Andrea Cely Forero

* Andrea Cely Forero

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con título de Maestría en Estudios Culturales de la Universidad de Los Andes. Dentro de sus principales intereses investigativos se encuentran los movimientos sociales en América Latina y la acción política en la vida diaria. Tiene publicados los resultados obtenidos sobre experiencias de pedagogía feminista, planes de vida como alternativas políticas de resistencia y las tensiones entre el movimiento social y político en América Latina. Hace parte del Congreso de los Pueblos, una experiencia de movilización social que intenta construir legislación popular

Llevamos semanas en medio de paros, movilizaciones, plantones, ollas comunitarias, celebración por los resultados de las consultas populares y otros ejercicios de solidaridad entre trabajadoras, maestros, estudiantes y jóvenes en distintos lugares del país. Estas acciones son sólo una manifestación de hechos que, seguramente, se repetirán en el mediano y largo plazo.

Para varios analistas, el proceso de negociación y posterior implementación del Acuerdo de La Habana ha marcado gran parte de la coyuntura política a nivel nacional. Sin embargo, desde hace unos meses, distintos hechos han provocado que la atención se disperse hacia al menos dos escenarios más: 1) corrupción, como parte de una estrategia electoral y 2) movilización social, que emerge a partir de las demandas de sectores populares organizados y no organizados que no encuentran respuestas claras ante sus necesidades básicas.

En cuanto al primer escenario, se puede inferir que los intereses por aumentar la atención frente a procesos de corrupción, para luego presentar iniciativas y fórmulas que la resuelvan, son promovidas por candidatos de sectores amarillos, verdes, radicales y conservadores. Algunos con mayor nivel de cinismo que otros. Sin embargo, es también parte de las estrategias que usará el gobierno para evitar que el proceso de implementación de La Habana quede como único tema de debate; no sólo porque ya dejó de ser su prioridad electoral, sino porque la oposición que hoy representa el Centro Democrático y Cambio Radical ha sacado ventaja política a partir de críticas basadas en la exacerbación de emociones que dejan de lado los acuerdos políticos, y promueven la agresión, la calumnia y el odio.

Ahora bien, el segundo escenario marcado por la movilización social es, tal vez, el que provoca mayor dinamismo en las relaciones económicas, políticas y sociales de un territorio. Y, por esta misma razón, busca ser invisibilizado y expuesto como un generador de crisis que debe ser apagado lo más rápido posible. De allí que la energía y el aguante que demostraron los Comités Cívicos en Buenaventura y Chocó sean de resaltar, así como la fuerza de los maestros para sostenerse durante más de un mes en movilización permanente. Estos tres casos, además de tener en común la fortaleza y entereza para sostener una acción masiva por tanto tiempo, se convierten en un ejemplo de las acciones que probablemente caractericen la vida política del país en adelante.

Por otro lado, tenemos las consultas populares como un mecanismo adicional de participación y movilización popular alrededor de la defensa del ambiente. Y en algunos territorios la iniciativa que muestran hasta ahora los arroceros y trabajadores minero-energéticos para entrar en nuevo escenario de movilización social. Ante estos hechos, el Gobierno Nacional no ha cambiado su estrategia de reacción y respuesta basada en la militarización de los territorios y la estigmatización de la protesta social, mientras pretende llegar a acuerdos que posteriormente serán incumplidos. Algunos políticos tradicionales intentan caracterizar dichas movilizaciones como parte de la estrategia de otros intereses que, además, esconden un trasfondo oscuro que provoca la movilización de una masa anónima, desordenada y dependiente de intereses ajenos a sus vidas cotidianas.

Como si esto fuera poco, estamos viviendo el asesinato sistemático de líderes que se caracterizan por su capacidad organizativa y trabajo territorial. En este momento, no se trata de la amenaza a líderes visibles a nivel nacional, sino de aquellos que, con su trabajo diario, han logrado consolidar un proceso organizativo de carácter social, y en varios de estos casos, con grandes posibilidades de competir en las próximas elecciones. Ante esta situación, la Procuraduría sigue sin emitir ningún tipo de comunicado a las entidades nacionales responsables de garantizar la vida de estos líderes sociales y el Ministerio del Interior tampoco ha emitido la alerta que permita actuar con vehemencia.

Estamos entonces ante un escenario que se caracteriza por el crecimiento de la movilización social y la represión estatal. No se trata, exclusivamente, de las consecuencias de la firma de un acuerdo de paz, como tampoco de la explosión de denuncias alrededor de la corrupción. Son vidas, demandas e injusticias históricas las que están saliendo a flote y ojalá quienes se sienten en la cresta de la ola política sepan leer este escenario.

De acuerdo con algunas afirmaciones hechas en el artículo escrito por investigadoras del CINEP, Tres variaciones sobre la movilización y la paz1, los resultados de los Foros regionales sobre mecanismos de participación arrojan que las organizaciones sociales demandan garantías para el ejercicio de sus acciones, para la interlocución con el Gobierno y el seguimiento a los Acuerdos no cumplidos. Hacen especial énfasis en la seguridad y protección a la vida de los líderes y defensores que conforman el movimiento social. Incluso, demuestran cómo estamos justamente en un momento en el que la movilización social es estigmatizada, judicializada y puesta en cuestión como una amenaza nacional. De allí que el caso de Milena Quiroz se convierta en el ejemplo más claro de esta situación, como también lo es la persecución a otros líderes que se han caracterizado por la defensa de la vida en sus territorios.

Ante este escenario no queda más remedio que aumentar el respaldo popular y social y demostrar, una vez más, que la movilización social no es un delito. Al contrario, es uno de los mecanismos más efectivos para la defensa de la vida y la exigencia de unos derechos básicos. No se pide más, pero tampoco menos.