Julie Massal

* Julie Massal

Doctorado en Ciencia Política, Universidad Aix-Marseille III, Instituto de Estudios Políticos de Aix-en- Provence (Francia). Post-doctorado de la U. Rovira i Virgili, Tarragona (España). Becaria Lavoisier (2001-2002) del Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia). Investigadora y profesora del IEPRI-UN desde 2005 e investigadora asociada de FLACSO-Ecuador (desde1999). Ha trabajado sobre los movimientos sociales indígenas y su participación en los procesos de democratización en el Área Andina (Bolivia y Ecuador especialmente). También ha trabajado (postdoctorado y proyectos) en el tema de la migración latino-americana a Europa. Titular de la Maestria Profesional en Oficios de libro de la Universidad de Bourgogne en Dijon, Francia, 2017 (mencion Bien).

Una fuerte arremetida contra el código laboral desde el gobierno Macron.

El Ejecutivo usó el procedimiento de las ordenanzas1, que le permite promulgar la reforma en un tiempo reducido y sin modificación alguna, una vez concluida la negociación entre representantes del mundo patronal, de los asalariados y del gobierno Macron. Publicadas el 31 de agosto, las ordenanzas entraron a regir desde el 23 de septiembre, después de su adopción en Consejo de ministros el 22 de septiembre y su inmediata publicación en el Boletín Oficial. Este procedimiento pretendía acelerar la reforma en nombre de la eficacia gubernamental para aplicar su programa económico y político. Y aunque el presidente se considera legítimo en hacerlo, dicho procedimiento elimina cualquier debate parlamentario. Aunque el parlamento tiene ahora teóricamente un plazo de tres meses para modificar dichas ordenanzas, es muy poco probable que lo haga pues la mayoría presidencial apoya el proyecto gubernamental.

Así, estamos presenciando una nueva arremetida en contra del código laboral,  apenas un año después de la anterior, en la primavera de 2016, que dio lugar a la Ley Trabajo (o Ley El Khomri). Esta nueva reforma profundiza aún más los objetivos de la Ley Trabajo y reintroduce varias medidas que fueron descartadas entonces2. Aunque existe una multitud de cambios de diversa índole, complejos de sintetizar, podemos resaltar dos grandes orientaciones. Por un lado, se propicia una “flexibilización laboral” mayor, en aras de facilitar los despidos pero volviendo más ágil el procedimiento de recontratación, en función de los vaivenes de la coyuntura económica. Y por otro lado, se fomenta una renegociación de las condiciones laborales en cada empresa, incluyendo los salarios, horarios y demás aspectos de la vida laboral diaria. También se modifican las reglas del juego de la negociación, en detrimento de la relación entre los trabajadores y los sindicatos.

El resultado más notorio es que un acuerdo de empresa está por encima del código laboral, lo cual representa una inversión fundamental en la jerarquía de las normas y se fomenta una fragmentación del derecho laboral. Por lo demás, se incrementan las disparidades entre sectores, entre empresas y entre asalariados, al promover diversos estatus y contratos laborales; además, se disminuyen las compensaciones que recibían los asalariados injustamente despedidos cuando atacaban el empleador ante el tribunal profesional competente. En general, se facilitan los despidos sin motivo claro y sin posibilidad de contestación. Pero es curioso observar que una parte de las medianas y pequeñas empresas, supuestamente beneficiarias de esta reforma, señalan que su mayor impedimento para contratar es la falta de actividad económica y de pedidos, mas no la supuesta rigidez  del código laboral.

Una movilización social incipiente pero dividida.

Apenas se dio a conocer el texto de las ordenanzas, los principales actores sindicales3, incluso los más favorables a la negociación gubernamental, han manifestado como mínimo su decepción y su descontento. Ese descontento está creciendo a medida que los sindicatos van descubriendo los vericuetos de la reforma, de la cual no tenían un pleno conocimiento hasta el 31 de agosto. Este desconocimiento se debe al procedimiento mismo de la negociación: había un secretismo tal, que los sindicatos involucrados en la negociación ni siquiera tenían acceso al texto completo, recibían información divergente en cada reunión con el gobierno – reuniones llevadas por separado con cada actor – y no podían llevarse el texto por fuera de las reuniones ministeriales. En pocas palabras, el gobierno le apostó a la desunión sindical, sembrando confusión sobre lo acordado o no. Y lo logró, hasta cierto punto.

La Confederación General de Trabajadores (CGT), también oponente a ley El Khomri, se expresó en contra, aduciendo que el texto confirmaba sus peores temores. En efecto, la CGT considera el texto de las ordenanzas como un “ataque inédito no solo a los asalariados sino también a los desempleados y los jubilados4. En las demás organizaciones sindicales, laborales y estudiantiles, nuevas voces de inconformismo van apareciendo, ya sea en la dirigencia o en las bases. La primera movilización convocada por la CGT el pasado 12 de septiembre tuvo mayor convocatoria de lo que se anticipaba en las altas esferas (alrededor de 500 mil personas según los organizadores, y 220 mil en el discurso oficial y mediático). Cabe destacar que se juntaron incluso algunas bases del sindicato Fuerza Obrera (FO), aunque su dirigencia se declaró a favor del texto gubernamental. Pero la marcha del 21 de septiembre evidencia que la movilización sigue siendo débil (se evalúa oficialmente a 132 mil manifestantes y no hay cifra oficial de los organizadores). Otros actores poco a poco empiezan a pronunciarse: se han anunciado marchas de jubilados (28 de septiembre); hay llamados a la huelga en el sector de transportes terrestres (desde el lunes 25 de septiembre) o en el sector público (10 de octubre). Finalmente, el mayor oponente al gobierno, el partido Francia Insumisa (FI) de Mélenchon (que tuvo 19% en la contienda presidencial y ganó un grupo de 30 diputados), ha llamado a marchar en París el 23 de septiembre contra el “golpe de estado social” del gobierno. La dispersión de las fuerzas de oposición solo confirma las persistentes dificultades de las diversas voces en la izquierda para unirse.

