Adriana Romero

* Adriana Romero

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal y especialista en análisis espacial de la misma institución. Investigadora sobre problemas de interés alrededor de la política criminal, la justicia transicional y políticas públicas y docente en investigación, criminología y derecho penal

Para volver a sembrar es el título que se le ha dado al último informe anual Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual fue lanzado este martes 11 de julio en el Hotel Tequendama. Allí se presenta un análisis epidemiológico de la violencia en Colombia, a partir de la revisión de los registros institucionales derivados de los servicios forenses que prestó este instituto durante el 20161, en su labor científica de generación de evidencia para la formulación de políticas de salud pública y de prevención del delito.

Este trabajo de análisis, que viene adelantando el Instituto desde 1999, se ha constituido en uno de los insumos fundamentales en el país para comprender las distintas formas de violencia que sufren los ciudadanos en su vida cotidiana, ya sean estos relevantes o no para el sistema penal: el análisis de las lesiones fatales (homicidios, muertes en accidentes de tránsito, muertes accidentales, suicidios y otras muertes indeterminadas) y las lesiones no fatales (dentro de la que se encuentran expresiones de violencia de especial relevancia como la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar, las lesiones en accidentes de transporte y accidentales y aquellas estudiadas en exámenes médico legales por presunto delito sexual).

Esta ventana de casi 20 años ha permitido que, desde entonces, puedan identificarse tendencias sobre la capacidad institucional para atender estos hechos y sobre las dinámicas de estas expresiones de violencia a lo largo y ancho del país. Es evidente el esfuerzo que ha hecho el Instituto por avanzar en cobertura y en capacidad de registro a lo largo de estos años. Para este informe se incorporaron los registros de las distintas unidades de Medicina Legal en 412 municipios (para una cobertura del 36,37% del país) y lo denominado “estadística indirecta”, que responde a los reportes generados por médicos del sector salud que en casos específicos deben cumplir funciones forenses.

Uno de los aspectos más importantes que destaca el documento, haciendo una lectura sobre el comportamiento desde 2002 hasta el 2016 de los homicidios, es la disminución en un 776,91% de las muertes ocurridas en el marco del conflicto armado. Asimismo, para la presunta desaparición forzada, se muestra cómo gradualmente ha venido disminuyendo el número de personas reportadas como desaparecidas. Para 2016, se reportaron 136 personas presuntamente desaparecidas durante este año (18,6% inferior al 2015), lo cual contrasta con el periodo más álgido comprendido entre 1999 y 2005, durante el cual se reportaron 12.370 casos, y con 2002, el año más crítico, con 2.557 personas presuntamente desaparecidas. Esto demuestra, como de manera evidente se ha mencionado en múltiples ocasiones, la importancia de los mecanismos de justicia transicional en la gestión de expresiones de violencia y problemas de seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva, el Instituto demuestra que, entre otras cosas, la importancia de apostarle a la paz radica en que ésta se traduce en la disminución de la violación de derechos de los ciudadanos.

Por otra parte, llama la atención que en el análisis de años de vida potencialmente perdidos, a excepción de las muertes accidentales, en donde predominan los casos de personas entre los 0 y los 4 años, el resto de lesiones fatales se registraron entre los 20 y 24 principalmente. Por su parte, es importante resaltar la significativa proporción de casos de presunta violencia sexual que se valoran por parte del instituto, que corresponden a niños, niñas y adolescentes (un 86% del total), de sexo femenino (73,98% de las víctimas).

Con relación a las muertes violentas, para el año pasado se presentaron 25.438 casos, de los cuales 11.532 corresponden a homicidios, para una de tasa 23,66 muertes por cada 100.000 habitantes –lo cual significa una reducción del 0,46% con respecto del año anterior–, y 2.310 suicidios, con un incremento del 10,4% frente a 2015 y una tasa de 5,2 por 100.000 habitantes.

El informe desagrega los distintos elementos en clave de las características de los hechos y las características sociodemográficas de las víctimas, lo cual permite construir perfiles de victimización en el país. Habitualmente se presentan niveles de escolaridad bajos, y cada una de las manifestaciones de violencia, algunas de las cuales se expusieron anteriormente, se concentran en ciertos márgenes etarios o del sexo de la víctima. Vemos que las expresiones de violencia intrafamiliar y violencia sexual siguen orientándose de manera predominante contra las mujeres, niñas y adolescentes, mientras que los homicidios y la violencia interpersonal son expresiones de victimización predominantemente contra los hombres. Sin embargo, todavía se presenta un importante reto por ampliar la lectura de estas formas de violencia, no solo concentradas en clave de sexo biológico, sino también en términos de orientación sexual e identidad de género.

Uno de los aspectos de mayor relevancia que destaca el informe es la importancia de la información para el posconflicto en dos niveles: por una parte, la necesidad de generar análisis prospectivos que le permitan al país generar respuestas preventivas a formas de violencia que sean consecuencia posible en el proceso de desmovilización e implementación de los acuerdos de paz. Por otra parte, resalta la importancia de pensar el problema de la violencia que afecta a los ciudadanos en clave de salud pública, por lo que apuesta por un país libre de violencia. En este sentido, los insumos que se producen son esenciales para la formulación de una política criminal preventiva y basada en evidencia, que no responda a los clamores populares de castigo, sino más bien a las dinámicas sociales que generan contextos de violencia.

Como lo señaló en su momento la Comisión Asesora de Política Criminal y ha sido el dolor de cabeza de criminólogos e investigadores, la ausencia de información integrada, de calidad y confiable sobre el funcionamiento del sistema penal y los fenómenos de criminalidad es uno de los principales problemas y hay que continuar trabajando por su mejoramiento. En este contexto, los datos de Medicina Legal dan un panorama de importancia, pero es necesario complementar este conocimiento que se produce a partir de un registro misional, para profundizar en las dinámicas de la violencia del país y proponer respuestas preventivas que fortalezcan los procesos de construcción de paz.