Ana Jimena Bautista

* Ana Jimena Bautista

Ana Jimena es abogada de la Universidad del Cauca, con especialización en derecho constitucional, maestría en derechos humanos y democracia en América Latina de la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente es estudiante de maestría de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y como asesora en el Congreso de la República, en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, derechos de las víctimas del conflicto armado y conflictos territoriales/ambientales. En twitter: @anajimenabr

A Aldemar Gil no le gustaba su nombre, por esa razón y por cariño, en su casa le decían “Gordo” y entre sus amigos él se presentaba como Andrés. Tenía 25 años, y dentro de poco sería papá, su compañera hace tres meses le contó que estaba en embarazo. Aldemar era el quinto de 12 hermanos y le había prometido a su mamá construirle una casita, para que dejara de vivir de arriendo. Estaba trabajando como raspachin en Tumaco y desde allá le consignaba dinero para sus gastos y los de sus tres hermanos menores. El lunes 9 de octubre fue su entierro y desde entonces su mamá no habla. Esta como ida, me cuenta su hermana.

La gente de Tumaco dice que, junto a Aldemar, el 5 de octubre se movilizaron entre 1.000 y 1.500 personas para protestar por la erradicación forzada de la coca, poblaciones que habían expresado con anterioridad su voluntad de acogerse a los acuerdos de sustitución del Gobierno. En dicha protesta, gracias a las grabaciones hechas con celulares por parte de los manifestantes, se ve a los campesinos explicándole a la policía antinarcóticos, que siembran coca porque no tienen mercados ni carreteras para vender otros productos.

Pese a las explicaciones dadas y al carácter pacífico de la protesta, en las veredas Puerto Rico y Tandil, ubicadas aproximadamente a dos horas y media de la cabecera municipal de Tumaco, se produjo una masacre. Los informes oficiales registran al menos seis personas asesinadas, 3 campesinos y 3 indígenas (2 del pueblo Awá y 1 del pueblo Nasa). Aldemar Gil Guachetá, era el menor. Las otras personas asesinadas son: Diego Escobar Dorado de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo de 26 años; Jaime Guanga Pai de 45 años; y Alfonso Taicús Taicús, de 32 años; 20 personas más fueron heridas y Naciones Unidas y la MAPP-OEA han confirmado que existen personas desaparecidas y que sigue sin precisarse el número de personas heridas y asesinadas. Todos hombres jóvenes del campo que, como Aldemar, tenían sueños, familia y dependían de su trabajo diario.

Los hechos en los que se produjo la masacre aún son objeto de investigación. Públicamente la fuerza pública ha manifestado que, durante la manifestación, fueron atacados por disidentes de las Farc con tatucos y cilindros, mientras la población civil asegura que los hechos se produjeron al ser atacados directamente por la policía antinarcóticos. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que las personas fueron asesinadas con proyectiles de alta velocidad, sin embargo, aún no se sabe si son proyectiles de armas de uso privativo de la fuerza pública.

La Defensoría del Pueblo en visita de verificación, informó que no había rastros de las marcas que deja la explosión de tatucos o cilindros en la zona, pidiendo la intervención de la Fiscalía y de la Procuraduría. Las organizaciones campesinas denunciaron que la escena del crimen fue alterada y el domingo 8 de octubre una comisión humanitaria en que participaban miembros de Naciones Unidas, Mapp-OEA, autoridades departamentales y organizaciones de Derechos Humanos fue atacada por la policía con bombas aturdidoras cuando se dirigían al sitio de los hechos en búsqueda de otro cadáver, a pesar de haber informado de la visita de la misión a los altos mandos de la Policía en la zona. Hasta el momento, hay cuatro uniformados suspendidos por haber disparado contra los campesinos y se ha anunciado el relevo de otros 102 uniformados.

Esclarecer la verdad de lo acontecido es una exigencia de la familia de Aldemar y de la comunidad en Tumaco, así como la de precisar los responsables. La masacre en Tumaco también exige el cumplimiento efectivo del punto cuatro del Acuerdo Final, lo cual implica, además del cumplimiento de las medidas de atención inmediata allí en donde se han suscrito acuerdos de sustitución, no perder de vista la relación entre el punto cuatro de solución al problema de drogas de uso ilícito y el punto uno sobre reforma rural integral, así como la primacía de la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada.

