Sergio Felipe Ayala

* Sergio Felipe Ayala

Egresado de los programas de Ciencia Política e Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Filosofía de la Universidad de los Andes. Estudiante de maestría en economía política en el King’s College London. Miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea – TEOPOCO de la Universidad Nacional de Colombia.

Hoy celebramos, según la ONU, el Día Internacional de la Democracia.

Hace ya diez años que, en noviembre del 2007, la Organización de las Naciones Unidas escogió el 15 de Septiembre como el día oficial destinado a ello1. La fecha fue seleccionada en virtud de que fue también un 15 de septiembre – pero hace veinte años, en 1997– que vio la luz la Declaración Universal de la Democracia2, acogida por la Inter-Parlamentary Union – IPU3 en El Cairo. La primera de tres partes de esta declaración, por demás, establece “los principios de la democracia”, documento con un contenido simbólico de algún modo paradigmático para gobiernos e instituciones que se proclaman demócratas a lo largo del mundo en la escena internacional de las dos últimas décadas.

Yo creo que esta es una buena oportunidad para preguntarse, una vez más, qué significa eso de la democracia. Con ello, qué significan términos como “demócrata”, “gobierno democrático”, “vida democrática” u otras expresiones. Y es que basta ver el repertorio de titulares que aparecen en la opinión pública a la hora de escribir sobre la democracia, y más aún por estas fechas. Vivimos bombardeados de alusiones tales como “los retos de la democracia”, “retrocesos democráticos”, “el miedo a la democracia”, “las amenazas de la democracia” y otros tantísimos llamados de urgencia a proteger algo que parece ser un baluarte inquebrantable. Son poquísimos los que, al son de democracia, no piensan en un valor social e individual incalculable para ser preservado por encima de todo.

La pregunta, entonces, es tan básica como esta: ¿qué es la democracia?

A la mano, en primer lugar, están las definiciones que posan de universales y que son creadas para el consenso normativo. Tanto la IPU en 1997 como la ONU en el 2007 confluyen en una idea de democracia inspirada en la premisa de que ella es un valor universal. Para la ONU, “basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida” (Resolución A/62/7). Para la IPU, un ideal universalmente reconocido basado en “valores comunes compartidos por los pueblos” (Universal Declaration of Democracy).

La existencia de estos “puntos de consenso” internacional sobre el significado de la democracia ha estado atravesada por múltiples contradicciones. Sin duda alguna, en estos significados han quedado parcialmente cristalizadas luchas de largo aliento por un rechazo a fenómenos “anti democráticos” principalmente situados en nuestro pasado inmediato del siglo XX, marcado por dictaduras, fascismo e incluso el complejo y denso concepto de “totalitarismo”. Allí se gestaron variadas formas de negación de libertades y derechos individuales y colectivos, formas que aún hoy viven y resplandecen en nuestro presente común. En rechazo a ello, los “valores democráticos universales” de este tipo de declaraciones movilizaron también, por momentos, agendas políticas que desafiaban el poder totalitario.

Esos puntos de consenso, sin embargo, también han sido levantados –diría incluso que ha sido su función principal– sobre intereses no menos anti-democráticos que los de “los enemigos totalitarios”, solo que con una cara frecuentemente más audaz y discreta. Los países hoy violentamente intervenidos o en ciernes de intervención en nombre de la democracia (Venezuela y Medio Oriente son los ejemplos más inmediatos) a manos del imperialismo de Estados Unidos (y otros actores imperiales) y de las dinámicas del capitalismo contemporáneo, son evidencias de la enrevesada contradicción que implica un estandarte “democrático” valiéndose de mecanismos anti-democráticos (violencia, guerra armada, desinstitucionalización, entre otros) para defender lo que a unos intereses específicos les antoja al hablar de democracia.

Miguel Abensour, filósofo francés recientemente fallecido, nos recuerda cómo detrás de las cruzadas democráticas de la “geopolítica antiterrorista”, esa misma que se despliega en nombre de “la democracia”, hay una idea “demócrata” moderadora identificada con la defensa del Estado de derecho y los regímenes representativos. Esto ha terminado por cruzarse con estandartes profundamente anti-democráticos como las grandes “cruzadas de Dios contra el mal y la tortura” y las “guerras sangrientas” de la geopolítica del anti-terrorismo. Una antinomia de consecuencias mayores es aquella de las antidemocráticas guerras dirigidas a “salvaguardar la democracia”4.

Detrás de la universalización de valores siempre estará el riesgo inminente de que quienes universalizan son “los vencedores”, aquellos que se atribuyen el derecho a universalizar lo que les parece. Por eso hablar de “valores comunes universales” es, frecuentemente, desconocer la historia a través de la cual llegamos a que un “valor común” fuera universal. Que un blanco valiera más que un negro y tuviera más derechos civiles que este último; o un hombre valiera más que una mujer y pudiera aquel tener una voz pública más contundente; o que ser homosexual fuera, a todas luces, un delito. Como normas jurídicas, todas estas cosas están a escasas décadas de nuestro presente. Como instituciones e imaginarios, aún existen en calidad valores enraizados en medio de nuestras “sociedades democráticas”.

