José David Copete

* José David Copete

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Magíster en Políticas Públicas de la misma universidad. Ha trabajado investigaciones relacionadas, principalmente, con política social y participación política juvenil. Es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos THESEUS. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad el Bosque y la Universidad Nacional de Colombia

En los últimos meses, realmente años, la política colombiana nos ha permitido asistir a un escenario de degradación y pauperización de la actividad política. En dicho escenario se evidencia una muy delgada, casi disuelta línea, que separa lo legal de lo ilegal. Asimismo, las elecciones periódicas -que constituyen el eje nuclear de la posibilidad de nombrar la democracia colombiana- antes que una confrontación política entorno a un proyecto de país han derivado en ejercicios de selección de fuerzas que ocupan los escenarios institucionales y dinamizan según las recetas precedentes y sacando provechos personales y colectivos de allí.

Ello haría plausible plantear que en Colombia no hay un proyecto político de país, pero, muy por el contrario, nos acerca a la existencia de un proyecto político que se renueva periódicamente sin ser puesto en discusión. Aunque no se ponga en tela de juicio o se discuta el proyecto político, él existe y se ha consolidado gracias al trabajo de las maquinarias políticas y sus portavoces con sus recurrentes prácticas ligadas a la corrupción y al delito en general.

El proyecto político de país y la puja electoral hacia el 2018. 

Ante este juego de consecución de apoyos y de sumar “casas” a la causa de los candidatos presidenciales podría decirse que no hay proyecto político y que es la descomposición de los partidos el principal problema de la democracia colombiana. Ante ello, se puede decir que sí hay un proyecto político en juego y las elecciones están sirviendo para saber quién lo direcciona con quiénes. Es importante enlazar tres cosas:

Primero: en las últimas dos décadas en Colombia se ha desplegado un proyecto político que supedita los intereses de las mayorías colombianas a los designios de las elites regionales y nacionales en sintonía con las dinámicas transnacionales de acumulación del capital. Desde el entramado institucional del Estado se han tomado decisiones, que se ha materializado en diversos mecanismos institucionales y políticos, que han fortalecido las elites regionales y nacionales a la vez que han acentuado la desigualdad, la explotación irracional de recursos y la polarización de la sociedad colombiana. En estas dinámicas las elites colombianas han llevado a cabo un proceso de renovación del neoliberalismo que busca poner a tono el funcionamiento de la institucionalidad colombiana con las dinámicas de optimización de la acumulación de elites nacionales y transnacionales.

Estas dinámicas se han tornado moneda corriente en el país y se han instalado en el debate público como elementos que se dan por sentado, naturalizándolos y convirtiéndolos en cuestiones incontrovertibles. Ello no implica que no exista un proyecto político sino que, muy por el contrario, estas prácticas se condensan en torno a un proyecto político que se estructura en torno a la cooptación del Estado y de los recursos públicos por parte de elites regionales a la vez que refuerzan y complejizan las dinámicas neoliberales. Este proyecto político no se pone en juego, ni siquiera se enuncia en las distintas contiendas electorales, pues en estas lo que se juega es quién funge de articulador y de líder político. Entonces, las elecciones definen a quién va a hacer lo que, se ha naturalizado, hay que hacer. Allí no ha de sorprender a nadie que exista una preponderancia del personalismo, en la medida en que no está en juego la orientación de la política sino quién va a liderar ese ejercicio delimitado de antemano.

Segundo: los partidos políticos en Colombia hace un buen tiempo dejaron de ser colectivos organizados cuya acción se estructuraba en torno a un proyecto y a programas políticos. Lo que sí han mantenido y han venido perfeccionando es la potente mezcla entre personalismo político, clientelas a todos los niveles territoriales y diversas prácticas corruptas. Esto no escapa sino que es inherente al proyecto político de cooptación del Estado por parte de elites con rasgos cada vez más mafiosos, que ha venido cobrando fuerza en el país en las últimas dos décadas. Que los partidos no han funcionado como cuerpos orgánicos de diálogo y proyección política en el país y que se han fraccionado con base en intereses personalistas es cierto, pero también lo es que han sido los operadores del proyecto político que hoy direcciona el país.

El caso del liberalismo es diciente, pues aquel de los años noventa se ha fragmentado y sus disidentes se pueden ubicar actualmente en la U, Cambio Radical, Centro Democrático y otros; aun así el liberalismo sigue siendo una fuerza electoral importante en lo local y regional. Hoy gran parte de la avasalladora maquinaria de Cambio Radical se puede rastrear en y desde el liberalismo de décadas anteriores. El que los partidos no cumplan una misión ligada al concepto clásico de partidos no implica que esté pasando hoy algo anómalo sino que, por el contrario, hoy se evidencia con mayor claridad la perspectiva pragmática y utilitarista histórica de la política colombiana.

Unos partidos políticos saldrán victoriosos y fortalecidos en el 2018 y otros estarán diezmados porque no se juntaron con los ganadores. Que ello derive en la desaparición de un partido es posible. Tanto como que los derrotados se suban al bis de los ganadores para no perder componendas y mantener las clientelas. Entonces, el personalismo y el clientelismo son rasgos vitales de los partidos políticos colombianos y en estas elecciones van a hacer lo que saben hacer: hacer las alianzas posibles para ganar posiciones o no perderlas.

