Andrés Felipe López

* Andrés Felipe López

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó un Máster en Urbanismo, Ordenamiento y Transportes en la Universidad Paris-Est. Actualmente se encuentra adelantando estudios doctorales en Geografía y Ordenamiento en la Universidad Toulouse II sobre la propuesta territorial y organizativa de las Zonas de Reserva Campesina

El último fin de semana (9 de julio) se llevaron a cabo dos consultas populares en los municipios de Pijao en el Quindío y Arbeláez en Cundinamarca que buscaban decidir a través el voto de sus habitantes sobre la posible intervención de empresas mineras y petroleras en dichos territorios. Los resultados, como en las tres consultas llevadas a cabo este año en Cajamarca (Tolima), Cabrera (Cundinamarca) y Cumaral (Meta), fueron un rotundo NO de más del 97% y con umbrales superados.

Detrás de estas consultas ciudadanas se encuentra la iniciativa de diferentes plataformas organizadas que promovieron su realización a partir de lo establecido en la Constitución y la Ley 134 de 1994, para lo cual efectuaron todos los trámites correspondientes e impulsaron el voto por el No, en algunas ocasiones como en Cajamarca con las autoridades locales en su contra y promoviendo la abstención para que no superaran el umbral. Dichas plataformas organizativas tienen diferentes configuraciones. En Cabrera, el Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca SINPEAGRICUN promovió y gestiona desde el año 2000 una de las seis Zonas de Reserva Campesina actualmente reconocidas oficialmente por el gobierno colombiano. Este municipio así como Arbeláez, forma parte de la zona amortiguadora del Páramo de Sumapaz. El proyecto hidroeléctrico El Paso buscaba construir 14 microcentrales hidroeléctricas afectando la vocación agropecuaria del municipio. En Cajamarca, la convergencia a través del Comité promotor de una serie de organizaciones como el comité Ambiental y Campesino, colectivos estudiantiles, el sindicato campesino del Tolima ASTRACATOL, entre otros, frenaron (al menos parcialmente) el proyecto La Colosa adjudicado a la empresa minera Anglo Gold Ashanti.

Y aunque el decreto que reglamenta estos mecanismos de participación habla de que la “decisión tomada por el pueblo en la consulta será obligatoria”1, luego del proceso en Cajamarca, y más recientemente con el de Cumaral, tanto el Ministerio de Minas como la Agencia de Petróleos dijeron que dichos resultados no eran vinculantes. Esto muestra que si bien estos mecanismos (de acuerdo al Ministerio de Minas existen otras siete iniciativas de consultas municipales en curso) han significado una esperanza, no serán la última instancia de confrontación social por la cual deberán pasar estas plataformas.

Los movimientos sociales de “fronteras indefinidas”

Estos movimientos podrían inscribirse en la respuesta organizativa a la “alienación del territorio” explicada por Ana Clara Torres Ribeiro en 2005 a través de un “movimiento social más profundo y de fronteras indefinidas” que establecen plataformas reivindicativas y que defienden la preservación de identidades culturales, estas también entendidas como identidades territoriales2. Respuestas organizativas surgidas de prácticas sociales enraizadas en los lugares y de los conocimientos acumulados por un sujeto político que el Geógrafo Milton Santos denominó en 1994 el homem lento [hombre lento]. Estos procesos o relatos propios, como los llamé en mi anterior columna en Palabras Al Margen3, poco a poco han ido conformándose como plataformas comunes, también llamadas luchas territorializadas (Raffestin 1993) y más recientemente en movimientos socioterritoriales y socioespaciales (Mançano 2005).

Estas acciones de territorialización en torno a objetivos comunes –y específicamente con las consultas en torno a la redefinición del agua y del territorio como elementos comunes a las organizaciones sociales– deberían ser los elementos de cohesión que articulen plataformas de cara al momento de transición que a través del acuerdo de paz con las FARC y la negociación con el ELN buscamos propiciar. Alguien decía que estos acuerdos buscan establecer unos mínimos para comenzar el paso hacia un país medianamente liberal de pensamiento, y yo concuerdo con ello. Entender el momento significa seguir apostándole, sin perder de vista que la confrontación social seguirá, tomando otro tipo de formas que han empezado a surgir como lo vimos en Buenaventura, en el Chocó, con los maestros, pero que ellas se han dado justamente porque ha habido este momento. Un momento de acuerdo de paz, de entrega de armas por parte de la guerrilla más antigua del continente y su cumplimiento a cabalidad de unos acuerdos que como ya se ha propuesto de parte de algunos sectores, deberían ser la hoja de ruta para ese momento de transición.

