Marya Hinira Sáenz

* Marya Hinira Sáenz

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Filosofía de la misma institución. En la actualidad es integrante del grupo de investigación en Teoría Política Contemporánea (TEOPOCO) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en el que coordina el Observatorio Posiciónal de Medios (Negociación y Conflicto Armado), y del grupo de investigación en Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, de la Facultad de Medicina

El próximo viernes 22 de septiembre cierra el proceso de observaciones ciudadanas sobre los perfiles de los postulados a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición (CEV). Quiero aprovechar este espacio con tres objetivos: i) desarrollar algunas ideas sobre la importancia de la CEV; ii) hablar sobre el perfil idóneo de quienes deben ser seleccionados como comisionados de la CEV, once en total; iii) hablar del perfil del profesor Leopoldo Múnera como un candidato altamente pertinente para esta tarea, invitando a participar en las observaciones ciudadanas para apoyar su postulación. 

Un contexto sobre la CEV

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, es un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que, como su nombre lo indica, conforma un sistema abocado a funcionar de manera coherente e interconectada.  La extensión del nombre puede resultar un poco engorrosa a la hora de hablar del sistema y es posible que en la práctica terminemos por llamarlo, por ejemplo, el “sistema integral” (sobre todo por la imposibilidad de pronunciar la sigla a menos que no sea deletreándola). Sin embargo, cada uno de los pilares de este conjunto de instrumentos son imprescindibles en términos de los objetivos que se trazaron para el sistema y, de manera general, para abonar los caminos de la construcción de la paz (de una paz estable y duradera, como reza el Acuerdo Final suscrito por las FARC-EP y el Gobierno Nacional) y la reconstrucción de los tejidos sociales, sin duda menoscabados -cuando no hechos trizas- como consecuencia del conflicto armado.

Uno de los mecanismos que conformará dicho sistema es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición (CEV). Como su nombre lo indica, esta comisión persigue tres objetivos: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, contribuir al reconocimiento de las víctimas y de los/as victimarios/as y promover formas de convivencia pacíficas en los territorios. Las razones para crear este instrumento son varias, quizás la más importante de ellas tiene que ver con que el derecho a la verdad es la condición básica para que los otros derechos de las víctimas de delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado sean garantizados. En efecto, sólo si se conoce la verdad sobre lo sucedido es posible castigar a los/as agresores/as (derecho a la justicia) y reparar integralmente a las víctimas. Según Uprimny y Saffón, existen al menos tres formas de acceder a la verdad: a través del proceso judicial (verdad judicial), de espacios institucionalizados para la reconstrucción del pasado (verdad extrajudicial) y de iniciativas no institucionalizadas individuales o colectivas. 1

Durante la desmovilización de los grupos paramilitares, el Estado colombiano privilegió la verdad judicial, pues la única verdad oficial a la que accedían las víctimas (y que siguen accediendo, ya que algunas siguen en los procesos) es aquella que emanaba de las bocas de los postulados durante las versiones libres. Después de más de diez años de implementación de la Ley de Justicia y Paz, la insatisfacción de los derechos de las víctimas ha revelado las grandes limitaciones de la verdad judicial. Dichas limitaciones tienen que ver, al menos, con tres elementos: en primer lugar, la verdad judicial es con frecuencia fragmentaria y parcial en la medida en que está destinada exclusivamente a definir una condena. En otros términos, la verdad es un subproducto necesario del proceso judicial pero no su principal objetivo. En segundo lugar, la verdad judicial es restringida en la medida en que no permite visibilizar causas o patrones estructurales de violencia. Finalmente, el enfoque propiamente punitivo de los procesos judiciales, lejos de fomentar el reconocimiento, el perdón y la reconciliación entre víctimas y victimarios/as, puede aumentar la confrontación, los sentimientos de rencor y venganza. 2

Justamente atendiendo a esto, el Acuerdo Final creó un instrumento de recuperación del pasado que pudiera superar varias de estas limitaciones. La naciente Comisión de la Verdad, al ser un mecanismo extrajudicial (es decir, que lo que allí se narre no podrá ser utilizado como prueba en un proceso judicial), será una institución que se ocupará única y exclusivamente de la reconstrucción plural del pasado violento, poniendo en marcha diversos mecanismos como la recopilación de informes, la realización de audiencias y de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otros. A diferencia de los procesos judiciales, la verdad no será un subproducto, sino el objetivo principal de esta Comisión. Además, ella no indagará únicamente por las consecuencias del conflicto sino por la causas del pasado violento, incorporará diferentes voces, promoverá el perdón y la reconciliación, y su trabajo se verá reflejado, entre otras cosas, en un difícil informe final que deberá recopilar la verdad de nuestros horrores.

