Olga Lucía Espejo

* Olga Lucía Espejo

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia Social y estudiante de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Interés en la investigación y acción en temas relacionados con la construcción de paz, los derechos humanos y de la naturaleza, los movimientos sociales, así como el análisis de las dinámicas del conflicto regional y nacional, y la violencia política. Twitter: @olgalues

Abordar el problema de las drogas ilícitas desde una mirada integral implica involucrar las dimensiones societales, desde los niveles territorial, regional, nacional e internacional, teniendo como eje transversal la problematización del modelo de desarrollo y lo complejo del ‘mundo agrario’. Esto supone revisar, entre otros temas, las dinámicas del uso de la tierra, el reconocimiento de los derechos de protección e integración de la población frente a procesos de desarrollo local, la reorientación de la política criminal y la protección del ambiente. ¿Será el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” suficiente para avanzar en una solución al problema, que permita el desarrollo al interior de los territorios y sociedades rurales y sus sistemas de producción?

Durante las Conversaciones de Paz en El Caguán (1998-2002), varios expertos y académicos plantearon una solución al problema de las drogas y los cultivos ilícitos desde la construcción de una política de desarrollo alternativo, sin embargo se decidió darle paso al Plan Colombia. Luego de más de 15 años de implementación de estrategias prohibicionistas, se puede afirmar que en vez de des-escalonar el problema, aumentaron los cultivos, se profundizó la violencia y el crimen organizado, la crisis humanitaria (desplazamiento, violación a los derechos humanos), los impactos negativos al ambiente y al territorio, las economías ilegales y en general el malestar social en los campos colombianos.

La afirmación “no podrá pretenderse dar fin a la guerra reiterando las políticas que la han generado y conducido a su profundización1 del profesor Darío Fajardo, es pertinente para reflexionar sobre la complejidad del conflicto social y armado, el cual encuentra correlación con factores internos y externos, económicos y político ideológicos, que han sido determinantes para socavar las condiciones de dignidad de la sociedad rural colombiana. La situación agraria es categórica, debido a su inserción al conflicto armado, lo que consecuentemente tiene efectos en dos procesos diferenciados: el afianzamiento y la recomposición de la gran propiedad, y la persecución y el desmantelamiento de las organizaciones agrarias. A ello se suma el narcotráfico, que se ha reproducido en los sectores rurales donde ha predominado la desigualdad y el despojo.

El acuerdo cuatro “solución al problema de las drogas ilícitas”, producto de las negociaciones que se desarrollaron en La Habana, es un tema crucial, dado que el narcotráfico, entendido como ‘sector económico’ del complejo entramado del mercado ilegal globalizado -economías transnacionales ilícitas- es medular y se imbrica con los factores que estructuran el conflicto armado en Colombia. Como resultado, este acuerdo intenta dar cuenta del conjunto de la cadena productiva, es decir, la producción, el consumo y la comercialización.

Respecto al primer eslabón de la cadena, la producción, se ha iniciado la suscripción de acuerdos comunitarios como parte de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA- que hacen parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, pero en este punto se debe cuestionar el denominado ‘carácter voluntario’ de los acuerdos de sustitución, pues para quienes no se acogen inmediatamente se aplica la erradicación forzada. Con relación al segundo eslabón se traza un plan para el entendimiento, prevención y atención al consumo, denominado Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. En relación con la comercialización, se pretende atacar la estructura económica del narcotráfico, desde el acceso de insumos para la producción hasta el transporte a los centros de mayor demanda y consumo. Por último, se plantea convocar el debate internacional a través de un foro abierto para la discusión en torno a esta empresa internacional.

En departamentos con presencia de cultivos ilícitos prevalece la ocupación de hecho del territorio (incluidas zonas de reserva forestal), donde la ocupación espacial se caracteriza por la fundación y terminación de caseríos al ‘ritmo’ de la bonanza y crisis de la economía cocalera. Frente a esto, el acuerdo uno “Reforma Rural Integral” plantea la necesidad de la transformación del campo para la superación de las causas estructurales del conflicto armado; necesariamente esa superación pasa por democratizar el acceso a la tierra por parte de los campesinos y las campesinas. Un reto es la efectiva concertación con las comunidades sobre el ajuste y la articulación en la elaboración de programas, proyectos y demás instrumentos de política pública en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- (Decreto-Ley 893 de 2017) para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a los campesinos sin tierra o de los campesinos que poseen muy poca, teniendo en cuenta las características específicas de los territorios que se quieren intervenir y en los que se busca la primacía del Estado Social de Derecho.

La participación incidente es, entonces, una condición básica para la solución integral al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito, que debe pensarse en clave de construcción de paz territorial a partir de mecanismos que favorezcan las tomas de decisiones, la planeación del ordenamiento y la planificación económica a partir del reconocimiento y diálogo horizontal entre el gobierno (en sus distintos niveles), las comunidades y los excombatientes. En el acuerdo cuatro, la participación se concibe como un mecanismo para la concertación amplia con las comunidades, estén o no directamente involucradas con los cultivos ilícitos a través de los PISDA y los PNIS. Sin embargo, el paso del discurso a la realidad requiere que se garanticen las condiciones de seguridad y protección a las comunidades, sobretodo en contextos en el que son latentes las amenazas y hostigamiento a líderes y lideresas, y además que se dirijan estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales frente al manejo del territorio y de la agenda relacionada con el desarrollo de los acuerdos nacionales y los acuerdos locales.

