Edgar Ricardo Naranjo

* Edgar Ricardo Naranjo

Maestrante del programa de Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) estado de Chiapas, México. Politólogo de la Universidad del Rosario. Ha trabajado como asistente de investigación en el marco del proyecto “Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena” en el que participó como tallerista en la ciudad de Valledupar y las comunidades de Besotes y Guatapurí en la Sierra Nevada de Santa Marta. También posee conocimientos de los siguientes temas: Movimiento obrero y movimiento indígena en Colombia, Derechos Humanos, Conflicto armado, Desplazamiento forzado, Movilización legal y litigio estratégico. A su vez ha utilizado las herramientas teóricas del análisis del discurso propuesto por Ernesto Laclau para comprender los campos discursivos de los movimientos sociales. Actualmente se encuentra trabajando aspectos relacionados con la ocupación y el despojo de territorios indígenas.

Los aires de cambio en lo mediático sobredimensionan con sus medios (televisión, radio e internet) las expectativas de los(as) colombianos(as) y la comunidad internacional frente al proceso de paz que se viene promocionando de la misma manera que una Coca-Cola en el horario estelar. La comercialización del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, además de presuponer el fin del conflicto armado, determinaría la presencia institucional del Estado colombiano en las regiones del país, aspecto que se ha ido evidenciando con la presencia de la fuerza pública, único referente estatal. En esta construcción de la paz y el regreso de la institucionalidad (fuerzas militares y policía nacional) los asesinatos, amenazas y desplazamientos se siguen perpetuando; no basta señalar y denunciar el asesinato de siete  campesinos en Tumaco, el asesinato de la comunicadora indígena Efigenía Vázquez Astudillo en el Cauca y el asesinato de un líder indígena en la serranía del Baudó en el Chocó, todo esto en el mes de octubre.

Mientras se siguen sumando víctimas en los tiempos del perdón, la reconciliación y la reparación integral; el despojo de los territorios más afectados por la violencia política, económica y militar nos lleva a identificar las nuevas estrategias de este fenómeno, las cuales se sustentan desde la legalidad y responden al favorecimiento de proyectos agroindustriales, muchos de ellos financiados por élites políticas regionales o el crimen organizado (la mayoría de las veces narcotráfico). Si bien se han adelantado los recursos administrativos de la restitución de derechos territoriales (estudios preliminares, caracterizaciones territoriales, inscripción en el registro de tierras despojadas e instauración de demandas), la etapa judicial (medidas cautelares y sentencias) no logra avanzar debido a la poca respuesta de la burocracia estatal; en este sentido pareciese que la jurisprudencia producida sobre el tema sobrepasara, por un lado, los campos de acción de las entidades gubernamentales y, por el otro, las medidas judiciales como si estuvieran fuera de contexto.

Desde esta perspectiva, el despojo territorial en Colombia debe ser analizado como un proceso histórico que al componerse de varias etapas, se fundamenta por la construcción institucional del territorio, en función de la valorización económica de los lugares dotados de sentido bajo tres categorías: colonización, explotación e inversión. Desde esta perspectiva, existe una relación intrínseca entre la producción institucional del espacio concebida a partir de la aplicación de varios modelos de ordenamiento territorial (Serje, 2005; Borja, 1996; Borja y Nieto 2005) y la evolución de la política de tierras cuya transformación giró en torno al crecimiento y fortalecimiento de la economía nacional (LeGrand,1988; Zuleta, 1973; Machado, 2009).

Sin embargo, esta apropiación territorial institucional no logró materializarse en todo el territorio nacional y su aplicación se vio limitada por causa de las dinámicas de guerra propias del conflicto armado colombiano, factor que nos lleva a identificar la primera estrategia del despojo en Colombia, la violencia armada, cuyo referente constitutivo se ubicaría con la disputa territorial entre el Partido Conservador y el Partido Liberal en las décadas de 1930 y 1940, en donde los campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras y estás fueron apropiadas por los terratenientes liberales o conservadores, según su nivel de control y dominio en cada región (Machado, 2009).

Bajo esta misma línea de acción, en un contexto actual, los territorios comenzaron a ser disputados por actores armados ilegales (narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares) quienes con su accionar agudizaron el desplazamiento de la población con el fin de materializar sus objetivos militares y económicos en los territorios que iban contralando paulatinamente. En esta lógica, el cultivo de coca y la producción de cocaína fundamentó el usufructo de estas tierras despojadas, pero si seguimos con atención el proceso en las regiones del Cesar, Córdoba, el Urabá antioqueño y chocoano (bajo Atrato), veremos que el conflicto armado sirvió para vaciar los territorios habitados-significados, expandiendo el negocio de la agroindustria y el monocultivo.

