En los últimos años, el avance de la locomotora minero-energética ha activado un campo de conflictos sociales que cuestionan el alcance que estos proyectos tienen para la generación de condiciones de bienestar de las poblaciones. Los defensores de la locomotora reaccionan apuntando a la necesidad de limitar el ámbito de decisión, reflexión y participación sobre el tema, a pesar del reconocimiento que la Corte Constitucional (T: 445 de 2016) ha hecho como garantía del derecho de las poblaciones a participar en la defensa de la autonomía de sus territorios. Por otra parte, las empresas extractivas y las instituciones del Estado colombiano, para justificar la minería como una necesidad para los intereses y gastos de este último, se han parado desde el lugar de la teoría económica y gestión de lo público que sigue viendo como externalidades aquellas situaciones que hacen parte de la conflictividad social que incluyen estos proyectos. En este contexto, las consultas populares y las movilizaciones en torno al problema son una invitación a pensar el escenario minero-energético, los problemas del bienestar y el ordenamiento del territorio como un problema político, que reconozca las disputas por los derechos de la naturaleza, la economía frente a la política y las tensiones por la construcción de comunidad. A continuación, abordaré algunas reflexiones para justificar este punto.

Entre el 2013 y 2017 diversos procesos de movilización y acción colectiva se han pronunciado contra las concesiones mineras y las políticas minero-energéticas del país. Estas acciones se han dado a nivel local, especialmente en los territorios directamente afectados por la aplicación de estos proyectos, ya sea por la concesión del título minero, los procesos de exploración, perforación, sísmica, o por el método empleado para la actividad, como por ejemplo en el caso del petróleo el uso del fracking o fractura hidráulica. La movilización social ha empleado distintos repertorios, entre los más reconocidos han sido la protesta, los bloqueos, las asambleas, y los más notables, tanto por la legitimidad y  contundencia de los resultados, han sido las consultas populares (Piedras, Cajamarca, Cumaral, Arbeláez, Cabrera). Estos repertorios han abordado discursos relacionados con la defensa del territorio, los derechos laborales y su formalización, y la defensa de la naturaleza. No todos los discursos están articulados entre sí, sino que han variado de acuerdo a la región del país donde se presentan estas luchas.

En el contexto colombiano, la problemática frente a la minería ha abierto toda una serie de  injusticias que violan los derechos humanos contra las organizaciones y liderazgos que se oponen a estos proyectos extractivos. La  represión, la criminalización y persecución hacen parte de esta situación. Algunos ejemplos se pueden identificar en los últimos meses, en zonas como el sur de Bolívar con el destierro de Milena Quiroz, en Segovia Antioquia donde las minerías artesanales son ilegalizadas y se justifica la represión del ESMAD contra los trabajadores, y en San Martín, Cesar, donde se presenta el encarcelamiento de personas de la comunidad y de los líderes sociales. A ello, se suma la presencia de organizaciones paramilitares que amenazan e imponen nuevas formas de poder territorial.

En este orden, el escenario evidencia un conflicto político en torno al problema minero-energético. Aparecen las relaciones de poder, la activación de antagonismos en donde participan una gama de actores estatales, partidos políticos, movimientos, organizaciones sociales, academia, empresas nacionales y transnacionales. Los discursos se disputan en torno a los problemas relacionados con la participación y la acción política en estos temas, el papel de los expertos frente a las mayorías, la pertinencia de las actividades extractivas para la generación de bienestar y su importancia en el ámbito de la producción y sus impactos medioambientales.

Sin embargo, aunque el conflicto político en torno a los proyectos extractivos define lo político, el elemento represivo y violento le da sentido a partir de una lógica que mantiene el actual sistema político, basada en la lógica amigo-enemigo, estableciendo relaciones desiguales que imponen la avanzada de esta locomotora. En otras palabras, la disputa por el sentido comunitario, o lo que en la jerga estatal se reconoce como el interés general o la utilidad pública,  así como el problema del bienestar de los y las colombianas son construidos sin su participación o a costa de su rechazo. De esta manera, la construcción del modelo de desarrollo basado en la profundización de la explotación de los recursos naturales se construye sin el pueblo.

Este hecho es importante porque evidencia el problema de la relación de bienestar y construcción de la democracia. El problema minero-energético ha sido justificado sobre la base del argumento del bienestar, el cual se expresa en la utilización de los ingresos que se obtienen de estos proyectos para distribuirlos en las regiones por medio de las regalías, gasto público y gastos sociales. En la coyuntura nacional, el problema se articula a la forma como se financiará la paz, en otro sentido, la pregunta por cómo se financiará una forma de democratización del país. Así, el bienestar se ve mediado por una urgencia y una necesidad que garantice la posibilidad de cumplir los intereses y las necesidades del Estado.

