Matthieu de Nanteuil

* Matthieu de Nanteuil

Profesor de Sociología de la Universidad de Lovaina desde 2001 (LSM & FOPES), director del Centro de Investigación Interdisciplinaria Democracia, Instituciones y Subjetividad (www.uclovain.be/cridis), miembro asociado del Chaire Hoover for Economic and Social Ethics (UCL) y del Grupo de Investigación en Teorías Políticas Contemporáneas (TEOPOCO) de la Universidad Nacional de Colombia. Co-fundador de la red ColPaz (www.colpaz.org) y de la plataforma trilingüe de información sobre la situación humanitaria y armada en Colombia. Profesor invitado de la Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia (Enero-Junio 2010) y creador de un blog para la sección en francés de Amnesty International-Bélgica (http://amnestyinternational.be/blog/blog-a-matthieu). Sus investigaciones examinan las relaciones entre a) trabajo y justicia social y b) violencia y modernidad, e intentan construir los fundamentos de una antropología crítica del liberalismo económico y político, a través de una comparación entre Europa y América Latina. De enero a junio de 2010 fue invitado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene contacto periódico con la Universidad de Chile

La idea de “renta universal” – llamada a veces “subsidio universal” o “renta básica” – no es tan reciente como se lo supone a menudo. Aparecida a finales del siglo XVIII, discutida regularmente durante el siglo XX, está desde hace más de un decenio en el corazón de una interrogación fundamental por el futuro de las políticas sociales, interrogación que trasciende las divisiones partidarias. Su popularidad actual es inseparable de un contexto marcado por una triple evolución: la crisis de financiamiento de los Estados providencia; las mutaciones del trabajo; y la necesidad de valorizar actividades distintas a las asalariadas.

La solidaridad heredada de la posguerra exigía un crecimiento constante de las actividades mercantiles, lo que permitía generar los recursos necesarios para una redistribución generalizada. Ha sido una paradoja terrible para las izquierdas europeas querer “arreglar una sociedad” con la legitimidad indiscutible del mercado y con el fomento de un productivismo desenfrenado. Además, este enfoque suponía una lectura muy estandarizada de los riesgos con respecto al trabajo. Subestimaba la magnitud de varios retos sistémicos –crecimiento del número de trabajadores pobres, agotamiento profesional, finitud de los recursos, crisis de sentido…– y, lógicamente, no buscaba aplicar políticas preventivas. Por último, el modelo social que heredemos se apoya en una construcción extremadamente frágil: buena parte de los derechos sociales esenciales es reservada a los que tienen acceso a un empleo asalariado, sobre todo si es a tiempo completo y de duración indeterminada. Esta situación tiene por efecto atizar la competencia a la entrada del mercado del trabajo y desvalorizar las demás actividades sociales, fuentes potenciales de florecimiento personal y de buen vivir.

El hecho de definir un ingreso individualizado e incondicional apunta entonces a salir de las trampas heredadas de nuestras sociedades asalariadas y productivistas. En lugar de intentar vaciar un barco que filtra agua por todos lados, se trata de derrocar el modo de razonar tradicional, desconectando el derecho a una renta de la contribución mercantil. Esto es para proporcionar a todos un “ingreso mínimo”, garante de esta dignidad social que hace de nosotros los sujetos de una comunidad política.

¿Se trataría por ello de una receta milagrosa? No, porque esta medida sola no puede atacar de raíz las injusticias sociales en las sociedades contemporáneas. Para comprenderlo, es suficiente observar la versión neoliberal de la renta universal, que la vincula a la desregulación del mercado. Esto a riesgo de poner en peligro decenios de conquistas sociales que han buscado hacer del trabajo un lugar de relaciones más equilibradas –pero nunca ideales– entre asalariados y empleadores. A riesgo también de estar ciego frente a las destrucciones ecológicas que tal orientación implica, por su fortalecimiento de la mercantilización de nuestra relación a la naturaleza. Para las izquierdas europeas, el reto de una solidaridad renovada consiste entonces en vincular la consolidación de las políticas sociales y del derecho a una renta con una política del trabajo que apunta a la vez a la emancipación de las personas y a la valorización de los ecosistemas. ¿Cómo? De dos maneras:

La primera batalla es eminentemente cultural. De la flexibilidad a la digitalización generalizada, las mutaciones recientes han abolido la idea de que es posible juzgar normativamente el trabajo. Como un tartamudeo constante, nuestras sociedades parecen no tener sino el “mérito individual” para evaluar lo que es socialmente justo. Sin embargo, muy a menudo, este criterio sirve más para arbitrar luchas de poder que para valorizar la contribución de los asalariados. Esto es tanto más importante porque los asalariados tienen otros valores para defender, que dan un sentido profundo a su actividad. Trabajo decente, trabajo digno, trabajo sostenible… Se ha vuelto esencial elevar la idea de que las transformaciones a las cuales asistimos deben acompañarse de una capacidad de juicio con respecto al trabajo que queremos. Si no, no debemos sorprendernos de que sectores enteros de la mano de obra –y no solamente entre los menos calificados– inflen la derecha extrema. Cuando trabajo se asocia con desposesión, cuando los valores de cumplimiento profesional se enfrentan constantemente al muro del capitalismo de mercado, el no-sentido entra en la vida cotidiana y nutre el resentimiento. La reflexión indispensable sobre el derecho a la renta no puede ocultar la importancia de una reflexión sobre el sentido del trabajo.

La segunda batalla es más directamente política. En una época de innovaciones constantes, en sociedades cada vez más abiertas, la explotación ha tomado nuevas formas. Lejos de oponer exclusivamente “patrones” y “obreros”, se realiza a través de cadenas de valores mundializadas, separa móviles e inmóviles, ordenantes y subcontratistas, actores económicos del norte y del sur, etc. Sobre todo, la explotación va de la mano con tensiones internas de la vida profesional que, al no tomarse seriamente, producen sumisión silenciosa, decisiones unilaterales, obstaculizan el desarrollo de capacidades, desprecio… Estamos lejos del tiempo en que podíamos responder a esta situación por unas recetas simplistas y falsamente universales. Es a la escala de los sectores y de los territorios que estas cuestiones deben ser tratadas ahora, complementadas por un derecho al trabajo fortalecido en beneficio de los más vulnerables. Paralelamente, la relación de la economía productiva con los eco-sistemas debe ser enteramente repensada. La transición hacia una economía sostenible no es solamente una urgencia agonística con miras a la sobrevivencia de la especie. Se ha vuelto parte de un nuevo paradigma de justicia social, dado que el modelo de mercado privilegia los intereses de unos y destruye, para el resto de la humanidad, las bases ecológicas que son necesarias para una vida completa. La renta universal puede ser una dimensión clave de este nuevo paradigma, a condición de que no sea concebida como un simple mal menor que busca contener los efectos más nocivos de la automatización, de la descualificación y del productivismo.

Estas son las condiciones que permiten reflexionar sobre una nueva solidaridad en el siglo XXI. Esto supone una movilización de todos los actores, en particular de los agentes sociales, para construir nuevas protecciones sociales que ataquen de raíz la injusticia. Ahora, cuando la inteligencia fascinante de la economía numérica está vinculada a desigualdades profundas a escala mundial, los responsables políticos no podrán eludir indefinidamente esta cuestión. En las inminentes elecciones presidenciales en Francia, el programa de Benoît Hamon del Partido Socialista presenta la cualidad indiscutible de haber puesto este desafío en el centro del debate público.