Si bien la verdad extrajudicial a la que está abocada la comisión parece ser más garantista que la judicial, a los y las comisionadas les esperan grandes retos. El primero de ellos tiene que ver con el tiempo con el que cuenta este mecanismo para realizar todas sus funciones. Como quedó consignado en el decreto que le da vida, la Comisión contará solo con tres años para cumplir con su amplísimo mandato; además, un mes después de cumplido este tiempo, deberá hacer una presentación pública de su informe final. Teniendo en cuenta no sólo la extensión, sino la complejidad del conflicto colombiano, los y las comisionadas deberán trabajar de manera particularmente ágil y rigurosa para cumplir con los objetivos de la Comisión. En segundo lugar, la Comisión de la Verdad deberá lograr que la gestión del pasado garantice la no repetición y la transformación de una sociedad cuyas lógicas son constitutivamente violentas. En otras palabras, la naciente comisión tiene el reto de vincular verdad, transformación social y política. En tercer lugar, si tenemos en cuenta que Colombia es un país sui generis, en la medida en que ha hecho memoria en medio de la guerra, es posible advertir que la Comisión debe alcanzar algo nuevo y diferente a lo que ya ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica durante los últimos seis años. Así, muy rápidamente los y las comisionadas deberán ponerse de acuerdo sobre el aporte particular y especial que le harán al país en términos de memoria.

¿Cuál es el perfil de un/a comisionado/a?

Teniendo en cuenta lo anterior, el compromiso esclarecedor de los once integrantes de la Comisión debe corresponder a una serie de retos que pasan tanto por su legitimidad e imparcialidad como por su capacidad para hacer frente a esta tarea. En reciente entrevista para El Tiempo 3, Alejandro Castillejo mencionaba algunas ideas a propósito del perfil de quienes pueden asumir este ejercicio. Ante todo, se trataría de establecer de manera más clara en qué consiste el compromiso esclarecedor de los comisionados.

En primer lugar, se trata de entender que el ejercicio de esclarecimiento no pasa solo por determinar actos de violencia específicos (aunque esta tarea es fundamental), sino por evaluar y reconstruir las condiciones históricas que hicieron posibles estos actos, en el marco de la guerra. Esto requiere de un conocimiento profundo sobre la historia del país y de una amplia capacidad de análisis sobre las formas de acción de los actores del conflicto.

En segundo lugar, un/a comisionado/a debe tener la capacidad de tejer dos grandes dimensiones de la verdad: por un lado, la del lenguaje de las víctimas y los actores del conflicto que narran cómo han sido estas décadas de guerra desde sus experiencias más inmediatas. Y, por otro, la de las grandes narrativas del Estado, de la academia y de las fuentes oficiales que establecen una serie de horizontes hegemónicos sobre lo que ha sido el conflicto en Colombia. Un/a comisionado/a capaz de asumir el compromiso esclarecedor requiere de este profundo bagaje en la enrevesada tarea de moverse entre el lenguaje de los que han vivido las violencias de manera más próxima en los territorios y, a su vez, las fuentes oficiales que pretenden aglutinar verdades más generales. La comisión debe ser flexible entre estos distintos registros y esta flexibilidad solo es posible con comisionados/as capaces de recrearla.

Pero para desagregar lo anterior, en tercer lugar, un/a comisionado/a debe tener una vocación de democratizar el ejercicio del esclarecimiento. Esto, cuando menos, en dos sentidos: por un lado, logrando tramitar los complejos pasajes de las experiencias de violencia de los actores del conflicto de una manera aglutinadora. Y, por otro, consiguiendo que esto interpele a la sociedad de manera amplia.

Y, finalmente, un/a comisionado/a debe estar en capacidad de hablarle al poder a través de un resultado integral y socialmente pertinente de esclarecimiento. Este ejercicio va mucho más allá de la creación de un relato erudito para ser publicado y olvidado en una biblioteca. Todo este esfuerzo debe interpelar y enriquecer el resto del sistema de justicia pactado en el Acuerdo, con logros que sean vinculantes de manera balanceada para todos los actores del conflicto. El ejercicio de esclarecer no puede quedar asfixiado y constreñido por determinados intereses en desfavor de otros. Un/a comisionado/a apto/a para esta tarea debe lograr resultados integrales, no parcializados y reparadores en distintos niveles.

