* Palabras al Margen

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¿Qué simboliza el caso de Manuel Cepeda hoy, 23 años después de su muerte?

Yo creo que tiene varios significados. En primer lugar, mi padre fue el último congresista elegido que ocupó un escaño en este congreso antes de que se produjera, por sustracción de materia, el fin de la bancada de la Unión Patriótica. Su sucesor, Hernán Mota, meses después tuvo que abandonar el país e ir al exilio una vez empezó a ejercer su reemplazo. Dentro del genocidio de la Unión Patriótica (UP) el caso Cepeda tiene un importante simbolismo: fue el momento del hecho criminal que determinó la desaparición de la representación parlamentaria de la UP. El plan con el que fue asesinado mi padre fue denominado el plan “Golpe de Gracia”. De lo que se trataba era de infringirle al movimiento de la UP un golpe letal en términos de su representación pública, de su acción en las corporaciones, de la posibilidad de seguir ejerciendo un control político, una oposición. Este es un crimen que se inscribe en una lógica de exterminio y que ocupa el lugar de privar al movimiento político de su representación en sentido grueso.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la justicia, es el único caso que hasta hoy ha tenido una sentencia internacional. El caso Cepeda es un caso que puede inaugurar un proceso de esclarecimiento en la justicia internacional del genocidio contra la UP. El Estado colombiano fue condenado en el año 2010 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda y por la violación de un conjunto de derechos muy extensos, tanto de él, como de la familia, como del movimiento de la UP. En esa sentencia, la Corte Interamericana señaló que se trataba de un crimen político y de un crimen de Estado, inscrito en una serie de hechos que la Corte en algún momento puede fallar, además, en términos de crímenes de lesa humanidad o de genocidio.

En tercer lugar, yo diría que, en el caso específico de Manuel Cepeda, la connotación de este hecho es que él era y fue durante muchos años un hombre que, como líder político de la UP y como congresista, trabajó por la Paz y por la solución política del conflicto. Tanto en el proceso que se dio en la Uribe, Meta, en la década de los ochenta, como después, en los diálogos que se dieron en la ciudad de Caracas, en el año noventa y tres, y también en la ciudad de Tlaxcala en México en ese mismo año. Al comienzo del gobierno de Ernesto Samper, que fue el momento en el que fue asesinado mi padre, en el año noventa y cuatro, la tarea que él estaba emprendiendo era la de buscar una oportunidad para tales diálogos. Así que, si vemos retrospectivamente ese asesinato, uno de los móviles era el de coartar la posibilidad de que se diera, en el gobierno de Samper, un diálogo que propiciara la solución negociada del conflicto armado. Eso tuvo éxito: se frustraron estos acercamientos y pasaron cuatro años, prácticamente, sin que se pudiera avanzar en la búsqueda de la paz. Es un crimen que muestra que la gente de la UP que fue asesinada era gente que trabajó por la paz. Era una colectividad creada precisamente para eso: para la solución del conflicto armado. Sin embargo, fue borrada en sangre esa intención.

¿Cómo ha sido el proceso de esclarecimiento de la verdad y de memoria histórica en este caso, tanto en el nivel judicial como en el trabajo que ha adelantado su fundación?

Nosotros logramos que en el año 2010 la Corte Interamericana sentenciara la responsabilidad del Estado colombiano. Llegamos a ese punto luego de muchas averiguaciones e investigaciones que hicimos con los abogados del colectivo José Alvear Restrepo. Esto fue parte de una salida judicial a una búsqueda que venía dándose para determinar la responsabilidad de los autores materiales del hecho, en principio, los dos suboficiales del ejército que al final resultaron implicados. Además, se trataba también de esclarecer ante la justicia la participación de integrantes de grupos paramilitares. Para demostrar que el asesinato de un congresista, de un senador de la República, había sido perpetrado en un acto de complicidad entre agentes del Estado del más alto nivel, mi padre acusó a dos generales, antes de ser asesinado –concretamente, el General Rodolfo Herrera Luna y el General Harold Bedoya Pizarro– de que iban a ser ellos los responsables de su crimen y de que estaban fraguando, junto a paramilitares, ese nuevo ciclo de violencia contra la UP.

