Marcela Rodríguez

* Marcela Rodríguez

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, defensora de derechos humanos y educadora de Paz en la Corporación Otra Escuela. Especialista en temas de empresas y derechos humanos, protección del ambiente y permanencia en el territorio. Candidata a magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió recientemente a Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa, por el supuesto secuestro y tortura de un cabo del Ejército. El militar se infiltró en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, con la que se conmemoraban 516 años de resistencia y lucha desde la invasión española, en el resguardo de La María, Piendamó en el Cauca.

Para la Corte resultó legítimo que, por la gravedad del asunto, la comunidad hiciera uso de su autoridad judicial. Y es que no era para menos: el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe, manifestó públicamente que la Minga estaba infiltrada por la guerrilla. Por eso, la asamblea comunitaria, moderada por Valencia, consideró que la presencia de un actor armado en el Resguardo declarado “territorio de paz” era una amenaza para sus pueblos y lo sancionó a recibir veinte latigazos.

Como era de esperarse, el fallo no fue bien recibido por las élites terratenientes y militares del Valle y norte del Cauca, quienes se han ensañado en desprestigiar y perseguir judicialmente a Valencia y la dirigencia del movimiento indígena. Ciertamente, el fallo tiene profundas implicaciones, no solo por lo que representa el liderazgo de Valencia entre las organizaciones sociales, sino porque el respaldo a la Jurisdicción Especial Indígena y los mandatos comunitarios fortalece demandas tan históricas como coyunturales del pueblo Nasa. Esa condena era un precedente determinante para las judicializaciones que se adelantan en contra de varios líderes indígenas.

Justamente, semanas antes de este fallo absolutorio, el Nasa Üss Yu´tx Pehnxi (autoridad equivalente a un Tribunal Superior de Justicia, que en nasayuwe traduce “aconsejar desde el corazón”) se pronunció1 frente a los procesos penales que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación contra al menos siete de los Gobernadores indígenas Nasa, que han liderado las movilizaciones en las que se demanda la ampliación de los resguardos y la liberación de la Madre Tierra.

En efecto, las tierras que poseen actualmente las comunidades indígenas están reducidas a terrenos montañosos no aptos para la agricultura, mientras que en el valle persiste el latifundio de los ingenios, con extensas plantaciones de caña. Adicionalmente, el Gobierno está en mora de entregar varias fincas que se comprometió a titular en el marco de movilizaciones, o por concepto de reparaciones por crímenes de Estado, es decir, graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública, como la Masacre del Nilo.

Las movilizaciones indígenas que reclaman por estos incumplimientos se han caracterizado por tener lugar en escenarios hostiles y desiguales, en los que el Estado ha respondido con la criminalización de los líderes y el abuso de la fuerza. En varias ocasiones se ha probado el uso de armas no convencionales que han dejado a comuneros asesinados y heridos, y existen serias denuncias de uso de armas de fuego en contra de los manifestantes. Por su parte y por fuera de todo orden legal, los abogados de los ingenios han amenazado con embargar las cuentas de los Resguardos indígenas para solventar las millonarias pérdidas que alegan haber sufrido en el marco de las manifestaciones.

A pesar de ello, las mingas de resistencia por la liberación de Uma Kiwe (Madre Tierra) se han mantenido, pues se entiende que es el llamado de la Madre Tierra para este tiempo. De hecho, desde de la invasión española, los Nasa han encontrado diferentes formas para proteger sus territorios. Son bien recordadas en el norte del Cauca las luchas de la Cacica la Weitama y el Cacique Sat Tama quienes lograron que la Corona Española les reconociera expresamente el derecho de mantener su autoridad. En el año 1700, los caciques Juan Tama de la Estrella y Manuel de Quilo y Ciclos, hicieron que el rey de España Felipe II otorgara 1771 títulos coloniales en los que declara la existencia de los primeros resguardos, reconocidos luego por Simón Bolívar. Por su parte, Manuel Quintín Lame (1883-1967) logró realizar los más grandes levantamientos indígenas de la época, que despertaron la conciencia e identidad indígena y posibilitaron el surgimiento del CRIC en 1971, cuyos principios de “tierra, unidad, cultura y autonomía” continúan vigentes.

Ante la crisis climática y ambiental por la que atraviesa el planeta, hoy el Nasa Üss Yu´tx Pehnxi ha escuchado que el llamado de Uma Kiwe implica desalambrar la tierra, tanto como el desalambrar el pensamiento y el corazón. Es decir, detener todo aquello que le produzca frío, enfermedad y tristeza a la madre tierra, toda contaminación, sobre explotación, resecamiento y expoliación del territorio al que ha llevado un modelo de desarrollo extractivista y capitalista como el que impulsan las élites de nuestro país.

En este sentido, además de declararse parte de la Jurisdicción Especial Indígena amparada por el pluralismo jurídico de la Constitución; demandar la existencia del fuero especial de los gobernadores para ser juzgados por sus autoridades tradicionales; el tribunal superior Nasa reivindicó la liberación de Uma Kiwe (Madre Tierra) como mandato ancestral, comunitario y deber ético para la permanencia de todas las formas de vida.

Pronto, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura deberán pronunciarse frente al “fallo” Nasa. Luego del respaldo que la Corte Suprema le ha dado al pluralismo jurídico con el caso de Feliciano Valencia y los evidentes acuerdos incumplidos, sería un contrasentido que continuaran con la campaña de judicialización de sus líderes y exterminio de su pueblo.

***

1El Nasa fxi´zenxi cxha cxhacxha a’txihna ew ew fxi’zewa uma kiwe wecejuy, que podría ser equivalente a un fallo de las autoridades judiciales, traduce “posicionamiento del derecho a la vida en armonía y equilibrio desde la raíz de la madre tierra”.