Ana María Quintero

* Ana María Quintero

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y máster en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trabajo gira en torno a asuntos como la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. Actualmente trabaja como investigadora y consultora en derechos humanos para diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales

Desde hace por lo menos dos años, Bogotá es el escenario de una serie de atentados con explosivos que, de acuerdo con las autoridades, comparten similitudes que hacen pensar que han sido cometidos por el mismo grupo. Algunos de ellos han sido simplemente petardos panfletarios, mientras otros han causado daños materiales sin víctimas y otros, como el más reciente ocurrido el 17 de junio en el Centro Comercial Andino en Bogotá, han dejado víctimas mortales. Hasta hoy, ninguno de esos casos se ha esclarecido.

El pasado fin de semana, la Policía capturó nueve personas en operativos simultáneos en El Espinal (Tolima) y en Bogotá. Todas fueron presentadas a la opinión pública como integrantes de una célula del grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), que sería la responsable de la explosión en el Andino. Lo que se presentó como un gran logro institucional de la Fiscalía y la Policía para dar con los responsables del crimen empezó a desdibujarse poco a poco con las denuncias de familiares y allegados de varias de las personas detenidas, reivindicando su inocencia. Ese es el caso en particular de Alejandra Méndez, Natalia Trujillo y Lizeth Rodríguez, tres jóvenes abogadas que, además de ser egresadas de la Nacional, comparten el hecho de trabajar desde distintos ámbitos en favor de los derechos humanos.

No me propongo discutir la culpabilidad o inocencia de estas tres mujeres o de cualquiera de las otras personas detenidas, asunto que le corresponde nada más que a la justicia. Sin embargo, me llama la atención lo mucho que este caso se parece a lo ocurrido con las trece personas detenidas en julio de 2015, que fueron presentadas en un primer momento como miembros de una célula urbana del ELN, que presuntamente seria la responsable de varios atentados con explosivos en Bogotá, entre ellos, el de la sede de Porvenir. Al igual que ahora, las capturas contaron con una amplia cobertura mediática, se presentaron como un gran logro institucional y como un golpe contra el terrorismo. Sin embargo, a medida que fueron transcurriendo los días y las audiencias, se estableció que en realidad la información de la que disponía la Fiscalía no vinculaba a los detenidos con los atentados en Bogotá, sino con su presunta participación en unas protestas violentas ocurridas en mayo de 2014 en la Universidad Nacional. Uno a uno se fueron cayendo los argumentos de la Fiscalía hasta que en septiembre todas las personas fueron puestas en libertad, pues el juez determinó que la Fiscalía no individualizó adecuadamente la responsabilidad de cada una de ellas en los hechos que eran materia de investigación.

Lo cierto es que hoy seguimos sin saber quién o quienes están realmente detrás de esos atentados, ni cuáles son sus motivaciones. Tampoco sabemos realmente si, como nos han dicho las autoridades, todos esos eventos están conectados entre sí. Lo que sí sabemos es que en su afán de dar resultados, están recurriendo a chivos expiatorios. Lo están haciendo a costa de los derechos de las personas, exponiéndolos en los medios como terroristas, y sometiéndolos al escarnio público desconociendo la presunción de inocencia. El efecto es el de reforzar los estereotipos sociales y la estigmatización hacia las personas jóvenes, de izquierda y de la universidad pública, en detrimento de libertades públicas básicas en democracia, como la libertad de opinión, de expresión y de pensamiento.

En Colombia llevamos demasiados años despreciando las disidencias. Este es un proceso muy anterior al conflicto armado, anterior al surgimiento de las guerrillas. Es más bien una de las causas de todas nuestras violencias, si bien el conflicto armado interno no hizo más que profundizar esa intolerancia y dividir aún más la sociedad colombiana hasta traernos a donde estamos hoy. Acciones propias del ejercicio de la ciudadanía como las marchas, las protestas, el paro cívico y las denuncias se han estigmatizado por años como acciones insurgentes e ilegitimas, hasta el punto de desnaturalizarlas e infundir temor en las personas interesadas en participar de cualquier manifestación que implique levantar la voz públicamente para decir lo que piensan. Al final, como sociedad, hemos interiorizado la sospecha sobre los que arengan, los que reclaman, los que se levantan y denuncian las injusticias, sobre los liderazgos de izquierda, sobre las personas que llamamos defensoras de los derechos humanos.

Democracia es mucho más que un procedimiento formal para tomar decisiones basado en la regla de las mayorías. Exige la participación real de la ciudadanía en los asuntos que la afectan, para lo cual se requiere no solamente que haya convocatoria a elecciones periódicas, sino de un debate intenso, profundo y sostenido sobre los asuntos públicos. No de otra manera podría la ciudadanía ejercer el control sobre el poder o incidir en las cuestiones que la afectan, si no es pensando, opinando, disintiendo cuando sea necesario y organizándose para hacer valer sus puntos de vista.

Es un ejercicio muy exigente no solo para la institucionalidad que tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier persona pueda decir lo que piensa sin ser molestada por ello.; lo es también para la ciudadanía, que está en la obligación de informarse, debatir con fundamento, respetar las opiniones diferentes, participar en todo el sentido de la palabra, y asumir las consecuencias de sus decisiones. Es decir, ejercer control político e involucrarse en los asuntos públicos sin indiferencia. No es fácil. Requiere sobreponerse al escepticismo y a la decepción que tan a menudo conlleva la vida en sociedad. Más aún, requiere el compromiso fundamental de todas las partes de debatir en paz. Es decir, sin armas, sin violencia letal, sin sucumbir al deseo de anular físicamente la disidencia. No se trata solamente de tolerar su existencia, sino de reconocerla y respetarla en toda su dimensión como un valor social.

Ese es quizás uno de los principales retos para Colombia en este periodo de grandes cambios por el que estamos atravesando. Sobre todo porque en el origen de nuestras múltiples violencias está la intolerancia política y la incapacidad de tramitar nuestras diferencias de manera democrática. Por años, hemos visto fortalecerse pequeños feudos políticos de los que se han apropiado algunas familias y grupos políticos que ejercen el poder como si fuera propiedad privada y que no han tenido escrúpulos en usar la violencia para anular cualquier intento de usurpar su control.

Así que la democracia no es un punto de llegada, no es un procedimiento, no es una estructura rígida. La democracia no se decreta. Se hace cada día. Es una forma de vivir en sociedad. Es un proceso, un proyecto en permanente construcción que se nutre del debate público y depende fundamentalmente de ello para crecer y mejorar.