A finales de la década del 70, las madres/abuelas de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura militar de Argentina se tomaron por primera vez la mítica Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, para exigir respuestas frente al paradero de sus seres queridos.

Este punto de inflexión, en lo que significaría el nacimiento de un movimiento latinoamericano en contra de las desapariciones forzadas integrado por familiares de víctimas, acompañados de organizaciones de derechos humanos y activistas, marcaría igualmente el inicio de la relación entre ciencia y documentación de violaciones a los derechos humanos en el marco de procesos de justicia transicional.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo fueron las primeras en entender la importancia de las ciencias forenses en la búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada y en la recolección del material probatorio que podría ser usado en tribunales de justicia, ya fueran de carácter ¨ordinario¨ o transicionales, para atribuir responsabilidades. De esa sinergia entre derechos humanos y ciencias forenses surgiría el Equipo de Antropología Forense Argentino que, a su vez, promovería la creación de otros equipos independientes en la región.

Durante la década de los 90, los equipos forenses latinoamericanos y estadounidenses pasarían a ser actores centrales en las investigaciones de violaciones de derechos humanos para tribunales internacionales, como el de Ruanda y la antigua Yugoslavia, así como promotores, junto con los familiares, de la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en Latinoamérica. Con el pasar de las décadas los equipos independientes fueron incorporando otras ciencias  y tecnologías no propias del ¨core¨ de las ciencias forenses a los procesos investigativos y de documentación, generando un mayor impacto en términos de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia para las víctimas.

La búsqueda de las personas desaparecidas en Argentina significó, por lo tanto, el inicio del  uso de la ciencia, la técnica y la tecnología al servicio de los derechos humanos y los derechos de las víctimas.

Las Ciencias Forenses en la transición colombiana

En el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, valdría la pena hacer énfasis en el  rol que las ciencias forenses, la comunidad científica en general y la academia podrían jugar en la documentación e investigación de violaciones a los derechos humanos, en el marco del sistema de justicia transicional a implementarse, producto de los acuerdos de paz, y que se compone de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tiene como mandato garantizar los derechos de las víctimas en la transición. Sin embargo, documentar a profundidad, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y buscar a todas las personas desaparecidas, no se presenta como una tarea fácil. Esto supondrá el procesamiento de grandes cantidades de información, la realización de un sinnúmero de entrevistas testimoniales, el cruce y análisis de bases de datos, la revisión de expedientes judiciales y la recuperación de todo el material probatorio de los sitios de disposición final de los cuerpos de las personas desaparecidas, entre otras acciones.

Lo anterior implica grandes retos. Por un lado, que las instituciones que componen el Sistema se doten de técnicas de investigación que combinen la criminalística, la ciencia forense y las ciencias sociales, y de herramientas tecnológicas que permitan el procesamiento y análisis de grandes cantidades de información. De otro lado, que cuenten con personal cualificado que entienda el uso que se le puede dar a dichas herramientas y esté en la capacidad de analizar y producir resultados en cuanto al esclarecimiento de la verdad, calificación de las conductas, definición de responsabilidades y búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas.

El Sistema debería estar en la capacidad de producir sinergias con la academia, las ciencias básicas y la tecnología para enfrentar un problema tan complejo como es develar las raíces de la violencia, las estructuras que permiten su continuidad y los beneficiarios de la misma; toda vez que el Sistema pretende una vez finalizado su operación, garantizar la no repetición de los hechos.

La búsqueda de las personas desaparecidas en la transición

Ahora bien, la necesidad de esta sinergia es aún más imperante cuando se trata de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Responder al reto de buscar, recuperar, identificar y entregar en condiciones de dignidad a miles de personas desaparecidas que sus cuerpos se presumen fueron dispuestos en escenarios complejos, como son fosas clandestinas, ríos, hornos crematorios y cementerios, implica la movilización de diferentes sectores de la sociedad civil, las víctimas, organizaciones de derechos humanos, equipos forenses independientes, la academia y la ciencia hacia el diseño y puesta en marcha de planes regionales de búsqueda que respondan a las complejidades de los escenarios ya mencionados.

