Susana Romero

* Susana Romero

PhD en Historia de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Maestra en Historia y Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo investigativo y académico se centra en la historia del desarrollismo y la modernización en América Latina, tanto en áreas urbanas como rurales. Actualmente investiga sobre el papel de la construcción (particularmente vivienda) y el crédito como herramientas políticas del Estado colombiano a mediados del siglo XX.

La administración distrital continúa vendiendo la idea de que una ciudad como Bogotá, ya demasiado grande e inmanejable, puede seguir creciendo de manera indefinida y, a la vez, ser social y ambientalmente sostenible. En esta oportunidad, la alcaldía de Enrique Peñalosa quiere añadirle al área urbana de Bogotá más de 900 hectáreas en los Cerros Orientales que conforman lo que el Ministerio de Medio Ambiente denominó en 2005 “zona de adecuación”. Esta zona no es más que un pedazo que se le arrebató a la reserva forestal de los cerros, puesto que constructores, tanto formales como informales, y propietarios de tierras lograron evadir las restricciones a la urbanización de esta área y obtuvieron derechos para construir en ella. Desde entonces, ambientalistas, constructores y propietarios han librado una batalla en el Tribunal de Cundinamarca con respecto al uso del suelo en dicha franja, es decir, se busca que se aclare si esa zona, definida ambiguamente como de “adecuación”, es en últimas cuentas urbana o rural. Y es que la diferencia entre lo uno y lo otro no es insignificante. La categoría “urbana”, en teoría, abre la posibilidad de urbanizarla.

La Alcaldía asegura que tal fin, la urbanización de los cerros, no es en absoluto el propósito de la solicitud. El Secretario de Planeación del Distrito, Andrés Ortiz, sostiene que para la Alcaldía lo importante es poder proteger la franja y que, en realidad, lo que se busca es aumentar el espacio público de la ciudad, del que tanto carecemos, utilizando esa zona de los cerros para el desarrollo de parques y “espacios de recreación”. Ortiz también sostuvo que, dado que la legislación considera que la zona es de reserva forestal, el carácter que adquiera de urbano o rural no cambiaría las restricciones para construir en ella. Independientemente de que la reserva forestal se proteja bajo su denominación urbana, las discusiones sobre el uso del suelo en los cerros dejan ver cómo los debates por la protección ambiental de la ciudad—en contraste con la urbanización de zonas no urbanas o urbanizables por su importancia ambiental—también están, en gran parte, definidos por una tensión entre lo público y lo privado. La solicitud de la administración distrital está basada en la idea de que, de alguna manera, al volver urbana una zona de reserva forestal, ésta va a poder establecer más espacios públicos. Mejor dicho, lo urbano beneficia lo público. Los ambientalistas, por su parte, defienden el derecho universal de todos los ciudadanos a un medio ambiente sano. Tal vez el más público de los derechos y uno que se vulnera diariamente en la ciudad. Finalmente, los constructores y propietarios buscan defender derechos individuales ya adquiridos, es decir, buscan que el Estado garantice que estos individuos utilicen sus recursos como mejor les parece.

La tensión entre lo público y lo privado, de hecho, siempre ha estado en el corazón de los debates sobre el desarrollo urbano en Colombia. Sin embargo, desde finales de los años cuarenta del siglo pasado, los defensores y profesionales de la planeación urbana, de manera inteligente, construyeron un ideario en el que urbanizar trae grandes beneficios para todos los habitantes de una ciudad, y además  favorece muchos intereses privados. Es decir, los urbanistas trataron de eliminar una potencial contradicción. Por ejemplo, cuando se pensó el Plano Modelo de Bogotá, a comienzos de los años 50, los arquitectos y planeadores urbanos sostenían que el Estado debía invertir en vías, parques, redes de servicios públicos, vivienda, etc., porque dichas inversiones traían beneficios colectivos: esto es, al beneficiarse los directos usuarios de dichos servicios, el mejoramiento de las condiciones de vida era general para toda la ciudad. Pero no sólo eso. La conexión entre los intereses públicos y privados era aún más concreta, material. Los dueños de los lotes donde se construirían barrios o se invertiría en infraestructura también estaban interesados en que se desarrollaran dichas obras porque su propiedad se valorizaría. Es más, era justificado que el Estado invirtiera en tierras de rápida urbanización, porque el valor de dicha propiedad iba a incrementarse al ser urbanizada. La urbanización traía, entonces, mejoras en las finanzas públicas y en la calidad de vida de todos, al favorecer ciertos intereses privados.

