoger semánticamente –en una expresión- todo aquello que rodea, simboliza, se interrelaciona y desencadena el comportamiento definido como delictivo. Para Massimo Sozzo, criminólogo argentino, “pensar en términos de ´cuestión criminal´ significa que la criminalidad no es imaginada como independiente de los procesos sociales e institucionales que la definen y tratan como tal.” Pintando con números. Fuentes estadísticas de conocimiento y gobierno de la cuestión criminal, en: Sozzo, M. Inseguridad, prevención y policía. FLACSO, 2008, p 25. De modo que pensar en términos de la “cuestión criminal de la minería” nos pone en consideración aspectos que desbordan la mera definición en una ley de cuál es la minería ilícita y cuál no, por ejemplo los impactos y las medidas dirigidas a repararlos, la capacidad institucional del Estado para perseguir y sancionar efectivamente la minería ilícita, o la capacidad de los operadores de justicia para distinguir cuando está frente a un minero de subsistencia o un minero empleado por un grupo armado organizado.
  3. Disponibles en línea: PL 169 de 2016 –Senado http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=169&p_consec=46311 ; PL 111 de 2016 –Cámara http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=111&p_consec=45615 ; PL 137 de 2016 –Senado http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=137&p_consec=45867