La experiencia reciente de búsqueda de personas desaparecidas en escenarios transicionales en Colombia se remite a la ley 975 o ley de Justicia y Paz. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de la Nación a corte de julio de 2017, se han recuperado, en el marco de la ley, 6.845 cuerpos en campo abierto, de los cuales 3.376 permanecen en los depósitos de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como no identificados. De estos, no es claro cuántos cuerpos pertenecen a víctimas de desaparición forzada.

Si se tiene en cuenta que el número de víctimas de desaparición forzada oscila entre 25.000 y 60.000 de acuerdo a la fuente, y que el Registro Nacional de Desaparecidos habla de más de 120.000 personas desaparecidas  en general, los datos reportados por la Fiscalía General de la Nación en materia de búsqueda, hallazgo, identificación y entrega son pírricos.

Los pocos resultados reportados se deben a varias razones: la falta de conocimiento y apropiación del Plan Nacional de Búsqueda por parte de los funcionarios encargados de su implementación; el inicio de acciones de búsqueda sobre la base exclusiva de información testimonial, sin que se haya surtido procesos investigativos que verifiquen la información; la falta de conocimiento y uso de herramientas técnicas y tecnológicas para la prospección arqueológica de distintos sitios de disposición sean fosas, ríos, cementerios u hornos crematorios; la falta de espacios de participación para las víctimas, organizaciones de derechos humanos y equipos independientes, que podrían contribuir en el desarrollo del plan de búsqueda; y creencias arraigadas sin sustento científico, de la imposibilidad de buscar en algunos escenarios complejos como ríos y hornos crematorios.

Para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas dé respuesta a los miles de familiares de víctimas en el país, debe romper con la manera como históricamente las instituciones ordinarias de justicia han adelantado la investigación de este delito y deberá contribuir al esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición forzada. Para esto debe:

  1. Determinar el universo de personas desaparecidas, mediante un ejercicio juicioso de depuración y análisis de las bases de datos oficiales, para luego realizar un cruce inter-relacional con bases de datos de organizaciones de la sociedad civil, para finalizar con un análisis matemático estadístico para calcular el subregistro y,de esta manera, determinar el universo de personas desaparecidas en el país. Este ejercicio, sin embargo, debe ir más allá de una simple cifra y debería propender por determinar unas variables básicas frente a las víctimas como edad, sexo, etnia y otras como lugar de ocurrencia de los hechos.
  2. Caracterizar las tipologías de desaparición y desaparición forzada: la caracterización debería tener por objetivo definir prioridades frente a las regiones, tipologías de desaparición y desaparición forzada a investigar, y escenarios complejos a intervenir.
  3. Definir las estrategias forenses y arqueológicas para la intervención de los escenarios complejos: las herramientas a usar dependen del tipo de escenario a intervenir, ya sea fosa clandestina, rio, cementerio u horno crematorio, por ejemplo: desde la geografía para mapear zonas de interés (Cartografía Social Participativa, Sistemas de información Georeferenciada), hasta el uso de métodos no intrusivos de prospección a través de tecnología disponible para la búsqueda recursos naturales en el subsuelo. Asimismo, el uso de imágenes satelitales, fotografías áreas de radar y 3D para el análisis de las variaciones de paisajes a través del tiempo; para escenarios de búsqueda en fuentes de agua alianza con hidrólogos, climatólogos  y físicos; y para hornos crematorios para la recuperación y el análisis de evidencia traza desde la antropología forense.
  4. Fortalecer el Banco de Perfiles Genéticos, que permita hacer cruces aleatorios de las muestras aportadas por los familiares, con aquellas tomadas de las personas recuperadas para acortar los tiempos de espera y aumentar el número de identificaciones.
  5. Garantizar la participación amplia, informada y en condiciones de seguridad de los familiares de las víctimas.

La posibilidad de encontrar a todas las víctimas de desaparición forzada y contribuir al esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia en el marco de la transición, depende en gran medida de la capacidad de las instituciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de generar alianzas con las ciencias forenses, ciencias básicas y la academia, para innovar en la manera como hemos investigado las violaciones a los derechos humanos en el país. Esta alianza es esencial a la hora de construir un relato objetivo e imparcial de las atrocidades cometidas en el marco del conflicto y la violencia sociopolítica.

La ciencia, la innovación y la tecnología han cambiado la manera como las sociedades se enfrentan con su pasado, y podrían contribuir a la construcción de un futuro sustentado en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos como pilar fundamental de la construcción de paz en el país.