Edgar Ricardo Naranjo

* Edgar Ricardo Naranjo

Maestrante del programa de Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) estado de Chiapas, México. Politólogo de la Universidad del Rosario. Ha trabajado como asistente de investigación en el marco del proyecto “Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena” en el que participó como tallerista en la ciudad de Valledupar y las comunidades de Besotes y Guatapurí en la Sierra Nevada de Santa Marta. También posee conocimientos de los siguientes temas: Movimiento obrero y movimiento indígena en Colombia, Derechos Humanos, Conflicto armado, Desplazamiento forzado, Movilización legal y litigio estratégico. A su vez ha utilizado las herramientas teóricas del análisis del discurso propuesto por Ernesto Laclau para comprender los campos discursivos de los movimientos sociales. Actualmente se encuentra trabajando aspectos relacionados con la ocupación y el despojo de territorios indígenas.

El posacuerdo y su entrañable idea de lo posible nos ofrece un mundo de resultados que se aclaman y se proclaman en los medios de comunicación, las declaraciones de Naciones Unidas y el reconocimiento de la comunidad internacional (comunidad europea) que en “el tercer mundo” es infalible. Hasta aquí un pomposo y delicado menú discursivo de lo políticamente correcto, una performance de los saludos, las sonrisas, los abrazos y las palmaditas en la espalda. Solamente hacía falta algo: plasmar en el papel las tan memorables letras de la paz en la estampa de la ley, trazar con finura a la luz del derecho el camino de la reconciliación.

No hacen falta más razones, ni demostraciones de materializar el proceso que las(os) colombianas(os) estaban esperando por más de sesenta (60) años, la fuerza del derecho, la ley y las instituciones se encargarán de este delicado asunto. Que nadie se alarme porque la legislación de la paz estará respaldada por la doctrina del derecho, cuya quintaesencia la soportan tratados históricos provenientes de la cuna de la civilización occidental, palabra que no deja de resonar en el argot de pseudo intelectuales que en pleno siglo XXI la pronuncian con exaltación para diferenciarse de oriente o, en su defecto, de “los pueblos sin ley”.

Al parecer las(os) colombianas(os) mantenemos una esperanza ciega en la normatividad. Sin embargo, podríamos detenernos a pensar por un momento hasta dónde nos ha llevado la tan excelsa ley. Claramente no muy lejos, ya que su episteme se concibió en otra época y otro contexto. Siguiendo al maestro en derecho Carlos Morales de Setien (2005), la crisis de la racionalidad jurídica se encuentra ligada a que este tipo de racionalidad se construye a partir de los principios liberales del siglo XIX: “la forma de racionalidad que adopta nuestro derecho es sólo una contingencia que impide hoy en día, en virtud de su propia forma, centralizadora y universalizante, la posibilidad de dar respuesta a los conflictos que presentan hoy en día las sociedades occidentales” (De Setien, 2005:18).

En este sentido, la resonancia esperada de la norma podría llegar a consolidarse en el momento en el cual las demandas sociales puedan adaptarse al marco formal de la ley, respondiendo en su articulación a las visiones-perspectivas de quienes conocen la problemática en cuestión. Al citar al sociólogo francés Pierre Bourdieu, De Setien (2005) sin pasar de pesimista, nos deja ver cómo esos campos que construyen al derecho son tan inflexibles y rígidos que parecería imposible cualquier cambio al interior de este esquema. La formación profesional también es circular y poco progresiva, razón por la cual las(os) nuevas(os) abogadas(os) reproducen de manera sistemática la estructura “racional” de esta disciplina.

Los principios rectores hacen gala de la tan reconocida Dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley), que en Colombia es tan dura que se promulga y no se cumple, más bien se reinterpreta o se pasa de alto. Al parecer, la realidad social es tan compleja que los campos del derecho y de la ley no alcanzan a contener la espesura de las manifestaciones de poder que en algunos territorios del país determinan la tan conocida “Ley del monte”, no la de la canción del cantante mexicano Vicente Fernández, “grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la Ley del monte, que allí estuvimos enamorados”. De vuelta a nuestro caso macondiano, la Ley del monte se ha mandatado en el fragor de la guerra y los actores armados la codician al son de las percusiones sonoras de la metralla.