Esta supuesta armonía de los intereses públicos y privados se magnificó con la llamada ley de macroproyectos, Ley 1469 de 30 de junio de 2011, la cual permite que la inversión en vivienda de interés social, un beneficio para ciertas comunidades, se convierta en sí misma en un gran negocio individual. No sólo se definió la construcción (el hecho material de construir) de vivienda de interés social como un interés nacional (colectivo) prioritario. También, se le dieron amplios beneficios a los constructores y propietarios para garantizar sus jugosas rentabilidades. Así, la ley le da a las grandes constructoras y entidades financieras todas las facilidades para que sus inversiones sean eficientes—a pesar de que sus clientes son comunidades de bajos recursos—como las economías de gran escala, y el compromiso de invertir amplios recursos públicos en infraestructura y oferta de crédito. Adicionalmente, y esto es de gran importancia, los propietarios de la tierra pueden urbanizar sin ningún remordimiento puesto que la ley los exime del pago del impuesto a la ganancia ocasional que la valorización de su propiedad, por el sólo hecho de haberse convertido en urbanizable, inevitablemente produjo.

Es así como la urbanización en sectores de Soacha y Mosquera se ha considerado como de interés público. Y de esta forma, la satisfacción de intereses de constructores y propietarios también son de beneficio colectivo. Con la urbanización a gran escala, todo el mundo está contento. En palabras de la Revista Dinero, los macroproyectos traen “beneficios para todos”1: a la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, les encantan. Los bancos invierten sin mayor riesgo, ya que tienen el respaldo del Gobierno Nacional. Los municipios reducen la presión por la creciente demanda de vivienda, y el Gobierno puede mostrar resultados políticos. Y la gente por fin puede realizar su sueño de tener casa propia. Todos felices.

Sin embargo, existe una contradicción entre el beneficio privado y público en la expansión urbana. Y en ningún caso es más evidente que en los debates ambientales. Claramente, la consolidación de la Reserva Van der Hammen les traería pocos beneficios económicos a los dueños de las tierras, puesto que no sólo no serían urbanizables, sino que se les comprarían a bajo costo. Ni los bancos ni los constructores harían negocios. Miles de familias no serían propietarias de los apartamentos que se construirían. Ni la Alcaldía, ni el Gobierno Nacional podrían argumentar que están avanzando para la superación del déficit de vivienda. Pero la Reserva le daría a Bogotá un pulmón para hacer la vida de todos los residentes—incluidos los constructores y banqueros y sus familias—más viable en un futuro no muy lejano. Sin mencionar que varias hectáreas de terreno serían propiedad de la Ciudad, es decir, verdaderamente públicos. Eso sí, los costos son enormes, y los beneficios individuales muy pocos.

Es por lo tanto muy diciente que la Alcaldía salga al paso defendiendo los derechos colectivos al espacio público con una medida que, potencialmente, puede conducir a la urbanización de una zona de los cerros y a la satisfacción de muchos intereses privados. Lo urbano, así en la teoría se presente como de beneficio público, ha sido siempre el resultado de la presión de intereses individuales. Y en muchas ocasiones lo público y lo privado entran en contradicción. Por eso, no es inocente que se quiera convertir el suelo de una franja de reserva forestal de uso rural a uso urbano. Esperemos que la decisión que se tome, por el futuro colectivo de la Ciudad, no sea, como en la mayoría de las ocasiones ocurre, el producto de las presiones de los que, por una u otra razón, reclaman derechos individuales.

  1. Revista Dinero, 22 de junio de 2011, http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-macrosuenos/122000 (Acceso: 25 de agosto de 2017).