Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

En días pasados, el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, dio a conocer las personas seleccionadas para conformar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Analistas y académicos han coincidido en que la selección de la JEP fue plural y en ella hay personas con altas capacidades profesionales y éticas para afrontar los retos que exige esta jurisdicción. También hay un amplio consenso en que Luz Marina Monzón, nueva directora de la UPBD, fue una excelente decisión, dada su trayectoria de defensa de derechos humanos.

A pesar de esto, diversos actores de la vida pública han iniciado una campaña de desprestigio en su contra. El Centro Democrático impulsó una tendencia en Twitter en la que calificaron a la JEP de “justicia para la venganza”. Por su parte, las asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa (entre ellas, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro –ACORE–) enviaron una carta al Comité de Escogencia atacando a la Luz Marina Monzón, al señalarla de enemiga de las fuerzas militares.

El común denominador de la campaña del Centro Democrático y la carta de la reserva activa es la asimilación de la defensa de derechos humanos como una actividad enemiga del Estado. Muchos de los integrantes de ese partido que participaron de la campaña, adujeron que la presencia de integrantes de ONG afectará a las fuerzas armadas, propiciará montajes contra altos mandos militares y, por qué no, buscará enjuiciar al senador Uribe Vélez.

La estigmatización de integrantes de la JEP y la directora de la UPBD es un ataque directo a la justicia transicional acordada entre el Estado y las FARC. Busca crear un manto de duda previo para luego deslegitimar cualquier decisión que tomen estos mecanismos, bajo la acusación de persecución política. Sin embargo, como estrategia política, este tipo de ataques no son nuevos.

La defensa de derechos humanos, la participación política de grupos de izquierda, el sindicalismo, entre muchas otras expresiones de las luchas sociales, han sido estigmatizadas históricamente en Colombia. En los procesos de reforma agraria de la mitad del siglo XX, terratenientes ya acusaban a nacientes organizaciones como la ANUC de querer robar la tierra para implantar el comunismo en Colombia. En la década del 80, líderes sociales fueron enjuiciados en tribunales verbales de guerra acusados de subversivos. En la década del 90, la justicia sin rostro judicializó a activistas sindicales bajo la acusación de terrorismo. En el gobierno de Uribe Vélez se acusó a defensoras/es de derechos humanos de voceras del terrorismo. En los últimos 20 años, las fuerzas militares han posicionado ante la opinión pública que existe una guerra jurídica liderada por ONG que busca neutralizar las acciones militares (para algunos líderes de la derecha, la JEP es el máximo logro de esta guerra jurídica).

La asimilación de la defensa de derechos (ONG que acompañan víctimas, sindicatos que defienden sus derechos, líderes sociales que buscan mejorar las condiciones materiales de sus comunidades, etc.) con el enemigo tiene múltiples consecuencias: impone un estigma que propicia la violencia en su contra; traslada la responsabilidad de los ataques de los responsables a la víctima (“algo habrá hecho”); consolida un ambiente de miedo social; aumenta la desconfianza hacia las personas que ejercen esta actividad y desestimula el involucramiento de las comunidades en el activismo social y político.

La acusación a defensoras/es de enemigos del Estado se ha naturalizado. Es esta realidad la que tendrán que afrontar los mecanismos de justicia transicional. En los casos donde se establezcan responsabilidades estatales por violaciones manifiestas de derechos humanos, se dirá que el tribunal para la paz está cooptado por los enemigos de las instituciones; cuando las víctimas hayan sido líderes sociales y defensoras/es de derechos humanos, se les acusará de ser guerrilleros y terroristas; cuando no haya más argumentos para atacar las decisiones judiciales, se excusarán diciendo que fueron hechos aislados. Esta fórmula impide un proceso de rendición de cuentas real que genere condiciones de no repetición. Y sin esto, el potencial de la justicia transicional y su carácter restaurativo no cambiará, en lo más mínimo, la forma en que se garantiza la oposición política y el activismo social en Colombia.