Tercero: aquella robustez que se derivó del diseño institucional concebido en la Constitución de 1991 -que daba cierto respiro de tranquilidad a la ciudadanía en términos de los controles y de los mecanismos que velaban por la constitución y la justicia- hoy se ha diluido. En los últimos años se han esclarecido los vínculos clientelares, de corte mafioso, entre los partidos políticos y las distintas expresiones de las elites políticas y económicas de nuestro país. Ello ha permeado la institucionalidad colombiana en todos sus niveles. Los partidos, que saben de la lógica mafiosa en la que se mueven, no se contentan con las cargas burocráticas locales y regionales sino que se han orientado hacia la cooptación de la justicia. Entonces, la lógica del cartel se vuelve preponderante en el ejercicio de la política y la justicia no hace nada porque se mueve en esa misma lógica.

La degradación de la institucionalidad democrática en Colombia está tan ligada a la corrupción flagrante de los integrantes del ejecutivo y el legislativo como al contubernio de estos con los encargados de velar por la justicia. Que un fiscal anticorrupción sea corrupto es complejo, pero lo es más si lo nombra un fiscal muy cuestionado por corrupción -que ha engavetado un caso en el cual tenía flagrante choque de intereses- y si está acusado de sobornar a políticos, elegidos por voto popular, corruptos. Asimismo, el respeto y la dignidad que despertaba la investidura propia de las altas cortes se ha diluido. Ello está asociado a los flagrantes casos de corrupción y hasta de posesión de predios expropiados por paramilitares, que han salpicado a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional respectivamente. Esa imagen de magistrado como un ser humano probo, imparcial y garante de la justicia está desdibujada. Aunque hay jueces y magistrados que pueden tener tales condiciones, los hechos evidencian que va tomando cada vez más fuerza la concepción de juez o magistrado como mandadero de los patrones políticos que, gracias a su posición, obtiene beneficios para su patrón y para él mismo.

La firmeza de las maquinarias y su papel trascendental.

El amarre burocrático que Cambio Radical generó desde las elecciones del 2015 y que ha estado, como era de suponerse, ligado a incontables casos de corrupción de diverso cuño es el que permitió que Vargas Lleras pavimentara, literalmente, su carrera a la presidencia. La enorme y avasalladora maquinaria de Cambio Radical, impregnada de corrupción y clientelismo hasta los tuétanos, es la que va a aportar las firmas y la que tiene hoy el caudal electoral que puede llevar a Vargas Lleras a la presidencia. En el partido Conservador, a diferencia de Cambio Radical, no tienen un “patrón” definido, sino que hay facciones y no hay un candidato que cohesione los conservatismos regionales y sus variopintas clientelas.

Ordoñez sabe que perdió la pelea al interior del conservatismo porque algunos sectores no comparten su ideología de extrema derecha y porque pone en peligro lugares clientelares labrados con años de “política” electoral. No hay que olvidar que Ordoñez es destituido por corrupción y que siendo procurador realizó favores políticos de diverso cuño. Entonces, el destituido procurador va a la calle a recoger firmas no para enfrentarse a la maquinaria política del conservatismo -poco cohesionada pero maquinaria al fin y al cabo- sino para demostrarle a esa maquinaria la viabilidad de su candidatura y hacer que enfile todas las baterías hacia su campaña presidencial.

Ambos candidatos antes que despreciar las maquinarias, saben de su importancia y utilizan las firmas como un mecanismo de potenciar lo que tienen y sumar unos que otros buldóceres para construir el camino a la presidencia. Mientras Vargas Lleras ha sido y es el jefe de Cambio Radical, Ordoñez cuenta con algunos vínculos regionales importantes pero que no son rival para Cambio Radical. Pero el interés antes que en la ciudadanía que firme está en demostrar la fuerza necesaria para romper colectividades que hoy no tienen candidato y ven amenazada su vida clientelar. Vargas va a tratar de generar todas las deserciones posibles en la U, el liberalismo y hasta en el Centro Democrático y Ordoñez quiere conquistar para sí el conservatismo y ante todo llegar a ser ungido por Uribe y sus millones de votos. Las firmas sirven para utilizar a los firmantes de a pie y gracias a ellos ganar más fuerza sumando cacicazgos locales y regionales.

Perspectiva para lo venidero y la construcción de la paz.

La actual situación política en nuestro país pone de presente la necesidad de romper el imaginario de que la orientación de la política colombiana en las últimas décadas es la única posible. Ello implica asumir que sí se ha dinamizado un proyecto político cimentado en la desigualdad, la polarización y la cooptación mafiosa del estado por las elites. Pero, asimismo, nos insta a asumir el reto de contraponer a dicho proyecto uno que recupere la discusión pública y la orientación de la política colombiana hacia la construcción de la paz, con las transformaciones sociales, políticas y económicas que ello implica.

La posibilidad de confrontar el proyecto político que se ha consolidado en Colombia pasa por la constitución de escenarios de articulación política que, trayendo a colación la discusión acerca del proyecto de país, permitan poner en escena nuevas posibilidades políticas. No se puede tratar de quién va a cumplir el papel de líder sino de generar una propuesta política que, seleccionando líderes y lideresas, ponga sobre la mesa una perspectiva de construcción de país que se articule en torno a la paz y a los cambios sociales, políticos y económicos que implica construir un país en paz. La entrada en escena del partido de las Farc puede ser la primero de una serie de “pasos” que permitan dotar a la democracia colombiana algún sentido, tornando las elecciones en contiendas en torno a concepciones de país y a ejercicios políticos para llevar a cabo la construcción de tal país.