Adolfo Franco

* Adolfo Franco

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal de la misma institución. Ha sido investigador en el Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -OSRPA y en la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, así como del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Investigador y analista en temas como justicia indígena, justicia penal y en general de la reacción institucional contra los fenómenos definidos como delictivos y los grupos organizados que los cometen, con especial interés en la criminalidad ambiental y los delitos de cuello blanco

Una de las mujeres capturadas por la Fiscalía, a quien se le atribuye haber participado en los hechos del Centro Andino, aseguró ante las cámaras de medios de comunicación que su captura, junto con la de las otras personas hoy procesadas, es un falso positivo judicial “para las elecciones del 2018, para que sigan ganando los mismos, para que sigan perdiendo los mismos de siempre…”1.

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Fuente: https://twitter.com

Esta afirmación me quedó sonando, pues quería comprender la conexidad posible entre una judicialización y una campaña electoral, dado que no pude identificar inmediatamente dónde estaba el rédito para hacer proselitismo, ni tampoco qué campaña política podría capitalizarlo. Pensaba en otras cosas: en una cortina de humo, en un error humano, en la presión contra funcionarios subordinados para mostrar resultados, en la ineficacia para investigar las agresiones contra los líderes de organizaciones sociales, en la persecución de ideales libertarios, en Mateo, el estudiante de Sociología, o en los 13 del Congreso de los Pueblos…

No pensaba en los efectos que esta judicialización podría tener en el debate electoral que se aproxima, si es que los tenía. De hecho, lo frecuente es que el político populista manipule la sensibilidad y el rechazo social ante el comportamiento terrorista, abrogándose un derecho a hablar que nadie le concedió, pero que termina legitimado por sus huestes mientras enarbola las banderas del endurecimiento punitivo, justificándose por la impunidad de hechos de gravedad similar en el pasado. De allí mana el rédito electoral: promete un futuro con una legislación autoritaria que garantiza la seguridad en abstracto.

No obstante, el punto en este caso es justamente el contrario: si las pesquisas de la Fiscalía y la Policía concluyeron tan pronto (tanto que es insensato no cuestionarlas) ¿quién y de qué se pueden valer para prometernos ese futuro donde la seguridad proviene de las normas más restrictivas de las libertades civiles? Porque de ser cierto que las personas procesadas sean las terroristas, no cabe la promesa de ninguna legislación especial, y sin promesa no hay proselitismo. Entonces no es por este lado, al menos no exclusivamente.

Cuando pensaba en la posibilidad de que dicha mujer, por causa del estrés de la situación, hubiese dicho eso aleatoriamente –y como dijo eso, pudo haber dicho otra cosa-, me percaté de un evento particular y bastante nocivo: en rueda de prensa el Fiscal General cuestionó a un Juez con funciones de Control de Garantías, que en marzo pasado no acogió la solicitud de enviar a la cárcel a dos de los involucrados en los hechos del Centro Andino, principalmente porque no tenían antecedentes judiciales2. Seguidamente cuestionó a otro Juez de Garantías que –según el Fiscal General- había negado la detención preventiva de uno de estos dos hombres, un día antes de los hechos del Centro Andino, identificado como el presunto explosivista del Movimiento Revolucionario Popular –MRP3.

Las afirmaciones del Fiscal General han provocado rechazo por parte de un sector de la Judicatura que se ha sentido agredida e intimidada, luego de que el 27 de junio pasado se conoció que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió una investigación en contra del Juez de Garantías que no acogió la solicitud de medida de aseguramiento contra los dos involucrados con el MRP, a pesar de que no registraban antecedente alguno4.

Dos días después, el 29 de junio, los Jueces del Complejo Judicial de Paloquemao presentaron un comunicado de prensa en el que invitaron a la Fiscalía, a los medios de comunicación, a las instituciones del Estado y al Consejo Superior de la Judicatura, a obrar con prudencia, responsabilidad y sensatez ante la comunidad cuando no estén de acuerdo con una decisión judicial, puesto que la ley colombiana permite controvertirlas dentro de los procesos mismos. Los Jueces de Paloquemo critican –y con razón- que se usen los medios de comunicación para afectar la dignidad de la administración de justicia, la de los jueces y la independencia judicial, sobre todo cuando están siendo intimidados con investigaciones penales o disciplinarias porque no resuelven sus casos de acuerdo con los intereses de la Fiscalía5.

Pero las afirmaciones del Fiscal General también han sido respaldadas, y no solamente por la Sala Disciplinaria de la Judicatura que investiga al Juez, sino principalmente por sus copartidarios de Cambio Radical y las fuerzas que empujan la candidatura de Germán Vargas Lleras. Es el caso del Alcalde Peñalosa.