La situación de los líderes y lideresas asesinados es parte integrante de una política criminal garantista que se centre en las personas y el ejercicio de sus derechos. Al 31 de marzo de 2017, habían sido asesinados 156 en los últimos 14 meses, aseguró la Defensoría del Pueblo 2 y al 5 de julio ya se habían sobrepasado los 1863 (sin contar los amenazados, desplazados, desaparecidos, los atentados), y pese a los reiterados pronunciamientos de Naciones Unidas, organismos nacionales de derechos humanos, organizaciones sociales y el repudio de amplios sectores nacionales e internacionales, no se ven avances. Un programa de seguridad para el ejercicio de derechos y libertades de líderes y lideresas, construido desde el derecho garantista y penal, mínimo debería apuntar a: brindar seguridad a quienes corren mayores riesgos; castigar a los responsables; prevenir nuevos sucesos; permitir que los líderes participen activamente en las soluciones. Estos serían elementos a implementar en el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política, programa pactado en el acuerdo tres “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”.

Aunque el Acuerdo de Paz tiene una visión restaurativa del derecho penal, lo que significa un avance positivo en términos de política criminal4, se deben sobrepasar algunas limitaciones. La política debería ser discutida con las comunidades de los territorios con presencia de cultivos de coca con el objeto de reducir las definiciones del Código Penal (Ley 599 de 2000) hacia el narcotráfico (fenómeno económico) y no hacia el cultivo y pequeñas expresiones de la cadena productiva. Igual discusión se tiene que dar frente a los ejercicios de extinción de dominio redefiniendo los bienes jurídicos a proteger por el legislador, pues no se puede dar tratamiento de ‘ilegales’ a las tierras y los derechos de los ciudadanos que habitan estos territorios. Adicional a los mecanismos estipulados en el Acuerdo, la Fiscalía General de la Nación debería aportar directrices para la aplicación del principio de oportunidad en los procesos en que están inmersos los cultivadores de hoja de coca que se vinculan a los programas de sustitución voluntaria, igual que la cesación del procedimiento de extinción de dominio. No menos importante sería pensar en la modificación del Decreto 2055 de 2014, expedido por el Ministerio de Justicia y que reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, para que tenga representación desde los territorios y las comunidades, y la creación de una Comisión Interinstitucional que vigile el programa de sustitución voluntaria.

El acuerdo cuatro contempla modelos alternativos de producción, es decir la inclusión de formas de producción junto con economías sostenibles de acuerdo a las características y potenciales ambientales que permitan la protección de los ecosistemas y, a su vez, originen rendimiento como garantía para la existencia de dichas familias. Aquí es redundante señalar que por medio de la planeación participativa de los sectores sociales agrarios, es viable buscar estrategias de producción de economías relacionadas con los cultivos promisorios en regiones como la Orinoquia y Amazonia colombiana, donde los cultivos ilícitos han permanecido durante años y donde es latente la amenaza de activación de ganadería extensiva. Esta transición requiere de un esfuerzo considerable en términos fiscales y de recurso humano, pues esto implica garantizar espacios de formación a la población campesina de las regiones, así como apoyo a la conformación de cooperativas y líneas de inversión, procurando el cierre de la frontera agrícola y la preservación de los frágiles ecosistemas de reserva, mediante actividades de producción sustentables que contribuyan a la recomposición de la economía campesina.

Varias lecciones le han dejado al país la implementación de estrategias jurídicas y militares que emanan de los compromisos sobre política criminal y erradicación del narcotráfico. Se debe reconocer que aunque el Acuerdo de Paz toma distancia de la ortodoxia internacional aportando una mirada multidimensional, a partir de reformas con posibilidades concretas para limitar efectos negativos de las rentas ilícitas y su impacto en las comunidades, es insuficiente por las siguientes razones: 1. aunque sí hay una variación de enfoque en la lucha antidroga, se siguen vinculando elementos del modelo tradicional que han fracasado, 2. ni a través de un acuerdo político entre un gobierno y una guerrilla se resuelven problemas estructurales, ni en su desarrollo se agota la agenda política del país, eso se debe tener claro, 3. no sólo la negociación fue un campo de disputa, lo es también la implementación, que en sí misma comprende constantes renegociaciones (de la producción normativa o ante el incumplimiento, por ejemplo). 4. sin estar conforme con el modelo económico neoliberal de Juan Manuel Santos y sus políticas gubernamentales, y reconociendo actores y organizaciones que se benefician de participar en el negocio, la guerrilla firmó entendiendo que los retos frente a la solución al problema de las drogas ilícitas -así como otros temas- van mucho más allá de su alcance, del alcance del Acuerdo y del horizonte de tiempo proyectado.

A pesar de las limitaciones, no sólo en términos de la lucha antidroga sino de otros temas gruesos como la RRI, la importancia de los Acuerdos de La Habana radica en ser una contribución para el desate de la potencia transformadora y la generación de condiciones para que las luchas de una organización social y popular entren en el campo de disputa de estos y otros temas nacionales.

  1. Fajardo, D. (2014). Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/FajardoDario.pdf
  2. Defensoría del Pueblo (2017) Informe Especial de Riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos. Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2EGBQ_Y6_kE
  3. Telesur (Julio de 2017) “186 asesinatos de líderes sociales desde 2016 en Colombia” Disponible en: http://www.telesurtv.net/news/186-asesinatos-de-lideres-sociales-desde-2016-en-Colombia-20170713-0046.html.
  4. El concepto de “política criminal” ha sido definido por la Corte Constitucional como: “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción” (Sentencia C-936/10)