Emilse Galvis

* Emilse Galvis

Estudiante del Doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes, Magíster en filosofía de la misma universidad y Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital F.J.C. Sus intereses académicos son: Filosofía política contemporánea, Escritura y Política y nuevas formas de Subjetivación Política a partir de autores como Michel Foucault, Jacques Rancière y Simone Weil. Integrante del grupo de investigación Poder, Subjetividad y Lenguaje de la Universidad de los Andes y del proyecto Ecos-Nord “Comprender la subjetivación política hoy: experiencias y conceptualizaciones” en convenio con París Diderot 7

El primer acuerdo agrario parcial denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” es, ciertamente como ya lo han expresado varias opiniones, un acontecimiento histórico en el camino hacia la construcción de la paz en Colombia. Podríamos decir que las voces de los diferentes actores de los movimientos sociales y de la opinión pública han sido escuchadas y que tal acuerdo ha generado un optimismo general que confluye en la esperanza de dar fin a un conflicto armado que ha dejado miles de muertes e impunidad durante tantos años en el país.

En efecto, en ninguno de los  intentos y acercamientos anteriores de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla se había llegado a un acuerdo parcial sobre la visión del campo en el país. Sin embargo, en medio de este optimismo es necesario plantear varios cuestionamientos críticos, no tanto a los puntos centrales planteados referentes a la creación de un banco de tierras o a la extensión de la seguridad social al campesinado entre otros temas (que aunque sean de suma importancia ya han sido objeto de análisis), sino sobre aquellos que se obviaron o que fueron considerados  “líneas rojas” de la discusión en la mesa de diálogos en la Habana. En otras palabras, es preciso plantear algunos cuestionamientos a estas líneas infranqueables, innombrables, indiscutibles que nos permitirán tejer algunas opiniones con respecto al segundo tema de discusión de la agenda referida a la participación política.

En primer lugar, debemos poner de manifiesto que el mantenimiento del latifundio tradicional y la estructura de la propiedad de la tierra, tal y como se constituye hoy en el país, traerá muchas dificultades al desarrollo de una reforma agraria real e integral.  Esto ha sido evidente en los intentos de reforma agraria en los años treinta (ley 200 de tierra) y los años sesenta (ley 1 de 1968) que fueron inoperantes, entre otras cosas, por el mantenimiento  del poder de los grandes terratenientes en el campo que defendían la gran propiedad sobre las tierras. Aunque claramente son contextos distintos, el actual acuerdo es explícito, tanto por parte del gobierno como de la guerrilla, en no cuestionar la gran propiedad latifundista de la tierra. Mientras el gobierno desde el inicio manifestó su oposición a que en la mesa se pusiera en cuestión la estructura de la propiedad privada, por otro lado, la insurgencia, aceptando los mismos términos del debate, ha afirmado que sólo se opondrá al latifundio improductivo. Así, en uno de sus propósitos las Farc sostienen que la realización de una reforma rural y agraria implica la “desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”1. A partir de lo anterior es claro que la cuestión sobre la estructura y la propiedad de la tierra ha quedado excluída de las discusiones y en este sentido la línea roja sobre la gran propiedad privada se constituye un punto de quiebre en la puesta en marcha de una verdadera construcción de paz en el país.

En segundo lugar, debemos reconocer que las relaciones sociales y de poder que se establecen en el campo están, en su mayoría, íntimamente relacionadas con la estructura de la propiedad de la tierra y esto nos conecta directamente con el segundo punto de discusión sobre participación política. Prácticas usuales en la política colombiana como el clientelismo o el gamonalismo, que tienen un “peso importante de poder o (sirven) de base para articular las relaciones que ordenan el funcionamiento de la política”2 son comunes en los marcos de “participación” en el campo, un campo feudal tal y como lo caracterizó Antonio Caballero en su más reciente columna refiriéndose precisamente al hecho de que  “aquí seguimos con el mismo campo del siglo XVIII”3.

Aquí  la categoría “feudal”  puede ser utilizada en sentido metafórico y concreto porque a pesar de la profundización y el predominio de las relaciones capitalistas en el campo que darían cuenta de una cierta idea de “desarrollo” y “progreso”, en la práctica se evidencian prácticas menos capitalistas y menos “modernas” en las relaciones que establecen los propietarios de las tierra con los campesinos y que expresan algunos puntos críticos en la esfera de la participación política. La actual elección del gobernador del Casanare puede sintetizar algunas de estas cuestiones:

El Casanare es el segundo departamento con mayor explotación petrolera de país. Además es el uno de los departamentos donde se conjuga la concentración y la extranjerización de la tierra. En las imágenes que circularon en la revista Semana en un artículo titulado “Casanare al rojo” se evidencia el entramado político de la región que ha sido considerado como la  “Crónica de un desastre político”.4 Allí lo único que se moderniza son algunas de las prebendas (electrodomésticos, medicamentos, plata) entregadas para “motivar” al elector con las mismas prácticas coercitivas tradicionales. También en dichas elecciones se ha denunciado la relación de algunos de estos candidatos con los paramilitares de la región y políticos que están siendo judicializados por parapolítica.

Otro ejemplo revelador de esta “mentalidad feudal” en la política fue el retorno del diputado de la asamblea de Antioquia, Rodrigo Mesa, quien llegó a su puesto, luego de un año de suspensión por sus declaraciones racistas, repartiendo plata a sus electores y buscando generar una imagen paternal del “gamonal bondadoso”. Es evidente que los terratenientes en este país tiene toda una mentalidad y un modus operandi a la hora de hacer política: prebendas, clientelismo, despotismo que acompañan con motos, televisores, bicicletas y neveras. Estas cuestiones, que son comunes y recurrentes, tienen que cuestionarse a la hora de hablar sobre participación política ya que ésta no se reduce a la importancia histórica de la constitución o no de un partido político por parte de la insurgencia o al hecho de que algunos de sus miembros lleguen a participar en el proceso electoral. Cuestiones que, sin lugar a dudas, son fundamentales en la construcción de paz en el país, pero que no deben pasar por alto la participación real de la gente en el campo y las prácticas que allí siguen vigentes.

Finalmente, podríamos pensar que una real democratización del campo, en un sentido amplio, implica también el hecho de atender a las líneas rojas de la redistribución real de la tierra, la eliminación del latifundio en cualquiera de sus manifestaciones o, en términos de Marx, a la erradicación de la “sacrosanta propiedad privada” que estará siempre acompañada del poder gamonal y terrateniente que se establece en el campo.

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1http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-398932-diez-propuestas-agrarias-de-farc
2Francisco Leal Buitrago, Andrés Dávila, clientelismo, el sistema político y su expresión regional. TM Editores, Bogota, 1994,p. 17
3http://www.semana.com/opinion/articulo/optimismo/345764-3
4http://www.semana.com/nacion/articulo/casanare-rojo/345782-3