Mi padre denunció la complicidad de estos generales con los paramilitares. Nosotros logramos determinar la coautoría de ese hecho. Una demostración de connivencia y complicidad entre el Estado colombiano y las estructuras paramilitares en su asesinato. Allí participaron de manera conjunta, coordinada y planificada agentes estatales –suboficiales del ejército, generales del ejército– y también sicarios paramilitares dirigidos por quien era en ese momento el jefe de esas agrupaciones: Carlos Castaño.

La Sala Penal de la Corte Suprema no quiso avalar como prueba que Castaño había estado el día del operativo del asesinato de mi padre, en el sitio en el que lo mataron. Del mismo modo en que estuvo presente en el aeropuerto el día que mataron a Carlos Pizarro. Nosotros logramos establecer con mucha precisión el contexto y las circunstancias y, con ello, el carácter que tuvo el operativo con el cual asesinaron a mi padre. Eso, a mi modo de ver, abrió la posibilidad de que la Corte Interamericana ratificara todos estos hallazgos que se hicieron en el contexto de la justicia nacional en el Plan Interamericano.

¿En qué medida el asesinato de su padre Manuel Cepeda es representativo de la represión y los ataques a la izquierda en Colombia?

Es a mi modo de ver un ejemplo, dentro de tantos otros, de cómo ha operado en este país la persecución política y el exterminio político de los opositores. La Unión Patriótica fue la expresión auténtica de una oposición política. La real causa del asesinato de los miembros de la UP no ha sido la que se ha querido difundir siempre –que fueran los representantes legales de las Farc o que combinaran su acción política legal con la acción ilegal de la guerrilla–. El móvil sustancial de esos asesinatos era el hecho de que fuesen una fuerza de oposición exitosa. Hay que recordar que la UP promovió muchas leyes en el Congreso y muchos debates favorables a los derechos de la gente. Promovió, por ejemplo, la Constituyente que finalmente se hizo el 91, aunque los parlamentarios de la UP la habían planteado años atrás la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente.

La UP hizo muchos debates sobre la reforma agraria y sobre la necesidad de un estatuto de oposición, el cual ha sido aprobado solamente después de un cuarto de siglo a raíz de la implementación del Acuerdo con las Farc. En los pueblos y las regiones, los alcaldes de la UP sentaron precedente con el desarrollo de proyectos de infraestructura, de educación y de salud favorables. Y a pesar del genocidio que se estaba cometiendo, la UP y sus líderes políticos venían ganando una simpatía y una favorabilidad en la opinión pública. En el caso Cepeda, como en tantos otros, se demuestra que tras el intento de justificación que se ha esgrimido para decir que a la UP la exterminaron en un acto de venganza contra las Farc, o porque habían sospechas de que esas personas eran al mismo tiempo insurgentes vestidos de civiles, detrás de ese argumento había un auténtico temor a tener una fuerza de oposición real. Mi padre es una buena demostración de eso: los debates políticos que hizo, la acción parlamentaria, su labor como periodista, todas esas acciones suscitaron una serie de amenazas, de hostigamientos permanentes durante casi toda su vida política, que terminaron con su asesinato.

¿En qué medida el Acuerdo de Paz representa una oportunidad de democratización para el país y una esperanza para la participación y la oposición política para la izquierda en Colombia?

Yo creo que ese es el contenido más importante del acuerdo. Hay tres planos para medir las repercusiones y los impactos que tiene el Acuerdo de Paz. Uno es estrictamente humanitario: se ha reducido el desplazamiento forzado. Para este año, si las cosas siguen como van, vamos a tener 23.000 personas desplazadas, cuando en el año 2012 hubo 230.000, es decir casi una reducción al 10% de lo que hubo, para citar solo un ejemplo. Hay un segundo plano que es la de la implementación de los Acuerdos, que ha sido supremamente tortuosa, lenta y débil. Y, finalmente, hay un tercer plano, que refiere al impacto político del Acuerdo. Este no se mide simplemente con estos otros dos elementos, pues tiene que ver con la democratización de la sociedad, con la civilización de la sociedad y con la posibilidad del ejercicio de la oposición política en un contexto cada vez más incluyente.