 

A propósito de la candidatura de Leopoldo Múnera

Como investigadora, tengo la posibilidad de conocer el trabajo del profesor Leopoldo Múnera porque, por un lado, fue mi profesor en varias de las mejores materias que pude cursar en mis estudios de Ciencias Políticas, y, por otro, porque hemos compartido por varios años el espacio del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia.  Después de varios años de conocer al profesor Múnera, me atrevo a decir que él sabe que sin el esclarecimiento de la verdad no habrá una base sólida para la reparación y la no repetición, y que será vacua la posibilidad de desanclar las relaciones sociales de los órdenes de violencia que se desataron con el desenvolvimiento del conflicto armado. Sabe, también, que esta verdad no será fácil de construir, pues ella deberá ser el resultado de las experiencias de quienes sufrieron de forma directa e indirecta las consecuencias del conflicto y de quienes perpetraron los crímenes; y que estas experiencias no podrán ser comprendidas si se deja de lado el estudio de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que propiciaron y luego permitieron la continuidad de la barbarie. Además, y porque así lo he visto, sé que el profesor tiene la convicción de que la Comisión solamente podrá cumplir a cabalidad su objetivo si incorpora de manera transversal el enfoque de género –que incluye no solo a las mujeres, sino a todas las formas de construcción del sexo y el género– y poblacional –campesinos, indígenas, afrodescendientes–, así como a las especificidades territoriales del país, y si atiende a la diversidad de víctimas que se encuentran en el territorio colombiano y las que han tenido que abandonarlo.

El profesor Leopoldo Múnera tiene un perfil especialmente valioso por varias razones. En primer lugar, ha dedicado muchos años al desarrollo de varias investigaciones importantes sobre las dinámicas de movilización social  y acción colectiva en Colombia. Varios de sus textos son referentes teóricos e históricos sobre distintas expresiones del conflicto en Colombia, desde la perspectiva de los movimientos populares y las víctimas. A la par, el profesor Múnera ha hecho academia también desde el desempeño en cargos directivos como la decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia en 1997, o la Vicerrectoría de esta última, en el año 2000.

Esta amplia trayectoria se complementa con su experiencia en el trabajo con comunidades y movimientos populares en el país. Así, en segundo lugar, el profesor Múnera se ha desenvuelto en procesos de defensa de derechos humanos, construcción de paz y trabajo con víctimas desde distintos escenarios. De ellos, quisiera nombrar la ONG Planeta Paz, donde trabajó durante varios años en el acompañamiento y fortalecimiento de iniciativas populares y territoriales de paz, tanto en la ciudad como en el campo.

Leopoldo Múnera defenderá, sin lugar a dudas, la necesidad de construir una verdad que contemple todas estas dimensiones. Su sólida formación jurídica, su larga trayectoria académica en las ciencias sociales, su amplio conocimiento del conflicto adquirido a partir de su trabajo como defensor de derechos humanos, su férrea defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso hacen que Leopoldo Múnera sea una garantía para todos/as los/as colombianos/as que aspiramos a que la verdad sea la base de una sociedad donde no impere la violencia. Por ello, quiero invitarlos/as a que lo apoyemos por medio de las observaciones ciudadanas que pueden ser hechas en la página del Comité de escogencia del SIVJRN.

El Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición publicó el 11 de septiembre la lista de aspirantes a la Comisión de la Verdad (CEV). Gracias a la postulación de organizaciones populares y de instituciones académicas el profesor Múnera fue escogido en esta primera etapa. Ahora se abre el período de observaciones ciudadanas entre el 12 y el 22 de septiembre.

Si desean realizarlas deben seguir el procedimiento siguiente:

1. Ir al vínculo siguiente: http://www.comitedeescogencia.com
2. Entrar por la pestaña roja, “Ingreso a plataforma para Inscripciones/Observaciones”
3. Registrarse
4. Ingresar e ir a observaciones
5. Escoger el cargo para la Comisión para El Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, escribir mi nombre o mi apellido, teclear buscar.
6. Escribir la observación.

 

  1. Uprimny, Rodrigo  y Saffón, María Paula, 2006,  artículo  “Derecho a  la verdad:  alcances y límites de la verdad judicial”,  en Justicia transicional: teoría y praxis, Bogotá, Universidad del Rosario, 2006
  2. Ibíd.
  3.  http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/algunos-sectores-podrian-frenar-la-comision-de-esclarecimiento-131498