Leonardo Rojas

* Leonardo Rojas

Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín. Investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la UNAL; y de la Fundación Escuela para el Desarrollo. En twitter: @Leonardo_rojasr

“Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá y cada cuando, muy arriba, volando a la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terrenal endurecido, donde nada se mueve y donde uno camina como reculando […] Ésta es la tierra que nos han dado”1.

Este fragmento de uno de los cuentos del desgarrador y visceral Juan Rulfo me llega a la mente, luego de pensar en el tema que por estos días se ha hecho evidente en Colombia: la corrupción.

Resulta interesante pensar la corrupción como un fenómeno de larga duración, pues esto ha sido una constante en la historia de Colombia, en la consolidación de lo que hoy conocemos como Estado; de allí procede la naturalización de la sociedad frente a esta situación. Desde la colonia, el proceso de construcción de la institucionalidad implicó la unión entre lo foráneo y lo local, y por ende, entre los intereses de particulares y de las instituciones coloniales, aunque todo perteneciera al Rey. En concreto, existían dadivas y coimas que se empleaban como política para garantizar estabilidad, pues se necesitaban autoridades que ejecutaran la voluntad del monarca. Por ello, no todos los caciques fueron asesinados, y frente a otros actores no existió algo parecido a la meritocracia para ocupar o beneficiarse de cargos públicos.

Esta forma de establecer la institucionalidad no se modificó durante el proceso de transición de la colonia al proyecto de la República. En el siglo XIX, los gobiernos de turno tramitaban intereses sectoriales a través de regalos, buscando a cambio la expansión de la presencia estatal. Estas donaciones republicanas, en su mayoría, fueron adjudicaciones de títulos sobre la tierra bien fuera para la producción de tabaco, la extracción de oro, quina, posteriormente caucho y el cultivo de café.

En el siglo XX esta tendencia continuó, aunque algunos cambios en el aparato estatal y su consecuente modernización implicaron que el fenómeno fuese menos explícito (desde el siglo pasado no se compraban los cargos de manera pública). Sin embargo, para los grandes grupos económicos, que han mantenido el vínculo por parentesco con las familias que ocuparon el Estado en el siglo XIX, esto ha sido un elemento puramente nominal. Es claro que para estos grupos el límite entre lo estatal y sus negocios es poco evidente.

Así pues, la esencia del problema está en que la transición desde una vieja forma de llevar los asuntos del Estado hacia a un escenario ascético, democrático y diferenciado entre lo público y lo privado, nunca se dio.

Sin embargo, entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, la situación se ha modificado. En el ámbito legal y ante opinión publica las coimas, las dadivas y el usufructo del poder en detrimento del erario son vistos como reprochables. No obstante, ni los grupos de poder han entendido que lo público no es privado, ni el sentido común con el que la sociedad ve este fenómeno se ha transformado lo suficiente.

La corrupción involucra entender la dualidad presente en las instituciones actuales: de ser por un lado la garantía de estabilidad y, por el otro, herramienta para el enriquecimiento de algunos sectores de la sociedad. Así pues, los Zuluaga, los Vargas, los Santos, los Samper y los menos visibles en la arena política, los Sarmiento, los Ardila, etc., representan esos grupos que han estado estrechamente ligados a la construcción del Estado, pero que además se han enriquecido en el proceso.

Esta es la tierra que nos han dado, la sociedad colombiana aún acepta la corrupción como algo que siempre se ha hecho, y las acciones jurídicas tienen poca trascendencia, en gran medida por la característica dual mencionada.

Sin caer en una idealización de lo que será el posacuerdo, el que los actores que abiertamente rechazaban estas instituciones se vinculen a la dinámica de las mismas, trae consigo un interesante escenario de transición, pues la superación de la guerra contra el enemigo interno como modelo de gobierno da paso a la disputa por otro tipo de control institucional, y, por tanto, al cuestionamiento de la cooptación de los recursos estatales por parte de un reducido grupo de poder.

Vivimos meses de suma importancia, ya que la mayoría de los actores políticos participarán en la disputa por el direccionamiento de las complejas instituciones colombianas. Por tal motivo, es necesario que aquellos que no se sienten representados por los grupos tras las bambalinas del Estado hagan de las urnas un juzgado. Un primer paso para que suceda algo en medio de tanta pasividad es una sentencia social: un corrupto no puede ser un gobernante.

Con algo tan sencillo como la inserción de esta idea en el sentido común seguramente estaremos dando vida a una nueva institucionalidad, pero más importante aún, a un nuevo tipo de democracia.

  1. Rulfo J. (1985). Nos han dado la tierra. En Blanco C. EL Llano en llamas (pp. 37-42). Madrid: Catedra Letras Hispánicas.