En estos tiempos “modernos”, el conflicto armado y sus dinámicas anteceden la tragicomedia de la interpretación de la ley. En el campo, en el terreno, como dirían las(os) antropólogas(os), las normas no se escriben, ni se publican; se disparan. Los actores armados al necesitar el apoyo de la población, ejercen violencia de forma directa e indirecta para consolidar su dominio territorial. La población se nombra en el lenguaje de la guerra de distintas maneras: bases sociales, auxiliadores, colaboradores, traidores, representantes, funcionarios. Estas violencias también entran dentro de la misma guerra, en donde se presentan las represalias, oportunismo por los resultados de los operativos y las acciones bélicas. Las motivaciones de las mencionadas acciones pueden variar de acuerdo con el grado de disputa o hegemonía territorial. Esto quiere decir que, cuando el control es absoluto, las violencias tienden a ser más selectivas, al contario de situaciones en donde se está consolidando la presencia armada en alguna zona específica (CNMH, 2013:38).

Con respecto a la institucionalidad, contamos con una de las constituciones más progresistas del mundo y sus principios sobresalen cada vez que se vulneran los derechos constitucionales, al ser la portadora de un sin número de demandas –entre ellas las étnicas–, en apariencia salvaguardando “la diferencia”. Sin embargo, a pesar de que la Corte Constitucional, en cabeza de sus magistrados, la citan en sus sentencias, el cumplimiento de estas se consume en las respuestas de cada institución. El papel pasa y pasa por cada entidad del Estado y la orden de la sentencia se cumple en el marco de los requerimientos burocráticos. Por un lado, se reconocen los derechos colectivos, étnicos, ambientales y, por el otro, las instituciones no saben qué hacer para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas con enfoque diferencial, ambiental o comunitario.

En qué momento pensamos que la estructura de este Estado esquizofrénico podría llegar a dar solución a una problemática que va más allá de la racionalidad jurídica. Las letras y la ley no logran contener en su formalidad la comprensión de la relación entre el ser humano, la comunidad, la naturaleza y el territorio, mucho menos cuando se antepone un fenómeno que ha cortocircuitado este sistema, esto es, el conflicto armado. Para la muestra un botón: a más de seis (6) años de la promulgación de la Ley 1448 del 2011, “por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno” (Congreso de la República, 2011), la política pública de restitución de tierras, más allá de definir sus alcances individuales (contenidos en la misma ley) y colectivos en los decretos 4633 (para pueblos indígenas) y 4635 ( para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras), se ve limitada una vez más por los tiempos burocráticos del Estado y la incomprensión de los contextos étnicos.

Se han promulgado sentencias en donde los jueces de tierras ordenan la restitución de los derechos territoriales, pero la respuesta estatal con relación a definir acciones concretas que salvaguarden los derechos étnicos consagrados en la constitución son insuficientes, ya que su campo de acción se limita al cumplimiento de la ley, razón por la cual se dejan por fuera todas las comprensiones del entorno concebido desde las particularidades de cada comunidad o pueblo.

Este hecho lo presencié cuando trabajaba en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) territorial Chocó, donde un día tuve que dirigirme al auditorio de la Policía en la ciudad de Quibdó, para presenciar la audiencia posfallo del caso del Alto Andágueda, sentencia proferida en el año 2014 por el tribunal superior del distrito judicial de Antioquia, el cual restituyó los derechos territoriales del Pueblo Embera Katío. Hasta el año pasado (2016), el tribunal, en su proceso de seguimiento del fallo, seguía recibiendo las quejas de las autoridades indígenas, que en audiencia pública enmarcaban que a pesar de la Sentencia todavía no contaban con un servicio de salud adecuado que respondiera a los criterios particulares de la comunidad. Rápidamente la institucionalidad tuvo la palabra y el delegado del Ministerio de Salud y Protección Social le pasó la responsabilidad al funcionario de la Secretaria Departamental de Salud del Chocó y este le paso la papa caliente a la alcaldesa del municipio de Bagadó, quien señaló a la Empresa Prestadora de Salud por no atender de manera eficiente las demandas de la población indígena. La representante legal de esta empresa, mirando de reojo a los magistrados, finalmente argumentó que el acceso a la zona era muy riesgoso y la infraestructura para construir un centro de salud tenía que llevarse en helicóptero. Por estas razones de peso, a la comunidad Embera Katío del resguardo del Alto Andágueda no se le estaba prestando el servicio médico adecuado.

