A propósito de la masacre de Tumaco

Los cultivos de coca en Colombia están en el ojo del huracán y en el centro del éxito o del fracaso del Acuerdo de la Habana en su objetivo principal: terminar una guerra y sacar el narcotráfico de la ruralidad, la política y la economía.

El puerto de Tumaco, ubicado en la región pacífica del departamento de Nariño, es el territorio más emblemático de esta encrucijada: el 16% del total del área sembrada de coca en Colombia (alrededor de 23.148 hectáreas) se concentra en este municipio1.

Esta realidad explica el impacto que tuvo la masacre ocurrida el 5 de octubre en las veredas Alto Mira y Frontera, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, en la que fueron asesinados 8 cultivadores de coca y 20 más resultaron heridos en hechos que las organizaciones atribuyen a disparos de la Policía antinarcóticos.

La masacre es el resultado de una tensión acumulada. Desde el 28 de septiembre cerca de 1.000 campesinos cocaleros realizan lo que denominan “cercos humanitarios”, una movilización permanente alrededor de las plantaciones de coca para evitar las operaciones de erradicación forzada por parte de la Policía Nacional. Además, desde el inicio de la implementación del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, tanto en Nariño como en otros departamentos2, las mafias del narcotráfico han iniciado una campaña de amenazas para impedir que las asociaciones campesinas acepten la sustitución concertada. Como resultado de estas presiones varias familias campesinas y líderes comunales de Tumaco se han desplazado.

Así pues, en el departamento de Nariño confluyen pequeños cultivos (potencialmente objeto de sustitución concertada) y grandes plantaciones de coca controladas por mafias de la droga (que no pueden ser objeto de sustitución). No obstante, la acción de la Fuerza Pública es indiscriminada, no distingue entre pequeños y grandes cultivadores. De manera que, los pequeños cultivadores están entre la espada y la pared: de un lado, las mafias que los presionan para que sigan cultivando y expandan los cultivos, de otro lado, el Gobierno y las FARC promueven la sustitución y, por supuesto, el Ministerio de Defensa que, siguiendo la estrategia del gobierno de Estados Unidos, impone la erradicación. Al final, los más afectados son los campesinos pobres y sus familias, cuyo único sustento es la hoja de coca.

La implementación del Acuerdo

Como varias historias en Colombia, esta es la crónica de una tragedia anunciada y quizás no la última. A partir del inicio de la implementación del Acuerdo de la Habana, el campo ha vuelto a emerger como el punto de inflexión entre la guerra y la paz.

El Acuerdo promueve una sustitución de cultivos ilícitos para pequeños cultivadores desde los principios de voluntariedad, gradualidad y concertación. En caso de que no se logre una concertación, el punto 4 del Acuerdo prevé que el “Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir”3. Sin embargo, con las presiones del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno ha optado por una doble estrategia del “50/50”: 50.000 hectáreas por sustitución concertada y 50.000 hectáreas por erradicación forzada como meta para el año 20174. A partir de esta fecha, los enfrentamientos no cesan. Como lo indica un líder campesino “vienen los funcionarios para explicarnos y pedirnos firmar los acuerdos de sustitución, y al otro día llega la policía y el ESMAD a arrancarnos la mata, y sin mata entonces qué sustitución”. En lo que va corrido de 2017 se han registrado por lo menos cinco enfrentamientos entre cocaleros y policía:

Enero – Abril: manifestaciones cocaleras en Nariño y cierre de la vía al mar5

Julio: enfrentamientos entre Policía Nacional y cocaleros en el Guaviare6

Julio: enfrentamientos entre Policía Nacional y cocaleros en Meta y Caquetá7

Septiembre: manifestaciones cocaleras en el Catatumbo – Norte de Santander8

Octubre: muerte de ocho campesinos cocaleros en Tumaco

En este contexto, la masacre de Tumaco es una desgarradora historia de un conflicto que viene gestándose desde el inicio de la implementación del Acuerdo y que tiene al menos dos bases: en primer lugar, la política contradictoria que traslapa  erradicación forzada con sustitución concertada y, en segundo lugar, la grave estrategia histórica del Estado colombiano de “firmar lo exigido, para incumplir lo pactado”. Esta estrategia se ha decantado desde hace más de un siglo en un ciclo vicioso de violencia-negociación-acuerdo-incumplimiento-violencia.

