El problema de la propiedad de la tierra en Colombia ha estado articulado a la construcción de la nación en el país. Este hecho hace referencia a que la tenencia de la tierra ha estructurado imaginarios y constituído órdenes sociales que han orientado el sentido político de las mayorías. Con ello, se han orientado las condiciones sobre las cuales se incluye o excluye a los ciudadanos en el derecho de participación de la vida pública.

La construcción de la nación implica una situación conflictiva, en la que participan diversos actores por configurar el escenario de lo político. Construir la nación es, de hecho, una disputa entre los diversos proyectos de nación que existen en determinados momentos de la historia. En otras palabras, construir la nación implica una lucha por la construcción de hegemonía (Cruz, 2012). Esta construcción de hegemonía, ahora bien, está atravesada por una serie de acciones que recrean el espacio de lo político. De acuerdo con Edwin Cruz, estas luchas por la hegemonía implican situaciones relacionales en las que el poder expresa relaciones de antagonismos y articulaciones. En ellas se confrontan una serie de imaginarios que son producidos por los actores del litigio, situados desde determinadas identidades y posiciones que expresan correlaciones de fuerza.

Históricamente, la forma en que se han configurado estas relaciones de poder tiende a crear un adentro y un afuera de la nación: se excluye o limita la capacidad de las mayorías en la definición de los proyectos nacionales, que son prioritariamente producidos por élites, y se dejan de tener en cuenta otros lugares, donde existen actores que también crean y piensan la nación. Esto está estréchamente vinculado con el hecho de que hay un solo lugar desde donde se produce lo político, y esto crea márgenes de la nación por fuera de los cuales aparece un conflicto entre el imaginario nacional oficial y un imaginario que es invisibilizado o que no tiene posibilidad de aparecer.

En Colombia, el problema de la tierra se articula de manera fundamental con el de la construcción de la nación. Por eso, en estos tiempos, definir qué pasa con la tierra es definitivo para construir una salida a una situación política histórica de más de sesenta años, en donde la nación es la representación de los privilegios de unos pocos. El conflicto por la tierra ha estado ligado proporcionalmente a la precariedad democrática (Sanín, 2015) en el país y la posibilidad de constituir un orden garante de los derechos de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas sobre el acceso a la tierra. En ese sentido, las decisiones sobre la tierra son un punto de partida para separar la violencia de la política y avanzar hacia la creación de un orden democrático en el país.

Un reparto equitativo de la tierra tiene la potencialidad de dar espacio a la posibilidad de pensar formas de organización del territorio más situadas y acordes a la realidad de muchas regiones del país. Estas nuevas formas deben incluir a las poblaciones campesinas e indígenas y deben tener la capacidad de superar las lógicas de poder hacendario, terrateniente y patronal, bajo las cuales se han legitimado formas de poder clientelares sustentadas sobre la violencia y el despojo y en contra de la democracia.

Los acuerdos de paz avanzan en el reconocimiento de la urgencia de este tema, y por eso son tan espinosos para los grandes propietarios. Este es el caso de los intereses de sectores articulados al proyecto uribista y de sectores agroindustriales. Estos últimos tienen, en primer lugar, el objetivo de fomentar la apropiación privada del campo para un modelo de desarrollo orientado a los intereses del capital transnacional y en segundo lugar, generar rentas provenientes de la especulación de la tierra; objetivos que han ejercido históricamente quienes concentran la mayor parte de las tierras productivas1 Cabe resaltar, además de la firma y negociación de acuerdos con dos actores fundamentales para el conflicto por la tierra, las FARC y el ELN; la existencia de otros actores que han sido expresión de una intención de resignificar la nación desde la lucha por la tierra, un ejemplo claro son los paros agrarios que surgieron desde el año 2013 y que sentaron un precedente de exigencias sobre la tierra. Principalmente, porque articularon identidades y movilizaron voluntades que a la vez que evidenciaban el problema y, formularon una propuesta política sobre la construcción de un proyecto nacional distinto.

En contravía, y en el marco del posacuerdo, “La Nación” oficial se niega a perder su hegemonía y, frente al problema de la tierra, avanza en propuestas como la Ley de ZIDRES, la propuesta de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, y la ley de víctimas y restitución de tierras y sus respectivos decretos que reconocen los derechos de comunidades afros y pueblos indígenas. En ellas se conjugan tanto la reticencia de los poderes tradicionales a perder sus grandes propiedades como las nuevas formas de violencia y de despojo a las que asistimos en el presente. Este tipo de iniciativas fomentan la violencia producida por la distribución desigual de la tierra, el acceso a la propiedad, los proyectos de desarrollo agrario, los usos del suelo, el ordenamiento territorial y también el poder de quienes deciden y ejecutan sobre esas problemáticas. Estos proyectos nacionales siguen pasando por las decisiones y transformaciones institucionales que se dan desde el Estado-nación, y que se tienden a radicar desde una perspectiva jurídica; estos tratan de saldarse en una decisión de consensos sobre la base de una correlación de fuerzas desigual, sobre todo porque propuestas como las ZIDRES y el borrador presentado por la agencia nacional de tierras, y los cambios que sufran los acuerdos, ofrecen más garantías para los inversionistas y propietarios privados. Ejemplos de esto son el derecho sobre baldíos adjudicados ilegalmente, o la apropiación territorial por medio de las nuevas formas de contratos y acceso a la propiedad de Unidades Familiares Agrícolas (UAF), antes que transformaciones reales que favorezcan a los sectores rurales.