Ahora bien, quisiera que bajáramos un escalón en este proceso de la restitución territorial y nos ubicáramos en la etapa administrativa, es decir, aquella que se desarrolla en el seno de la URT. La entidad a nivel nacional o territorial, especialmente en los casos del orden étnico, recibe las solicitudes de restitución colectiva y para llegar hasta el punto de la demanda y el registro del caso, se deben cumplir una serie de procedimientos que determinan el buen curso de la acción. Conforme se recibe esta petición de parte de las autoridades étnicas, las(os) profesionales sociales trabajan de manera conjunta con las(os) abogadas(os) para consolidar el estudio preliminar y posteriormente la caracterización territorial, documento transversal en el proceso de inserción de la solicitud en cuestión en el registro de tierras despojadas forzosamente y el insumo de la demanda.

De acuerdo a esto, en el mes de agosto del 2015 participé en la construcción de una caracterización territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) más precisamente en el resguardo del Pueblo Arhuaco. La URT al recibir la solicitud de las autoridades arhuacas, construyó el estudio preliminar y focalizó las zonas en las que se llevaría la caracterización territorial, en este sentido y al autorizar a la Confederación Indígena Tayrona (CIT) para consolidar este ejercicio, claramente con la supervisión de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de esta entidad, la CIT conformó un equipo de trabajo interdisciplinario y a la luz del decreto 4633 y el marco lógico del proyecto, nos fuimos adentrando en cada etapa.

Desde esta perspectiva los tiempos considerados por la URT no coincidían con los tiempos de la organización indígena ni con el de sus autoridades, un pequeño ejemplo para ponerlos en contexto, en el trabajo de campo lo estipulado en el marco lógico establecía que el equipo tendría que levantar la información en quince días, los arhuacos pueden tardar este mismo tiempo consultando a sus autoridades espirituales, los Mamos, razón por la cual nuestro tiempo real en el territorio dependía de la consulta y decisión de los Mamos y no del protocolo metodológico de la URT. El equipo cumplió los tiempos institucionales, sin embargo por algunos sucesos de carácter interno esta caracterización tuvo dos procesos de socialización, el primero fue en diciembre del 2015 y el segundo en el mes de julio del 2016. Si bien este documento tenía que entregarse en cinco (5) meses, los inconvenientes presentados hicieron que la férrea formalidad no se cumpliera en el marco del Decreto.

En este mismo sentido, la temporalidad de carácter cronométrico presentado para la entrega de este proceso administrativo se contrapone con lo que paso después. A un año de formalizar la entrega de la caracterización territorial de los arhuacos, el proceso no ha sido radicado en ningún Juzgado de tierras y tampoco se ha incluido en el registro de tierras. ¿Qué ha podido pasar, si en teoría los tiempos establecidos por la Ley y el Decreto están claramente señalados? Una vez más los oficios, los estudios preliminares y las caracterizaciones al convertirse en un exceso de papelería, no logran formalizar lo que argumentativamente a la luz del derecho se espera consolidar en el terreno. Las autoridades del Pueblo Arhuaco y la comunidad de la zona oriental y del Resguardo de Bunsichama continúan esperando la resolución de un proceso que ni siquiera ha llegado a la etapa judicial.

Dura es la ley, pero es la ley, tan contundente que en escenarios reales se vuelve invisible, tan formal que en los territorios pierde su forma y su tecnicismo. Más allá de contextualizarla y territorializarla, su verdadera implementación en el campo de la interpretación depende de la comprensión de los hechos sociales que se desarrollan en el orden de lo local, de lo comunitario y de lo particular. Los campos del derecho y de la ley deben ampliarse en un sentido en el que la racionalidad jurídica de antaño sea remplazada por la racionalidad colectiva de poblaciones que han convivido desde sus mandatos tradicionales con otros mundos y otros universos, respetando desde esta visión ancestral la ley de la naturaleza.

Referencias

Centro Nacional de Memoría Historica. (2013). ¡ BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD. Bogotá: CNMH.

Congreso de la República (2011) , Ley 1448 del 2011, en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043

De Setien, Carlos Morales (2005) La racionalidad jurídica en crisis: Pierre Bourdieu y Gunther Teubner (pp 13-79), en: “La Fuerza del derecho”, Bogotá: Nuevo pensamiento jurídico.