Mauricio Katz

* Mauricio Katz

Profesional con formación en ciencias sociales y políticas, con experiencia en la formulación, gestión y evaluación de programas de desarrollo económico, social, participación ciudadana, convivencia y resolución pacífica de conflictos, con enfoques diferencial, de género y de derechos. Fue consultor entre 2004 y 2012 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD en temas de construcción de paz y desarrollo económico regional; Subdirector del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio entre 1996 y 2002, y funcionario del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP. Desde enero de 2012 se desempeña como Subsecretario de Planeación de la Inversión de la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá

La reciente visita del papa Francisco acaparó el interés de la nación, concentrando la agenda comunicativa, haciéndonos olvidar por lo menos por una semana de todas nuestras pesadumbres, dándonos la posibilidad de reflexionar profundamente, desde una perspectiva espiritual, acerca de la condición humana, particularmente sobre la dignidad, la inclusión, la reconciliación y la paz. Los mensajes del papa podrían ser una oportunidad para analizar las dimensiones de nuestra crisis ética y particularmente para intentar entender la compleja trampa que significa la corrupción tan extendida en Colombia.

La paradoja que vive Colombia en estos tiempos es que justo cuando el país debería estar alborozado por un Acuerdo de Paz que puso fin a más de 50 años de conflicto armado, casi 8 millones de víctimas y por lo menos 60.000 mil desaparecidos como expresión de una tragedia humana de inconmensurables consecuencias, aparecemos tremendamente divididos y enfrentados, pero tal vez más grave con una situación de profundo pesimismo y escepticismo, como lo muestran las más recientes encuestan de opinión, donde el 69% de las personas entrevistadas consideran que las cosas están empeorando y el 89% creen que actualmente el principal problema es la corrupción.1

Hace casi treinta y cinco años, en entrevista con Abelardo Forero Benavides, el entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala, frente al ambiente de corrupción que se vivía, lanzó una de sus frases más celebres que sonaba a una promesa con algo de cinismo: “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.  Hoy esta expresión podría sonar razonable frente a la situación de putrefacción que se viene conociendo en relación con el manejo de los asuntos y recursos públicos.

Si bien ha sido recurrente la sucesión de escándalos de corrupción en Colombia, hoy nos encontramos con la constatación de que es un fenómeno estructural que toca al estado en su conjunto, a todas las ramas del poder, a diversos niveles de la administración, tanto a nivel territorial como central y del cual no escapa el sector privado, que  en muchas ocasiones aparece como corruptor y beneficiario al mismo tiempo.

El contexto muestra el nivel al que ha llegado la corrupción. Este es el caso de Odebrecht, que reveló la evidente transnacionalización del fenómeno, cuando corporaciones mundiales acuden a mercados públicos con sumas ingentes de dinero para ganar para sí grandes obras de infraestructura, pagando por doquier para obtener beneficios a costas del erario público. Hasta ahora, era “normal” que los involucrados estuvieran vinculados a los distintos niveles del poder ejecutivo y legislativo; lo novedoso y aterrador ahora, es el presunto involucramiento de sectores de la rama judicial a nivel de los jueces municipales, los tribunales departamentales y, lo más grave, la Corte Suprema de Justicia y, desafortunadamente, la Corte Constitucional con el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

En efecto, hoy se investiga si algunos magistrados han aprovechado su cargo para enriquecerse negociando sus fallos para favorecer a los implicados; también, informaciones periodísticas revelan como presumiblemente algunos políticos investigados por ‘parapolítica’ compraron fallos absolutorios valiéndose de un abogado, de la misma manera que narcotraficantes negociaron su vinculación como jefes de estos grupos para ser beneficiados con la ley de justicia y paz.

Las dimensiones que ha alcanzado la corrupción muestran varias situaciones. Por un lado, una crisis profunda de valores éticos, generada por el afán de enriquecimiento, el consumismo y el todo vale. Por otro, el fracaso del conjunto de normas legales que paulatinamente anuncian el endurecimiento del andamiaje legal para luchar contra este fenómeno. También, dejan en evidencia el descalabro de las acciones de los denominados entes de control (Contralorías, Procuraduría, Auditoria y Personerías) incapaces de hacer algo efectivo para evitar el desangre del erario público. Finalmente, y con tristeza, hay que reconocer que en muchas ocasiones se registra la ruptura del control social, cuando desde la propia sociedad se justifica, se perdona y se reivindica a personas claramente vinculadas con el robo de lo público.

Los resultados de este acrecentamiento de la descomposición de la moral pública son variados. Primero, un evidente incremento en la desconfianza en la acción del Estado y en su capacidad de gestionar el bien común. Segundo, una banalización de la corrupción que se hace tan cotidiana que la sociedad asimila esta aberración a algo que entra a ser parte de su funcionamiento corriente. Tercero, el saqueo permanente del presupuesto público, donde los grandes escándalos de alguna manera estimulan y legitiman otras formas de pillaje y despojo que significan una extensión del robo al Estado y por esta vía una afectación de los derechos fundamentales de la población.

Aparece una pérdida del sentido de lo público y de la defensa del patrimonio común, con una sociedad en ocasiones impasible, silenciosa, resignada e indolente, que aparece como derrotada asumiendo que la corrupción es una condición inevitable y pasable. Por tanto, la hora de la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia, nos reclama una lucha frontal contra este engendro, porque representa una de las formas más clara de desigualdad, exclusión y perpetuación de la violencia.

Nos urge entender que la ética y la política son indisolubles; no hay posibilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado, sus instituciones y en los partidos políticos, si no resignificamos el sentido de lo político, desde la tradición aristotélica de la búsqueda del bien común o en la profética visión de Francisco al sostener que “hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos; las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes, cuya sangre clama al cielo; las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta; las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye con su mandato en la barca de Pedro: «Navega mar adentro» (Lc 5,4).”2

Recuperar la dimensión ética en la acción pública pasa también por reconstruir un “nosotros”, una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus responsabilidades, actuante más allá de expresar su indignación en las redes sociales, capaz de organizarse y de generar acciones transformadoras. Una sociedad con el valor de rechazar en cualquier sitio y de manera permanente la apropiación de lo público, no solamente lo referido a las contrataciones públicas, sino de todo aquello que pueda ser considerado como un bien público y que pretenda ser apropiado de manera individual e ilegal o inclusive cuyo aprovechamiento pudiendo ser legal afecte la dignidad del ser humano.

 

  1. Gallup Poll #120, agosto de 2017. Bogotá
  2. Papa Francisco en su homilía en Bogotá, 7 de septiembre de 2017.