La cuestión campesina detrás de la coca

Desde que fue introducida por los carteles de Cali y Medellín a finales de los años 70, la coca, más que un cultivo, se ha convertido en un eje de las dinámicas económicas, políticas y sociales del territorio en el sur del país. La coca aparece en Putumayo y Nariño cuando las políticas agrarias de Carlos Lleras Restrepo entran en declive. Con la liquidación del Instituto de Mercadeo Agropecuario –IDEMA–, los colonos de Putumayo se quedan sin apoyo oficial y ante la caída de los precios, encuentran en la coca una alternativa. En los años 90 se inicia la erradicación; los Programas de Desarrollo Alternativo –PDA– (durante el gobierno de César Gaviria) y posteriormente PLANTE (gobierno Samper) prometen a la población salud, educación, vías y desarrollo a cambio de arrancar la coca, pero lo único que realmente llega es la erradicación, sin salud, ni educación ni opciones viables de agricultura. En este contexto irrumpe la protesta social que se expresa en el paro cívico del 94 y las marchas cocaleras del 96 para exigir al Estado el cumplimiento de alternativas económicas para la sustitución. Los Gobiernos firman, pero nunca cumplen. En el 97, irrumpe el Bloque Sur de las AUC y genera desplazamientos masivos.

En medio de la violencia, esos campesinos salen de Putumayo, van a colonizar nuevas tierras y pierden sus derechos sobre las que poseían. Algunos de ellos llegan a zonas como el Alto Mira, en Tumaco, donde el cultivo de coca encuentra un buen nicho, un territorio con río, montaña, frontera y tierra pero sin propiedad, en el que se entrecruzan las luchas por la tierra de colonos y de los consejos comunitarios afrodescendientes.

El Acuerdo de la Habana afirma que el problema no es de erradicación sino de alternativas económicas. El Punto 4.1 de sustitución de cultivos debe estar completamente articulado con el Punto 1 de Reforma Rural Integral. Es decir, tanto el Estado como las FARC-EP reconocen que arrancar la mata no basta, se requiere titulación de tierras (punto 1.1), programadas de desarrollo (punto 1.2 – PDET) y planes nacionales que lleven vías, conectividad, salud, educación y vivienda a las zonas rurales del país.

Sin embargo, la clase política colombiana no escucha a los expertos. Desde el 2002 Darío Fajardo ha insistido en que “para sembrar la paz hay que aflojar la tierra”, pero en el Congreso de la República se combina la dilación de los debates con la modificación de lo acordado y aún no se aprueba el primer proyecto de ley que contribuya a la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz –OIAP–, la implementación normativa de los puntos 1 y 4 sólo alcanza un 6,9%. Los grandes caciques regionales siguen amarrados a la tierra y con ella, a la violencia.

Así pues, la paz aún no llega al campo. La Fuerza pública dispara, los grandes narcotraficantes amenazan y el Estado no ofrece alternativas. La Policía vendrá a erradicar y se irá, como suele hacerlo; las políticas sociales no llegarán, como suele pasar. En estas circunstancias se revive el desplazamiento forzado.

¿A quién le interesa entonces la erradicación? La historia de las marchas cocaleras de los 90 lo revelan con claridad: con la salida de los campesinos, los grupos armados mafiosos toman control del territorio, tanto de la circulación como de los cultivos (que incluso erradicados volverán a ser sembrados), cualquier derecho de propiedad campesina se pierde y la paz se posterga otras cuantas décadas.

 


 

*Monica Arias Fernández es Doctorante en Filosofía Política
Universidad Paris 7 Denis Diderot

  1. Datos tomados del informe SIMCI 2017 sobre cultivos ilícitos para el año 2016, consultado el 13/09/2017. Ver: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
  2. ver el caso del asesinato de dos líderes cocaleros de Córdoba en enero de 2017 en: https://www.las2orillas.co/a-sangre-y-fuego-las-autodefensas-gaitanistas-buscan-retomar-uraba/
  3. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón.  P. 107. Consultado el 05/10/2017 en:http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
  4. Ver: https://www.elespectador.com/noticias/paz/gobierno-espera-erradicar-100000-hectareas-de-cultivos-ilicitos-en-2017-articulo-702534
  5. Ver: http://www.elpais.com.co/judicial/tumaco-sigue-paralizada-por-protestas-de-cocaleros.html
  6. Ver: http://www.rcnradio.com/locales/meta/un-policia-retenido-y-varios-campesinos-desaparecidos-dejan-protestas-cocaleras-en-guaviare/
  7. Ver: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/enfrentamientos-entre-cocaleros-y-la-policia-en-meta-y-caqueta-articulo-703626
  8. Ver: https://www.laopinion.com.co/region/tension-por-erradicacion-de-coca-en-el-catatumbo-140221