 

Un discurso gubernamental que no cala en la población, más allá de la izquierda.

No obstante esta débil capacidad de convocatoria de los sindicatos, es llamativo que gran parte de la población se muestre muy escéptica frente a la reforma laboral y la política económica de Macron. Según un sondeo publicado el 18 de septiembre en Libération5, los franceses no le creen al gobierno que pretende justificar su reforma del código laboral como una manera de generar más empleo y agilizar la contratación.

Si bien el 58% consideran que el derecho laboral tiene un impacto negativo sobre el empleo, son 5 puntos menos que hace dos años, es decir, antes de la ley El Khomri (2016), que también prometía mejorar el nivel de empleo. Este argumento, según el cual hay que volver el derecho laboral menos rígido para estimular el empleo, que es la principal razón aducida por el gobierno para apuntalar dicha reforma, parece ser cada vez menos convincente.

Al contrario, 55% de los entrevistados consideran el vigente derecho laboral como insuficientemente protector; 50% cree que las ordenanzas no ayudarán a las grandes empresas a crear más empleos, 68% que llevarán a más despidos y 65% que estas debilitarán el papel de los sindicatos. Asimismo, 60% piensa que la reforma incrementará la precariedad de los asalariados. En este punto, todo parece indicar que el discurso gubernamental falla en calar entre la población, incluso más allá de la oposición de izquierda. Ahora bien, también es destacable que pese a ello, solo el 30% apoya la marcha del 23 de septiembre (el resto se divide más o menos por igual entre indiferencia y oposición).

En conjunto, la población francesa es escéptica frente a la política económica gubernamental, pues el 53% de los entrevistados la ve a como favorable para los más privilegiados. Esto se debe a una serie de anuncios que han prendido las alarmas. Por un lado, la supresión del Impuesto a la Fortuna sobre el patrimonio inmobiliario ya está vigente, mientras que las medidas para revalorizar el poder adquisitivo de la clase media se aplazan para el año entrante, en el mejor de los casos. Según el propio gobierno, los resultados de la reforma laboral a lo mejor llegarán al final del mandato. Pero el anuncio más explosivo, entre tantos que hubo, fue la disminución de cinco euros mensuales (alrededor de 15 mil pesos colombianos) de las ayudas para el acceso al alojamiento (APL) que benefician a la población estudiantil, desempleada o precaria y los jubilados con pequeñas pensiones.

La nueva reforma laboral, punta de lanza del programa económico de Macron, tendrá altos costos sociales y políticos. En pocos meses, el presidente ha prendido varios incendios, desacreditando el poder legislativo o estigmatizando la oposición, al afirmar durante sus viajes a Rumania que “Francia es imposible de reformar” o a Grecia que los franceses son “perezosos, cínicos y llevados a los extremos”. Semejante discurso no es su primera salida de tono despectiva y solo alimenta, de forma poco responsable, una innecesaria polarización social. Como si fuera poco, Macron esgrime el clásico lema de los gobernantes según el cual “la democracia no es la calle”6, un argumento simplista que contrasta con el seudo “pensamiento complejo” que él mismo se adjudica. Algunos susurran que a Macron, quien fue el candidato de un movimiento llamado “En Marcha”, no le gustan todos los caminantes7. Muy lejos de la renovación política prometida, el presidente francés ha intentado evitar cualquier verdadero debate político, mientras su popularidad cae en picada.

 

  1. El procedimiento permite al ejecutivo negociar y redactar un texto de reforma que se expide en tanto reglamento, ratificado en el Consejo de ministros y publicado al Boletín Oficial, lo que permite que entre en vigencia de inmediato. Luego se  abre un periodo de tres meses en el que el parlamento tendrá la facultad de modificar la reforma.
  2. Una comparación entre ambas es disponible en Le Monde, 21-09-2017: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/21/la-reforme-du-code-du-travail-est-elle-vraiment-une-loi-el-khomri-xxl_5188926_4355770.html
  3. Salvo Fuerza Obrera (FO) que ha sido el actor más “receptivo” a la modalidad de negociación del gobierno.
  4. Entrevista con P. Martínez, representante de la CGT en Basta, 8-09-2017 : https://www.bastamag.net/Philippe-Martinez-CGT-Une-telle-attaque-contre-le-monde-du-travail-les-chomeurs
  5. Libération, 18-09-2017 (versión impresa), según el sondeo de la empresa Viavoice.
  6. En una entrevista con C. Amanpour en CNN, el 19 de septiembre de 2017.
  7. RFI, 21 de septiembre de 2017 (crónica humorística de A. Pontus).