El momento de transición y la necesidad de evitar la trampa de la división

Ahora, la transición política es delicada porque es el momento donde esos “monstruos” de los que nos habla Gramsci se niegan a desaparecer. Estas plataformas del común son elementos que pueden ayudarnos a seguir construyendo ese nuevo mundo “que tarda en aparecer”. El momento de transición significa una transformación, no sólo de un Estado que al menos en una parte de su poder quiere llegar a desarrollar un “Nuevo Campo Colombiano”, sino, sobre todo, de unas organizaciones sociales que surgieron y resistieron en un contexto de confrontación armada. Porque si bien el conflicto social no desaparecerá, una parte importante de la confrontación armada sí lo está haciendo. No hablamos de los grupos paramilitares que en la práctica han perseguido y ejecutado el despojo a la población y desarticulado las organizaciones sociales, sino de las estructuras armadas de las guerrillas que se están transformando igualmente.

Eso implica un cambio completo en esos territorios en donde estas organizaciones históricamente tuvieron su base social y ejercieron un control territorial. Y, con ellos, estos movimientos socioterritoriales que en el contexto de la confrontación armada construyeron unas estructuras organizativas de protección que les permitieron su supervivencia. La transición implica un nuevo escenario de confrontación social, pero esta ya no sólo en la movilización, sino en otros espacios de negociación, construyendo una propuesta que sepa escuchar e incorporar el nuevo momento político. Los espacios de convergencia abiertos recientemente por la Cumbre Agraria, así como la interlocución con el gobierno en mesas de negociación deberían estar acompañados de una cualificación de la propuesta que el movimiento social le hace al país. Esa cualificación pasa por una construcción local que, como las consultas populares, sepa encontrar los objetivos comunes que pueden articularnos y no una carrera por posicionar o dejar de lado alguno de los sectores del movimiento social y con ellos sus figuras territoriales4.

Estas figuras, siendo los núcleos territoriales del tejido social, estarían llamadas a dar forma en el mediano plazo a la propuesta de territorios interculturales y así hacer avanzar dichas plataformas de cara a los nuevos espacios de representación que abre la coyuntura actual. Estos no son otros que las llamadas Circunscripciones Especiales para la Paz, que en su gran mayoría coinciden primero con las zonas priorizadas en el acuerdo, con las actuales ZVTN y los futuros Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET5. La convergencia de estas plataformas debe mirar tanto la escala nacional -y el peligro de que los sectores que quieren hacer trizas los acuerdos vuelvan al poder nacional-, como la escala local con dichas Circunscripciones. La emergencia de estas ciudadanías que se reúnen en torno a valores comunes representados por el territorio y con este su identidad cultural debería ser la base de una manera renovada de participación y configuración de un verdadero espacio democrático que por primera vez tome en cuenta las realidades regionales y locales.

Nota: Solidaridad con la huelga de hambre de miembros de las FARC-EP que reclaman desde hace más de 15 días el cumplimiento de las amnistías acordadas en la Habana de más de 3000 presos políticos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGT0PN2LTrLHxwuEkAyYrEJXMDC_JEPbIun8q5E-5XwKihmQ/viewform?fbzx=6463906194153765000

 

  1. Ley 134, 31 de mayo de 1994 http://www.registraduria.gov.co/-Normatividad,428-.html
  2. Ana Clara Torres Ribeiro “Outros territórios, outros mapas (2005).
  3. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/para-seguir-construyendo-la-estrategia-y-afrontar-la-batalla-politico-cultural-de-ideas?category_id=1033p
  4. Acá hacemos referencia a los resguardos indígenas, las Zonas de Reserva Campesina, los territorios agroalimentarios y los Consejos Comunitarios de comunidades afro principalmente.
  5. Que en total sumarían más de 140 municipios repartidos en aproximadamente 16 PDET.