En el último mes, dos misiones de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) han visitado a Colombia en compañía de expertos internacionales. Su trabajo ha sido conocer de primera mano la situación de las víctimas de tortura en el país y de los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes han sido blancos de constantes agresiones y asesinatos en el último año. La primera misión, sobre tortura, se realizó entre el 28 de junio y el 5 de julio; y la segunda, sobre defensores, del 11 al 19 de julio de 2017.

Al presentar sus hallazgos preliminares, las Misiones coincidieron en un tema de gran importancia y poca repercusión en la agenda mediática del país: la criminalización y represión violenta de la protesta social. Según lo documentado por las misiones de OMCT en sus viajes a Cauca, Valle, Antioquia y Norte de Santander, “la criminalización en casos de protesta social sigue siendo preocupante” y agregan que tuvieron conocimiento del “empleo de un enfoque represivo para el manejo de las protestas pacíficas en Colombia, incluyendo numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes”.

La tortura para aniquilar la protesta social

La historia de los ataques a las manifestaciones y acciones de protesta y resistencia social es larga. En Colombia, como gran cantidad de países del mundo, las movilizaciones pacíficas por la exigencia de derechos finalizan violentamente por la arremetida desproporcionada de las fuerzas estatales, en nuestro caso, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una unidad grupo de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC)​ de la Policía Nacional. En los últimos años recordamos las imágenes de los campesinos heridos en El Quimbo, así como la fuerte represión en 2013 contra los manifestantes del Paro Agrario Nacional.

Recientemente se han denunciado casos similares en los municipios de Caloto y Corinto, Cauca, así como hechos de malos tratos en Buenaventura, Valle, durante el paro que tuvo lugar entre mayo y junio de este año. En estos lugares las personas de comunidades indígenas y afrodescendientes, respectivamente, han sido víctimas de diversas formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degrandantes1.

¿Cuáles son? En Cauca, los indígenas Nasa que se encuentran en los “Puntos de liberación de la Madre Tierra”2 son asediados constantemente por el ESMAD que ha arremetido contra ellos decenas de veces en violentos desalojos. Según las denuncias de la comunidad y lo que se constató durante la Misión de la OMCT, varios de ellos tienen heridas en su cuerpo a causa de las balas de goma y de los gases lacrimógenas que les son lanzados a quemarropa. Mujeres embarazadas, niños de brazos y personas mayores tampoco se han salvado de la violencia del ESMAD.

Durante una reunión, una madre rompe en llanto al contar que su bebé de tan sólo seis meses tuvo que ser remitido a un hospital luego que el ESMAD gaseara las viviendas de los manifestantes, en Cauca. También, un joven de menos de 20 años cuenta muy afectado cómo perdió la visión en uno de sus ojos debido al uso de una “recalzada” tirada por el ESMAD. ¿Qué es una “recalzada”? es un proyectil hecho por la Policía (ESMAD) con cartuchos usados de gases lacrimógenos, los cuales se rellenan con pólvora, canicas y otros materiales, y se disparan desde las mismas pistolas. Al explotar, sus esquirlas causan graves lesiones. No sobra decir que es ilegal la fabricación y uso de este tipo de “armas” no convencionales.

Las torturas y malos tratos que sufren los indígenas también los han sufrido este año las comunidades del puerto de Buenaventura, quienes durante el paro denunciaron que más de 320 personas fueron heridas, muchas de gravedad y varias con armas de fuego. También llama la atención la nueva implementación de viejas torturas, probadas en otros países del mundo, como el uso de música estridente para perturbar el sueño de la población y causar efectos negativos sobre la salud y la convivencia de las comunidades.

Parar la represión y la tortura

El derecho a la protesta está reconocido tanto en instancias nacionales como internacionales. En Colombia, está consagrado en la Constitución de Colombia de 1991. También se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21) de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano se protege este derecho en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXI), así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15). Entre otros.

Por ello, es necesario que los Informes que producen las organizaciones nacionales, así como las Misiones internacionales, no se guarden en el cajón, sino que sirvan de insumos junto a otros instrumentos para proteger el derecho a la protesta y, especialmente, para prevenir más casos de tortura y malos tratos contra las personas que se manifiestan.

A esto último, se debe sumar la verbalización de la tortura en los reportes, acciones, informes y denuncias que se produzcan por parte de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Hay que ponerle su nombre a las cosas: la violencia desmedida, el uso de “recalzadas”, los disparos a quema ropa, las gaseadas contra lugares donde hay niños, bebés y personas mayores, así como otras atrocidades contra los manifestantes, son tortura. Hay que llamar tortura y tratos crueles a estas situaciones. Así, la tortura se hace visible, se llega a repudiar y se puede prevenir.

El Estado es responsable

El Estado, responsable por los excesos de la fuerza pública, también tiene la responsabilidad de atender a las víctimas de la tortura y de los malos tratos. Es urgente que pueda identificarlas y brindarles el acompañamiento en salud y atención psicosocial que requieren.

Una de las recomendaciones del Informe de la OMCT sobre la situación de defensores de derechos humanos es la necesidad de reformar el ESMAD. Aquí, la Misión internacional coincide con varias organizaciones colombianas que han identificado la necesidad de que esta fuerza se rija por los instrumentos normativos internacionales y dé cara a un contexto en el que su actuación sea en pro de los derechos de los manifestantes y no en su contra.

En un escenario de paz, la movilización social y las acciones de resistencia de las comunidades no se pueden convertir en el nuevo blanco de la violencia y la represión estatal.

  1. El artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, que fue ratificada por Colombia, entiende la tortura como “(…) todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”
  2. Los Puntos de liberación de la Madre Tierra son lugares que ancestralmente han pertenecido a la comunidad Nasa del Cauca y que fueron escrituradas a terceros de la región quienes las usan para sembrar monocultivos y obtener lucro privado. Allí, las comunidades Nasa del Cauca se instalan para “recuperar el espacio, la protección del medio ambiente, el territorio y la dignidad para el pueblo nasa” y demandar el retorno de sus tierras. Ya que los puntos de liberación están ubicados en las fincas de estos privados, el ESMAD ha hecho varios desalojos violentos de las personas que se encuentran en los puntos de liberación, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores. Más información: https://www.cric-colombia.org/portal/las-mingas-de-liberacion-de-la-madre-tierra-es-un-mandato-espiritual/