Juliana González Villamizar

* Juliana González Villamizar

Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Teoría política de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania. Estudios de maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research. Experiencia en investigación académica y para proyectos de derechos humanos y construcción de paz en Colombia. Intereses: teoría crítica, teorías feministas, historia y memoria de la violencia, filosofía y sociedad.

Las exigencias a las que se enfrentará la Comisión de la Verdad en Colombia1

Al término de este mes de octubre habrán sido seleccionadas las personas que integrarán uno de los instrumentos más importantes establecidos por las partes en los acuerdos de La Habana para ponerle fin a décadas de violencia en el país y para transitar a un período de construcción colectiva de la paz: la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición (CEV). A partir de este momento, los comisionados y las comisionadas contarán con un periodo de seis meses para definir su metodología, protocolos, lineamientos y, de manera importante, sus prioridades en la investigación de las prácticas, hechos, causas e impactos de la guerra en Colombia. Todo lo cual servirá de preparación para servirle a la sociedad como portavoces de la verdad, nada más y nada menos, a través de un informe que deberá ser de amplio conocimiento público y que habrá de contener las investigaciones, conclusiones y recomendaciones fruto de su trabajo.

A pesar del gran logro que constituye el establecimiento de una comisión de la verdad en Colombia, los retos a los que esta se enfrenta apuntan a una delgada línea sobre la cual esta deberá moverse en una suerte de equilibrio para cumplir con su mandato. Sin embargo, aunque se trata en efecto de una labor supremamente compleja, el lenguaje del Decreto Reglamentario de la CEV (588 de 2017) podría dar la idea de que la relación entre el esclarecimiento de la verdad y la superación de la violencia es bastante obvia: “La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado. Todo lo anterior deberá contribuir a crear condiciones estructurales para la convivencia entre los colombianos y las colombianas y a sentar las bases de la no-repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera”, dice el Decreto en su segundo artículo.

Según me parece, en el contexto colombiano a la base de esta relación se encuentran principalmente dos exigencias a las cuales la CEV deberá responder, y que se encuentran envueltas en tensiones que no será fácil resolver. Por una parte se trata de la exigencia de producir una comprensión del pasado que transmita un sentido reparativo de la justicia, complementando así las medidas tomadas en las instancias judiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición (SIVJRNR) establecido para el fin del conflicto. Por otra parte, se trata de la exigencia de que la comprensión del pasado que la CEV proponga mitigue el deseo de reivindicación y retaliación por los hechos del pasado que los diferentes actores en el conflicto, y también la población civil, puedan aún querer llevar a cabo por medios violentos.

 

La verdad como justicia reparativa y los riesgos de la “verdad-compromiso”

En Suráfrica, por ejemplo, la justificación para el establecimiento de una comisión de la verdad (Truth and Reconciliation Commission, TRC) incluyó la aceptación explícita de que la justicia tendría que ser sacrificada. De acuerdo con Kadar Asmal, uno de los arquitectos de la TRC: “Debemos sacrificar deliberadamente las trampas [trappings] formales de la justicia, las cortes y los juicios por un bien incluso mayor: la verdad. Sacrificamos la justicia porque sus dolores podrían traumatizar a nuestro país o afectar la transición. Sacrificamos la justicia para cerrar este capítulo del pasado y para evitar la confrontación”2. Esta especie de canje entre la justicia y la verdad se evidenció en la promesa hecha por la TRC de otorgar ella misma amnistía a quienes contaran públicamente toda la verdad sobre actos, omisiones y ofensas cometidos en razón de objetivos políticos durante los años del Apartheid.

No obstante, aun cuando la TRC recibió más de 7.000 solicitudes de amnistía, la amenaza de un proceso penal no fue lo suficientemente persuasiva para que numerosos perpetradores de alto rango tomaran parte en el proceso. Esto, junto con la postura explícita de la TRC de que la justicia penal solamente prolongaría la “espiral de la violencia”, hacen de esta comisión un buen ejemplo de las limitaciones al alcance reparativo de la verdad que las “comisiones compromiso” pueden producir, como llama Alfredo Gómez-Müller, a aquellas que tienden a delimitar la verdad de acuerdo con los criterios de los victimarios. En este caso, como varios autores y autoras afirman, la verdad alcanzada por la TRC, al no establecer la totalidad de las responsabilidades y al mantener así en la oscuridad múltiples memorias de la violencia, no logró reparar completamente los daños causados por esta. Así pues, la experiencia de la TRC puso de presente que la verdad no es intercambiable por la justicia, pues en un sentido también debe contenerla.

En Colombia hay por suerte un riesgo bastante menor de que algo similar suceda, gracias a la estructura misma del SIVJRNR y de las relaciones de condicionalidad entre sus instrumentos. En el marco de este sistema, por ejemplo, no se pretende que la CEV asuma funciones judiciales –como otorgar amnistías– ni que el instrumento judicial del Sistema –la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP– transfiera a la CEV información recolectada durante las investigaciones judiciales. En teoría, los cinco instrumentos designados en los Acuerdos se complementarán en su abordaje de la violencia del pasado y en la pretensión de restaurar las relaciones sociales en su conjunto. Esto, por un lado, en tanto que la JEP investigue e imponga penas por los crímenes cometidos de maneras compatibles con la dejación de las armas y, por otro lado, en tanto que la CEV, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y las medidas de reparación integral establezcan y comuniquen el valor ejemplar de los hechos del pasado y contribuyan así a su no repetición.