Urge parar una guerra contra las drogas que signifique el tratamiento militar a las comunidades que siembran coca. Si lo que se desea es disminuir el número de hectáreas sembradas con esta planta, el Estado debe dejar de aplazar la atención de los problemas del mundo rural. Tumaco, municipio que hoy ocupa el primer lugar en área cultivada de coca y que es considerado el primer puerto cocalero, es también un municipio en donde el 84% de la población vive en la pobreza; el 16% en la extrema pobreza; y en donde el desempleo es superior al 70%. Es un municipio con vías que están en un estado más que deficitario, actualmente solo existen intervenciones en la carretera que conecta a Tumaco con Pasto. Adicionalmente, es una población que ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado, siendo receptora de población desplazada y concentrando el 7.8% de la expulsión nacional de las personas desplazadas en 2013.

Esta pequeña radiografía de abandono del Estado que se refleja en la imposibilidad de garantizarle a las comunidades la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, puede reproducirse a diferentes escalas en los territorios considerados como cocaleros. De allí la urgencia no solo de la implementación de los acuerdos de sustitución, en su componente familiar y monetario, sino también, de los mecanismos dispuestos para la trasformación de las condiciones de vida en los territorios rurales, a través de los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).

Los PDET se deben dar en los 170 municipios priorizados por las partes de la Mesa y están a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio. Desde el mes de julio se produjo su lanzamiento y se espera que se inicie el proceso de formulación en todos los 170 municipios priorizados durante el mes de octubre. Los PISDA tendrán lugar en zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, los cuales se elaborarán e implementarán con la participación de las comunidades, allí en donde no se desarrollen los PDET, los cuales están a cargo de la Dirección Nacional de Sustitución. Actualmente hay 64 municipios en donde deberán desarrollarse estos planes, sin embargo, al día de hoy no se conocen fechas para su implementación, ni existe claridad en la ruta de coordinación entre la Dirección Nacional de Sustitución y la Agencia de Renovación del Territorio.

Por otra parte, es importante recordar que el Acuerdo Final priorizó la sustitución voluntaria antes de la erradicación forzada. No obstante, ante la presión de entregar resultados de eliminación de hectáreas de coca, especialmente ante las exigencias de Estado Unidos, el Gobierno Nacional se trazó como metas para este año la erradicación de 50.000 hectáreas y la sustitución de 50.000 hectáreas adicionales. Sin embargo, se han presentado al menos tres clases de problemas: 1. A pesar de que las comunidades avancen en acuerdos colectivos de sustitución, solo es posible frenar la erradicación forzada allí en donde existen acuerdos individuales firmados (etapa posterior a la firma de acuerdos colectivos). Esta situación mina la confianza de las comunidades y genera la percepción de desarticulación por parte del Gobierno, pues de una parte está la Dirección de Sustitución con quienes se firma un compromiso y, de otra, el Ministerio de Defensa a través de los erradicadores y la policía antinarcóticos quienes actúan de manera paralela y se imponen por la fuerza; 2. Se han presentado casos de erradicación en donde no se ha impulsado un diálogo previo con las comunidades que les permita tener la oportunidad de acogerse a los programas de sustitución; 3. La erradicación forzada nos aleja de la posibilidad que trae el Acuerdo Final de construir Estado desde sus instituciones civiles en las regiones más apartadas del país. Se insiste en que prevalezca en estos lugares la imagen militar del Estado.

Por último, los dolorosos hechos presentados en Tumaco, nos interpelan como sociedad más allá del cumplimiento que debe darse, especialmente por parte del Estado, del Acuerdo Final. Durante años y como consecuencia de la guerra contra las drogas y del conflicto armado, se ha formado una representación hegemónica que cataloga a las poblaciones que han tenido que dedicarse a la siembra de coca, como poblaciones enemigas y criminales, despojándoles de sus derechos e, incluso, en no pocas ocasiones, de su condición de víctimas directas de conflicto armado.

La masacre contra campesinos e indígenas de Tumaco, en la que Aldemar y sus compañeros fueron asesinados, debe cuestionarnos sobre el valor que le damos a la existencia de las comunidades del mundo rural y, en especial, a las comunidades campesinas, con quienes tenemos una deuda frente a su bienestar.