El conflicto por la relación bienestar y democracia entra en una visión de la gestión del conflicto que se basa en su urgencia. La urgencia pone en discusión la legitimidad de las acciones contra la minería 1. Si la apertura de proyectos minero-energéticos representa una posibilidad de recursos en el corto plazo, las consultas populares y las acciones contra estas situaciones son un sesgo o un contrasentido 2 y un freno. Sin embargo, esta perspectiva de la gestión de lo público, que se impone a su vez como excepcionalidad, condiciona el mismo bienestar, y ya no sólo porque el boom minero-energético ha ido en caída en los últimos años 3, lo que implica menos ingresos, sino porque la concepción de bienestar que se han disputado desde las organizaciones sociales expresan su preocupación por el problema de la vida como una integralidad, que incluye el agua, la fauna, y en sí misma la naturaleza. De esta manera, para la concepción de bienestar oficial, la naturaleza sigue siendo vista como un problema externo.

La disputa por el sentido comunitario es una lucha por la construcción de hegemonía. El problema de lo común es el problema de las garantías de la vida 4, que incluye lo biológico pero no se reduce a él 5, sino que hace referencia a lo que da sentido a la existencia humana. La naturaleza no se excluye de este ámbito, porque no es una cuestión externa, sino que se construye a partir de relaciones, las maneras como se establecen las condiciones para vivir, el bienestar, los alimentos, la producción, la tecnología, etc. En fin, la relación con la naturaleza hace parte del sentido de la vida comunitaria. Esta es una relación conflictiva, y en los últimos años el capitalismo ha hegemonizado relaciones con la naturaleza que son violentas y destructivas, condicionando la existencia y el sentido de la vida en comunidad.

En el país, los extremos costos ambientales de estos procesos extractivos dan cuenta de ello, y la defensa de la minería se promueve sobre la promesa a futuro de la solución tecnológica.  Diversas empresas tratan de socializar este tipo de argumentos, a partir de foros y consultas con las comunidades, pese a ello, la respuesta de las poblaciones ha sido enfática, mostrando una priorización en la defensa del ambiente y el territorio, por encima de sufrir los costos ambientales. Sin embargo, queda una pregunta irresuelta, y es la posibilidad de la alternativa. Por ahora, en el marco de esa disputa por la hegemonía, la resistencia y la acción colectiva siguen marcando la pauta frente a este modelo. Sin embargo, la urgencia de pensar una alternativa ante la crisis planetaria y los riesgos de su profundización son una invitación a construir una salida.

La coyuntura actual, con sus posibilidades de democratización, son un llamado a las organizaciones populares y de izquierda a pensar los recursos naturales y la naturaleza en un proyecto  de comunidad que viene. Las urgencias de construir democracia también implican las  formas de pensar el bienestar, y para ello es importante volver a identificar los discursos, las prácticas y la historia del abordaje de problemas que han estado en la construcción de los proyectos nacionales en América Latina. De esta manera, se pueden reconocer los errores en las lecturas etapistas y dogmáticas de proyectos de izquierda que vieron el problema del desarrollo y los recursos naturales como una fase para a futuro generar bienestar, sin darse cuenta que profundizaban el modelo y la dependencia económica sometiéndose a los intereses del mercado mundial.

Durante el siglo XXI, con las experiencias progresistas y de izquierda en el continente, el resurgir de las nacionalizaciones del petróleo y el gas fueron una promesa que terminó abriendo injusticias sociales y ambientales. A su vez, activó el conflicto por expandir las fronteras de los proyectos extractivos y criminalizó la protesta. Si en Colombia las alternativas no se piensan sobre esa realidad, el problema de la naturaleza dejará de verse como un problema de los asuntos de la comunidad para pensarse desde un lugar lejano y abstracto de nuestra realidad. Por otro lado, pensar la defensa de la democratización del país en relación a la defensa de la paz, no quiere decir dejar de pensar los problemas políticos que requieren pensar la emancipación.


*Mauricio es Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en Estudios políticos latinoamericanos de la misma universidad. Sus áreas de trabajo son los movimientos sociales en América Latina, especialmente,  los relacionados con las  luchas por la tierra y el territorio frente a procesos históricos y actuales de despojo, articulados a modelos de desarrollo y procesos extractivos. Sus intereses son  la teoría política. Actualmente trabaja sobre los derechos de las víctimas de despojos territoriales de comunidades  y pueblos étnicos.

  1. GUDYNAS. Eduardo. Postextracivismos en Colombia: entre la violencia y la paz. Palabras al Margen. En: http://palabrasalmargen.com/edicion-108/postextractivismos-en-colombia-entre-la-violencia-y-la-paz/ Consultado el 6 de Agosto de 2017.
  2. Entrevista de la W al Ministro de hacienda Mauricio Cárdenas.
  3. El ESPECTADOR. Así explotó el boom de las consultas populares. EN: http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-exploto-el-boom-de-las-consultas-populares-articulo-695826  Consultado el 6 de Agosto de 2017
  4. CRUZ. Edwin. Caminando la palabra. Movilizaciones sociales en Colombia (2010-2016). Ediciones desde abajo.
  5. PAREDES GOICOCHEA, Diego Felipe.  “Política, acción, libertad. Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty y Karl Marx en discusión” En: Colombia 2017.  ed: Editorial Universidad Nacional De Colombia.