Tal vez una clave muy importante para seguir pensando lo que es la democracia –y concediéndole nuevamente un espacio a Abensour– es aquella según la cual esta última, más que un régimen político o un rígido sistema de valores universales que “nos unen” y que tenemos “en común”, es definida por ser una actividad. La actividad de la vida del pueblo, siempre en permanente redefinición y siempre negándose a toda posibilidad de clausura. Una actividad que no tiene un punto de llegada, porque su finalidad consiste en no ser ahogada por todas las amenazas que quieren ahogarla y terminar con ella. La democracia, nos dice Abensour, es la pregunta misma por la democracia, una pregunta de la que solo puede ocuparse la permanente agencia del pueblo plural en el también permanente litigio de la política. La democracia es conflicto permanente. Con ello, una actividad plural que está llamada a nunca terminar. Esta actividad, ahora bien, tiene siempre vocación de libertad, pues los conflictos en sociedad no son por caprichos o ideas descabelladas que salen de las mentes intransigentes de personas perfectamente libres e iguales. Antes bien, los conflictos en nuestro presente, como herederos de una larga historia que llevamos sobre los hombros, tienen nombre propio: racismo, homofobia, machismo, clasismo, despojo, colonialismo, especismo, entre muchos tantos otros.

En Colombia, estos conflictos están además atravesados por una larga guerra. La terminación del conflicto armado en Colombia nos pone al frente, como nunca, la pregunta por el significado de la democracia, esa pregunta inclausurable a la que, según Abensour, debemos abrirnos activamente y en conjunto. Si la política ya no son las armas sino “las vías democráticas”, tenemos al frente un sin fin de cuestiones que confluyen en el gran interrogante de la democracia. ¿En qué consiste el conflicto ahora? ¿Cómo lo tramitamos? ¿Realmente dejamos de vivir en una sociedad violenta? ¿O la violencia sistemática del Estado y del para-Estado siguen operando y de qué modo? ¿En qué consisten nuestros consensos y acuerdos como sociedad en este tiempo? ¿Cómo dar la cara a todo ello nos abre posibilidades para vivir más democráticamente? (cosa curiosa que, para el 2017, la ONU escogió como tema especial del Día Internacional de la Democracia la “prevención de conflictos”).

De algún modo, sigue siendo crucial que afrontemos esta pregunta como sociedad, ampliamente, y en una participación que incluya de la manera más masiva posible a todos aquellos que usualmente no participan. A los grandes que ejercen el poder político y económico el país se les ha escuchado durante siglos. A la mayoría, en cambio, se la ha utilizado instrumentalmente para legitimar decisiones restringidas y poco democráticas.

Por estos días justo hay un debate que ronda la opinión pública nacional a propósito del significativo porcentaje de candidaturas avaladas a través de firmas y no de partidos para las elecciones del 2018. Una buena parte de las posiciones se ha aglutinado bajo un supuesto antagonismo: son “los caudillos” versus “la democracia de partidos”. Siguiendo este razonamiento, habría que defender el fortalecimiento de los partidos políticos en el país para coartarle el paso al caudillismo. No obstante, en mi opinión, la historia del caudillismo en Colombia está fuertemente atada a nuestra historia de partidos, en la medida en que estos últimos, tal cual se han configurado, han sido decisivos no solo para consolidar las más fuertes figuras patronales de los mismos y las mismas en el poder, sino para establecer duras murallas frente al acceso al poder público de parte de expresiones políticas alternativas.

Sin desconocer lo complejo de la discusión, lo que creo es que el reto está más bien, por un lado, en ver cómo hacer que se mueva la gente de a pie –los que nunca participan– hacia la política. Y, por otro, en que lo anterior repercuta positivamente en un posicionamiento más claro de distintos sectores históricamente excluidos (campesinos, comunidades étnicas de distinto tipo, luchas contra el patriarcado, sindicatos, estudiantes, etc.) que de algún modo sí participan en política pero son perseguidos y marginados por la fuerza y la violencia en virtud de sus reivindicaciones, justamente porque ellas no son compatibles con muchos de los “valores universales” que han terminado por instalarse profundamente en los imaginarios hegemónicos.

A mi juicio, al hablar de democracia hoy en Colombia, una de las grandes preguntas es la de cómo establecer un campo político cada vez más amplio, en el que las decisiones comunes sean efectivamente comunes, amplias en cuanto más se pueda, y que cuando alguien distinto a quienes detentan el poder se interese por participar y alzar su voz en los asuntos comunes, no se le calle con balas, desapariciones y violencia.

 

 

  1. Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/62/7 del 8 de noviembre de 2007. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/7
  2. IPU. Universal Declaration of Democracy. Disponible en: http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm
  3. La Inter-Parlamentary Union – IPU (Unión Interparlamentaria) es la organización internacional de los parlamentos, esto es, la organización en la que están representados los poderes legislativos de los gobiernos nacionales en el mundo.
  4.  Miguel Abensour (2011) prólogo a la edición italiana de La Democracia contra el Estado.