Por su parte, el trabajo de la CEV en la consecución de la verdad sobre los hechos violentos comunicará dicho valor ejemplar, y en esa medida logrará cumplir con la exigencia de transmitir un sentido reparativo de la justicia, en tanto exponga a las personas y colectivos responsables por la violencia al repudio social, atienda a las voces de las víctimas, y visibilice causas y fenómenos estructurales y sistémicos de la violencia. De este modo, además, la CEV será definitiva para asegurar la legitimidad del SIVJRNR como tal. Esto, puesto que en la medida en que reconozca el impacto de la guerra sobre la población, las responsabilidades individuales y colectivas y el propósito de largo aliento que implicará transformar las causas profundas de la violencia, demostrará que a pesar de que el tránsito a la paz requiera una serie de tratamientos especiales de justicia para los perpetradores y las perpetradoras, el equilibrio final tenderá más a la justicia que a la impunidad.

En efecto, como órgano institucional, la idea es que la CEV esté en condiciones de rendirle cuentas a las víctimas y a la sociedad sobre los hechos violentos de nuestra historia. Es de esperar, no obstante, que la situación de intensa polarización con respecto a la paz, la cultura fuertemente punitiva del país y la falta de claridad para buena parte de la población acerca de lo que está en juego en las medidas de justicia transicional en Colombia, hagan de este deber una tarea ardua y compleja. Siguiendo a Hannah Arendt, como cualquier verdad de hecho, aquella que buscará transmitir la Comisión será sumamente frágil frente al embate del poder. Esto, sumado a que las conclusiones y recomendaciones de este instrumento no son vinculantes, y que aún no hay un compromiso explícito del Estado de tenerlas en cuenta para tomar las medidas indicadas, redunda en que esta verdad solamente existirá en tanto se le nombre. Es decir, la CEV dependerá en buena medida de su naturaleza pública –y de la movilización social que se genere en su defensa– para proteger su verdad de cualquier posible compromiso. Y, en consecuencia, en tanto referencia legítima de los hechos ocurridos, para restringir efectivamente el espectro de las opiniones permisibles acerca de los mismos.

 

La aspiración a la reconciliación y una comprensión de los hechos violentos orientada a su elaboración

La segunda exigencia, por su parte, tiene que ver con la función de contribuir a la reconciliación, y con ello a la no repetición, que se le atribuye a la CEV. Aquí, de nuevo, parecen estar en tensión dos principios. Por un lado, la necesidad de que la comprensión del pasado producida por la Comisión apacigüe el interés de las partes en conflicto de continuar la violencia y, en este sentido, que refleje una suerte de invitación al perdón. Esto sería posible en tanto cada una de ellas pueda verse reconocida en sus subjetividades políticas, sus actuaciones y sus responsabilidades. Y, por otro lado, la necesidad de que dicha comprensión permita la elaboración del trauma causado a la sociedad y, de este modo, que inaugure un proceso de duelo que mitigue la fijación melancólica y permanente en los daños producidos.

También en este punto vale la pena rescatar la experiencia de la TRC en Suráfrica. De acuerdo con algunas interpretaciones, en este caso los presupuestos religiosos y psicoterapéuticos a la base del diseño de la Comisión –presidida por el reconocido arzobispo Desmond Tutu– incidieron en una dinámica que parecía forzar las muestras de arrepentimiento, y la petición y el otorgamiento de perdón como gestos de reconciliación. Aun cuando ninguno de estos gestos era condición para recibir la amnistía, se afirma que junto con la ausencia de un castigo, la desvalorización del perdón como espontáneo, voluntario y, sobre todo, como contingente, produjo la sensación generalizada de que la reconciliación a la que se aspiraba no correspondía con las expectativas y las exigencias de las víctimas. Esta sensación fue reforzada por el hecho de que las audiencias de las víctimas y de los victimarios y victimarias tuvieron lugar con un año de diferencia, por lo cual no hubo ocasión para un encuentro personal entre ambos y, con ello, tampoco para una potencial reacción de auténtico perdón.

En el caso colombiano, está previsto que la CEV genere múltiples espacios de participación en los ámbitos internacionales, nacionales, regionales y territoriales, a través de los cuales sea posible promover la reflexión sobre los hechos y patrones de violencia que han tenido lugar, incluyendo posibles momentos de encuentro entre víctimas y victimarios y victimarias. Proporcionando este tipo de escenarios, entre otros, los insumos que la Comisión empleará para redactar su informe final, es evidente que la posición desde la cual sus comisionados y comisionadas trabajarán implicará una falta de cesura y de distancia con respecto a la violencia ocurrida.

El reto aquí será entonces encontrar un cierto equilibrio, puesto que la inmediatez de los daños podría dar lugar a un énfasis excesivo en lo paradójico e irrepresentable de la experiencia traumática. Desde luego que será ineludible develar patrones y condiciones para la violencia ocultos hasta el momento. No obstante, siguiendo a historiadores como Dominick LaCapra, enfatizar las ausencias –e incluso sustituirlas por las pérdidas históricas producidas por la violencia– de las que los investigadores y las investigadoras serán testigos, podría impedir representaciones de lo ocurrido que proyecten y abran espacio para un relacionamiento futuro basado en el recuerdo, el juicio y el restablecimiento de las subjetividades políticas. Formas de representación que, por supuesto, no pueden pretender redimir el pasado ni apresurar una auténtica reconciliación.

 

  1. Algunas de las reflexiones presentadas aquí surgieron en el marco de la cátedra “Verdad, justicia y memoria: imperativos éticos y políticos en el escenario transicional colombiano” ofrecida por el Grupo de Teoría Política Contemporánea (Teopoco), que dicto junto con Miguel Ángel Castro en la Universidad Nacional de Colombia.
  2. Citado en: Claire Moon, “Healing Past Violence: Traumatic Assumptions and Therapeutic Interventions in War and Reconciliation”. Journal of Human Rights 8:1 (2009): 80. Traducción mía.