Las disputas que se encuentran en estas leyes tienen que ver con las mismas garantías que ofrece el sistema político actual para generar la desconcentración de la tierra, el modelo de desarrollo, la organización del territorio, la distribución de baldíos y el reconocimiento de los derechos de campesinos, pueblos indígenas y afros. Tener garantías reales implicaría ir al corazón del mismo sistema político para redefinirlo más democráticamente. Allí, entre muchas otras cosas, se involucraría el reconocimiento de los otros imaginarios que siguen ausentes en esas propuestas, es decir, los construidos por los actores ausentes, los que no son propietarios de la tierra.

Para abrir esta posibilidad hay que volver sobre las dinámicas de resistencia y de movilización en Colombia: Una de las características de las movilizaciones y protestas en los últimos años es que si bien son una expresión contra la imposición del modelo neoliberal, sus expresiones políticas y democráticas abren otros significados. En ese sentido, aunque los imaginarios se encuentran en disputas, la coyuntura, como se mencionó anteriormente, puede abrir una posibilidad de desbloquear la capacidad de comunicación de los actores y de sus imaginarios hacia la mayoría de la sociedad. Esto implicaría una apertura en el sistema político, garantías del derecho a la protesta social y dejar de generar políticas que mantengan un fuerte sentido penalista sobre lo que sucede en los márgenes del orden actual, como el Chocó o La Guajira.

Si el reto que abren los procesos de paz en el país es la posibilidad de democratizar la sociedad, esto implica pensar el sentido de la comunidad nacional. Para ello, es necesario abrir las vías para escuchar nuevos imaginarios que siempre han estado presentes, sobre todo porque son garantías de una pluralidad que permitiría construir ese sentido de lo político y de lo común, desde una perspectiva democrática. También invita a pensar qué modelos de desarrollo o formas de relaciones con la tierra y el territorio se pueden abrir a generar otras perspectivas de bienestar y de igualdad en el acceso a la tierra. Por esta razón, el contexto en el que se buscan implementar los acuerdos y llevar a cabo las negociaciones, puede abrir caminos para solucionar las estructuras mezquinas que reproducen la concentración de la tierra, la violencia y el despojo que ella conlleva. A la vez es un reto, de cara a las elecciones, para las izquierdas la necesidad de invitar un imaginario que construya pueblo.

Referencias bibliográficas:

1. CRUZ. Edwin. Un objeto imposible: Acerca del análisis del fenómeno nacional. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 35 2012.3

2. CRUZ. Edwin. Caminando la palabra. Movilizaciones sociales en Colombia 2010-2016. Ediciones desde abajo. 2016

3. Baldíos en Colombia campesinos y latifundistas. Revista semana.com. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/baldios-en-colombia-campesinos-y-latifundistas/524743 Consultado el 16/05/2017

4. Obstáculos para el proyecto de tierras en Colombia. Revista Semana.com. En: http://www.semana.com/economia/articulo/obstaculos-para-el-proyecto-de-tierras-en-colombia/524990 Consultado el 17/05/2017

5. MOLANO. Alfredo. Amnistía a la acumulación de baldíos. El espectador.com. En: http://www.elespectador.com/economia/amnistia-la-acumulacion-de-baldios-articulo-693691 consultado el 17/05/2017

6. El rescate agrícola. Elespectador.com. En: http://www.elespectador.com/opinion/el-rescate-agricola-columna-693692 Consultado el 18/05/2017

7. MOLANO. Alfredo. Los mismos con las mismas. En: http://www.elespectador.com/opinion/los-mismos-con-las-mismas-columna-693656 Consultado el 18/05/2017

8. FUERTE. Andrés y SUESCÜN. Alberto. Escandalosa desigualdad de la propiedad rural en Colombia. Razón Pública. EN: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10243-la-escandalosa-desigualdad-de-la-propiedad-rural-en-colombia.html Consultado el 18/05/2017

9. MUÑOZ. Juan Carlos. Las esperanzas y preocupaciones que deja el proyecto de ley de tierras. Razón Pública. En: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/10239-las-esperanzas-y-preocupaciones-que-deja-el-proyecto-de-ley-de-tierras.html Consultado el 19/05/2017


*Mauricio es Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en Estudios políticos latinoamericanos de la misma universidad. Sus áreas de trabajo son los movimientos sociales en América Latina, especialmente,  los relacionados con las  luchas por la tierra y el territorio frente a procesos históricos y actuales de despojo, articulados a modelos de desarrollo y procesos extractivos. Sus intereses son  la teoría política. Actualmente trabaja sobre los derechos de las víctimas de despojos territoriales de comunidades  y pueblos étnicos.

  1. El coeficiente de Gini respecto a la concentración de la tierra es del 0,90 dando cuenta de la desigual concentración. Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10243-la-escandalosa-desigualdad-de-la-propiedad-rural-en-colombia.html