Uno de los casos emblemáticos para describir este fenómeno, es el de Curvaradó y Jimiguandó en donde de la noche a la mañana se consolidaron cultivos de palma africana cuyo límite se extendió de manera considerable por los confines de los Concejos Comunitarios constituidos con el reconocimiento de la Ley 70 de 1993. Todo esto se dio tiempo después de que los paramilitares hicieron presencia en la zona con su control y accionar delictivo, lo que generó el desplazamiento forzado de campesinos y afrodescendientes. Los empresarios de la palma ocuparon estas tierras y las pusieron a producir; posteriormente, y en el marco de un proceso judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro, se demostró que las áreas ocupadas habían tenido el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó, razón por la cual estos registros fueron anulados, en este mismo sentido se demostró que las resoluciones del INCODER presentadas por los empresarios de la palma habían sido modificadas y, por ende, no tenían ninguna validez (Montero, 2011).

La maquinaria de la guerra proveía el espacio que desde este punto de vista estaba destinado para el usufructo y el enriquecimiento privado, la ley sustentaría la acumulación por desposesión, elemento recurrente en la historia política y económica de nuestro país. En este caso particular las estrategias del despojo legal tienen cabida en el aparato burocrático colombiano, cuyo retardado accionar perpetúa el tan bien remunerado negocio de las tierras. Este escenario en el que la falla es producida por el sistema, los recursos para apropiarse de la tierra comunitaria son innumerables.

Al intentar trazar una línea de sucesos que se corresponden para robar, tendríamos que empezar por ubicar la grieta más grande, esta se encuentra en las resoluciones del INCORA o el  INCODER, cuya definición de los límites de territorios colectivos, en la mayoría de los casos, se encuentran mal delimitados y no concuerdan con la realidad. En algunas ocasiones se incluyen predios privados y, en otras, la delimitación del territorio queda incompleta. Es en este punto en donde los buscadores de tierras, respaldados últimamente por lo actores armados, logran apropiarse de porciones considerables de hectáreas adjudicándoselas a una o varias personas; los tan sonados terceros ocupantes arriban al territorio con el fin de apoderarse de una fracción de tierra para venderla posteriormente, continuando así con la lógica de la acumulación y del aprovechamiento económico de la agroindustria. En este mismo sentido, los empresarios de este sector, en búsqueda de vacíos legales constitutivos de los territorios colectivos, encuentran diversas formas de invertir en ellos; si bien reconocen que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, celebran convenios con las autoridades respectivas para obtener el aprovechamiento de hectáreas en territorios colectivos o individuales.

Desde la esfera institucional, se ratifican leyes (ZIDRES) y se promueven proyectos de ley (Ministerio de Agricultura) en donde se incentiva la inversión privada de la tierra, brindando los mecanismos legales para que los empresarios puedan acceder de manera directa a los baldíos que podrían ser adjudicados a campesinos, afrodescendientes o indígenas, que fueron despojados de sus tierras en el marco del conflicto armado. El desafío de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entonces, además de corregir las fallas sistémicas en materia de tierras, es el de modificar la política de inversión pública en torno a la promoción de los monocultivos en los territorios colectivos, reforzando otros modelos de desarrollo locales, basados en la soberanía alimentaria, la sustentabilidad y la salvaguarda ecológica del territorio.

Trayendo esta temática a colación podríamos cuestionarnos, una vez más, sobre el nivel de cumplimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 del 2011) y sus decretos étnicos (4635 y 4633), ampliando de esta manera los vacíos de un sistema institucional centralista carente de voluntad política. Sin embargo, se deben vislumbrar otro tipo de desafíos, esta vez desde las perspectivas y visiones de los pobladores de estos territorios amenazados por la agroindustria; En este sentido, más allá de conocer e interpretar la ley, el fortalecimiento organizativo debería ser permanente, pues permite que los procesos reivindicativos  adquieran un mayor nivel de apropiación colectiva. Al seguir esta ruta de identificación con los mecanismos de decisión y participación locales-comunitarios, el reconocimiento del territorio se antepone como el requisito de control autónomo en el que la preservación, cuidado y significación social y cultural son las variables de defensa por la vida, ante los proyectos económicos de muerte respaldados en el plano militar y soportados desde el marco legal.

 

Referencias

Borja, Miguel. (1996). Estado, sociedad y ordenamiento territorial en Colombia. Bogotá: IEPRI.

Borja, Miguel y Nieto, Angélica. (2005). El gobierno en Colombia. Territorio y Cultura, Bogotá: ESAP.

LeGrand, Catherine (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), Bogotá: UNAL.

Machado, Absalón (2009). Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del frente nacional, Bogotá: UNAL.

Montero, Dora (2011) Curvaradó y Jiguamiandó: la gran prueba de la resituticion de tierras de Santos, en: La silla vacía (online). http://lasillavacia.com/historia/curvarado-y-jiguamiando-la-gran-prueba-de-la-restitucion-de-tierras-de-santos-22612

Serje, Margarita (2005). El revés de la Nación. Territorios Salvajes, fronteras y tierras de nadie, Universidad de los Andes; CESO: Bogotá D.C. 

Zuleta, Estanislao (1973). La tierra en Colombia, Colombia: editorial la Oveja negra