Yo creo que el proceso de paz está ayudando cada vez más a producir ese efecto. Por eso está suscitando tantas repercusiones políticas y tanta animadversión de sectores que no quieren, bajo ninguna circunstancia, que este pobre estado del ejercicio de la política en Colombia cambie. Que nos mantengamos eternamente en un remedo de democracia. La participación social y la protesta social están creciendo y han crecido de manera significativa en los años de los diálogos de paz y del acuerdo de paz. El año pasado tuvimos 185 protestas, movilizaciones y paros en Colombia, es decir, casi una protesta cada dos días; esto es un aumento exponencial con respecto a los llamados años de la “seguridad democrática”. La gente está pudiendo y se está expresando, aún en medio de muchas dificultades. La protesta social en Colombia es muy reprimida y siempre es objeto de un tratamiento brutal, pero ahora está aumentando esa participación. Está aumentando la discusión de que en las zonas rurales del país la gente tenga el derecho y la posibilidad de participar a través de las zonas de reserva campesina, a través de las circunscripciones especiales de paz y a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Todos estos son mecanismos para que el mundo rural se pueda integrar al debate y a la participación política. Sin mencionar, además, el surgimiento de las Farc como organización política legal. En fin, estamos viendo una serie de hechos que podrían –no digo que generan ya de facto– generar una apertura muy interesante del espectro del espacio político. Ese es a mi modo de ver el tema de este proceso, un tema sustancial y que va a tener un momento fundamental cuando se cree la comisión de la verdad y cuando opere la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos estos van a ser espacios también de democratización, en este caso, de la verdad histórica.

¿Cuál es o debería ser el papel del Estado respecto a la situación que viven los líderes y lideresas sociales en Colombia?

Asunto capital y que tiene que ver precisamente con la viabilidad del proceso de paz. Es necesario un cambio radical del enfoque, de la política, de la actuación del Estado. Lo primero es que, pasado el conflicto armado entre el Estado y las Farc, tiene que haber un cambio en la política de seguridad y de concepción del Estado en materia de seguridad. El Estado tiene que producir una transformación en la que el concepto de seguridad, como única forma de tratar los problemas, sea cambiado por uno de seguridad social. La seguridad penal, pero también en términos bélicos, militares y policiales. Eso implica cosas como por ejemplo re-discutir y re-examinar cuál es el papel de las fuerzas militares, de la inteligencia, de la policía en la vida del país. No se trata de que estas instituciones desaparezcan, pero sí de que haya un reordenamiento de estas circunstancias para poder generar una política coherente con el fin de la guerra, o mejor, el comienzo del fin de la guerra.

En segundo lugar, aquí tiene que haber un examen profundo del asunto del paramilitarismo. Eso se ha dicho de mil formas. El paramilitarismo se tiene que acabar, si es que queremos llegar a un estadio distinto de la vida del país, y desde esta perspectiva tiene que haber una legislación que comience a estructurarse pero también unos aparatos especialmente consagrados para eso. Ha habido una gran discusión por la creación de una unidad en la fiscalía que tenga un carácter de tal naturaleza y que pueda significar una investigación profunda, seria y eficaz del tema del paramilitarismo y de sus conexiones con el mundo político y económico.

En tercer lugar, está el reto que representan los sectores que se oponen al proceso de paz. Hay que llamar a que la oposición que existe hacia proceso y los acuerdos no se convierta en una oposición que violente las reglas democráticas. Se perdió el plebiscito por un estrecho margen, viene una renegociación, se aprueba un acuerdo, se vota en el parlamento, en el Congreso, la Corte constitucional avala esa refrendación, examina y avala también las leyes que desarrollan ese acuerdo. Es decir, lo que no puede ocurrir es que la oposición al proceso desconozca esto y, a través de mentiras, de distorsiones permanentes, esté intentando poner en la opinión la idea de que estamos entrando en un estado de caos institucional, de desconocimiento de la constitución o sustitución de la constitución. Ese lenguaje también está impregnado de odio al país, lo que implica que se multipliquen los hechos de violencia. Tal radicalismo verbal es el caldo de cultivo de la violencia y alienta a los sectores que están en el uso ilegal de la fuerza a actuar contra líderes sociales y, como viene ocurriendo, contra quienes dejan las armas.