En Bogotá, el Alcalde Peñalosa ha sido un crítico de la labor de los jueces y no tiene ningún problema con culparlos de la percepción ciudadana de inseguridad. El 17 de marzo de este año, en reacción a lo sucedido con los dos hombres dejados en libertad por no tener antecedentes, tuiteó: “Hemos mejorado todos los indicadores de seguridad. Pero es difícil, cuando delincuentes capturados son dejados en libertad por jueces6. A la par, en un comunicado emitido en la misma fecha por la Secretaría de Seguridad de su Gobierno se afirmó –haciendo referencia a esta decisión judicial- “respetamos, pero no podemos compartir pues en un trabajo articulado entre Administración Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Brigada XIII se está haciendo un gran esfuerzo para prevenir nuevos atentados terroristas y por sacar a estas personas de la calle, a la que ahora regresan, representando un peligro para todos los bogotanos7.

Pero no ha sido la única vez que esta Alcaldía ha atacado la labor de los jueces. En mayo pasado, dos hombres lesionaron con una navaja a un policía en una estación de Transmilenio y fueron capturados y procesados por ese delito; no obstante, una Juez de Garantías los dejó en libertad. De nuevo Peñalosa y su Secretario de Seguridad, Daniel Mejía, no dudaron en atacar a la Juez a pesar de que lo que sucedió fue que el fiscal del caso no hizo una solicitud de medida de aseguramiento. ¿Esperaban que la hiciera la juez?8.

Esta falsa diplomacia de la administración distrital, del tipo “respeto pero no comparto”, desconoce que nuestro sistema procesal penal es un escenario para la confrontación entre dos partes (el fiscal y la defensa) ante un tercero imparcial (el juez) que debe resolver en derecho y garantizando que se hayan cumplido todos los derechos y se hayan observado todos las formalidades. Si un fiscal no justifica con la suficiente solidez la necesidad de una medida de aseguramiento en contra de una persona, al juez no le queda otra opción que negarla y ordenar la libertad del procesado. No se le puede pedir al juez que entre a enmendar la labor deficiente de la fiscalía, pues además de ilegal, eso solo sucede en los procesos más inquisitivos.

La administración de justicia será un tema central en la contienda electoral por la Presidencia, y por eso representantes de la corriente más conservadora de la justicia están ambientando un clima de hostilidad contra la labor judicial. Antes del debate quieren hacer creer a la ciudadanía que el garantismo es un obstáculo para hacer frente a la delincuencia común, y que los jueces, en tanto garantes del procedimiento y los derechos, se amangualan con esta delincuencia para favorecerla. Los antiguos debates sobre las causas estructurales de la criminalidad ya no interesan, porque el problema público con el que experimentan es otro: no se trata de si aumentan o disminuyen las tasas de criminalidad, sino de encontrar la manera de incidir en la percepción de impunidad que podamos tener las personas.

La impunidad despierta sensaciones de rabia y repudio que pueden ser canalizadas por una promesa proselitista, ¿o acaso quién no quiere futuro sin impunidad? Apelar a estrategias de sensibilización al electorado significó el éxito del No en el Plebiscito, de ahí que sea clave acumular recursos discursivos para motivar el voto de las personas a las que se les está haciendo creer que los jueces penales en Colombia son un obstáculo en la lucha contra el crimen.

Se trata de una estrategia pre-electoral que busca crear una versión distorsionada de la justicia donde los jueces hoy son “los malos”, y es necesario darles una nueva forma, una forma “buena”, que se va a presentar cuando el debate presidencial ya esté abierto, a pesar de lo prefabricado.

No niego que la administración de justicia tiene problemas estructurales que no le permiten hacer presencia en todo el territorio nacional, ni responder con la velocidad requerida en los casos contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, ni mucho menos en delitos contra el ambiente y las especies no humanas. Pero lo que no puedo consentir es que el Alcalde y la Fiscalía ataquen a los jueces porque les son incómodos, y luego quieran participar en una reforma judicial para crear el tipo de juez que les es ideal: un juez severo contra el procesado, pero flexible con la fiscalía; un juez que no tenga en cuenta si una persona tiene o no antecedentes; un juez carcelero, porque para eso se van a construir más cárceles.

  1. Audio disponible en la página web de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/somos-inocentes-capturados-por-atentado-en-el-andino-articulo-700013 (0:53’-0:55’)
  2. Audio disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ljFf8H-YZL8 (4:22’ – 7:47’)
  3. De hecho, el mismo MRP hizo público un comunicado en el que rechazó también el atentado. Disponible en la página web del Centro de Estudios de Movimientos Armados –CEDEMA: http://www.cedema.org/ver.php?id=7688
  4. Ver El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/judicatura-investigara-al-juez-que-dejo-en-libertad-sospechoso-de-ataque-en-centro-andino-articulo-700291
  5. Comunicado de prensa disponible en la cuenta de Twitter @prensapaloq https://twitter.com/prensapaloq/status/880467406526844928
  6. Ver tuit @EnriquePenalosa https://twitter.com/EnriquePenalosa/status/842694172981248000
  7. Comunicado disponible en la página web de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia: http://scj.gov.co/es/node/660
  8. Un recuento del caso se encuentra disponible en la página web de la revista Pulzo http://www.pulzo.com/nacion/libertad-hombre-apunalo-policia-transmilenio/PP264103 También puede verse el tuit de Daniel Mejía en su cuenta @DanielMejiaL https://twitter.com/DanielMejiaL/status/861597889193283584