Durante el último año, han sido visibles las acciones contra diferentes representantes de los sectores populares porque atentan contra el espacio público, ejemplo de ello es la censura contra manifestaciones del arte popular, el desalojo de vendedores en la calle e, incluso, la criminalización de la protesta pacífica. Contra todas las manifestaciones de diferencia ante las ideas dominantes de un espacio público en el que predominan las funciones recreativas y los criterios estéticos del establecimiento, la administración actúa mediante la represión. El nuevo código de policía, muy acorde con estas posturas, se propone la recuperación del espacio público, mediante la criminalización de las acciones de diferentes actores que vitalizan este espacio y lo significan políticamente.

La presente reflexión busca ilustrar, a partir del abordaje de los casos de censura del arte popular de la ciudad y el desalojo de los vendedores en la calle, la forma en la que desde un discurso del espacio público -promovido por los expertos urbanos- se desconoce la realidad, lógicas y dinámicas de los sectores populares que habitan la mayor parte del territorio de Bogotá.

 

Las expresiones del arte popular como amenaza al espacio público

Recientemente se difundió la noticia acerca de la iniciativa del alcalde de Bogotá de “recuperar” el espacio público mediante jornadas de restauración del Centro Histórico a través de las cuales se borraron numerosos murales de la Candelaria que, a juicio de la administración, resultaban “vandálicos”. Bajo el compromiso de la responsabilidad social, empleados del distrito, junto a integrantes de empresas privadas como Coca Cola, Terpel y Citibank, borraron valiosas obras del arte popular bogotano como “Tierra de Pintores” de Seta Fuerte y Datura o “101 Pájaros” de Rodez.

Mientras que los trabajos de los artistas del street art bogotano son reconocidos a nivel internacional por su calidad y alto nivel, la Alcaldía de Bogotá, los considera un daño al patrimonio cultural. Esto genera cuestionamientos acerca de la comprensión del espacio público y de lo que es aceptable por parte de la administración.

Los sectores populares de la ciudad habitan la calle y esta se convierte, precisamente,  en el lugar antagónico del espacio público. Es desde la calle que artistas populares como raperos y graffiteros articulan sus mensajes, en ella crecieron y ella inspira buena parte de la crítica de sus contenidos. No es casual encontrar por la carrera décima, murales de street-art sobre recicladores, habitantes de calle o niños que juegan en los andenes, poniendo en evidencia la presencia de estos habitantes de la ciudad que parecieran desentonar con los criterios estéticos dominantes del espacio público. La calle, ha sido desde hace siglos el lugar del pueblo, el lugar de la transgresión y de la diferencia. Bajtin recuerda cómo en la Edad Media, la calle era el escenario del carnaval, en el que ante el autoritarismo eclesial, tomaba lugar la subversión del tiempo y del espacio. La calle se convierte para los expertos del espacio público, en el lugar por excelencia a regular.

Estudios desde la geografía legal (Bloomley, Mitchel) han demostrado cómo la reglamentación del espacio público, se ha caracterizado por imputar como violentos a aquellos que expresan sus diferencias en la calle. Para Mitchell (1996), la doctrina del espacio público se centra en los derechos negativos y deja de lado derechos positivos, como el derecho al trabajo. Al hacer una genealogía de la regulación del espacio público, el autor señala cómo desde los inicios, los especialistas en derecho buscaron regular las protestas por los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Actualmente, la aproximación al espacio público desde el discurso de especialistas en derecho y urbanismo pretende regular las manifestaciones que dejan en evidencia las contradicciones urbanas, de ciudades que crecen distantes de lógicas ordenadas y planificadas, que se expanden a partir de asentamientos de población desplazada y migrante que diariamente interpela a la ciudad  ante la falta de oportunidades de integración y reconocimiento en la vida de la urbe.

 

El ideal del espacio público vs. La realidad material de los sectores populares

El antropólogo catalán Manuel Delgado (2011) ha señalado en sus trabajos la discusión ideológica que existe detrás del  espacio público. ¿Hay lugar para reservas de admisión en el espacio público? ¿Quién  tiene derecho a participar en él? Aunque desde los ideales políticos de la igualdad, el espacio público debiera ser el lugar al que acudimos sin distinciones para discutir sobre los asuntos comunes que nos preocupan como sociedad, en la realidad de nuestras ciudades, no todos tienen el mismo de derecho a acceder a este espacio. No obstante, esto no es un fenómeno reciente, históricamente, el espacio público ha generado exclusiones de género, raza y clase social.

En una investigación adelantada en la localidad de Suba por el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la Universidad Nacional de Colombia1, al preguntar a los vendedores en la calle acerca del espacio público, se encontraron las siguientes afirmaciones:

Vendedor 1: Es un espacio que no nos corresponde a nosotros, eso es del gobierno. Pero desafortunadamente no tenemos otro recurso y tenemos que meternos ahí, y el gobierno nos echa la policía pero sin pensar que esa gente está luchando por la papita.

Vendedor 2: El espacio público pues sabemos que es del Estado. De la puerta para adentro es de los propietarios, el andén es para el peatón y la carretera es para los carros, que pagan impuesto, pagan todos esos gastos de reordenamiento. Nosotros, las cuales somos personas desempleadas, que no llenamos la papelería, que no tenemos la  edad de 30 años, sino que ya pasamos los 50 años, por decir algo, yo tengo 56 años, en ninguna parte me dan trabajo; pues ejerzo el trabajo de vendedor ambulante aquí en una carreta de frutas y verduras, al sol y al agua.

En ciudades como Bogotá, es imposible negar que detrás de la presencia de vendedores ambulantes en la calle o, detrás de artistas de rap en el transporte público, se encuentra de fondo el problema de un derecho al trabajo, desatendido para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Como lo revelan los testimonios de los vendedores en la calle, los sectores populares no se sienten reconocidos en el espacio público, por el contrario, allí son perseguidos y criminalizados. Se evidencia así una importante tensión entre un discurso que defiende un espacios público privatizado, al que tienen derecho quienes poseen propiedad privada – quienes pagan impuesto predial, de rodamiento y de actividad comercial-, y la realidad de miles de ciudadanos que responden cotidianamente en la calle a la situación de precariedad de sus derechos económicos y sociales.

Mientras que los sectores populares reivindican la calle como el lugar en el que ellos configuran y significan su vida, la administración criminaliza las prácticas que toman lugar en ella, sin generar unas garantías reales desde el Estado. Resulta paradójico que la presencia del Estado en muchos de los sectores populares de la ciudad es efectiva en términos administrativos y fiscales, pero ineficiente en la protección de derechos fundamentales como el derecho a la vida, que debiera garantizar todo Estado de Derecho, desde su primera función de monopolización legítima de la fuerza. En Bogotá, entre los vendedores ambulantes, los conflictos aún se solucionan a machete, ante la falta de presencia de un Estado que actúe de manera legítima como tercero garante de la seguridad real. A su vez, en numerosos barrios populares, en ciudades como Bogotá o Medellín, el Estado cumple sus funciones fiscales, pero los territorios son dominados por grupos o combos que siguen teniendo presencia, a pesar de estar en tiempos de construcción de paz.

 

La disputa en la política por el espacio público

La política del espacio público se define desde el Estado y es allí en donde reside la disputa. En la historia reciente de las administraciones de Bogotá, se pueden rastrear las diferentes aproximaciones al espacio público, de acuerdo al gobierno de turno. Si consideramos el tema del street art, es necesario aludir a las iniciativas de la anterior administración de la ciudad que pretendieron revitalizar las calles, a través de murales de artistas locales que rememoraban la herencia campesina e indígena de muchos de los actuales habitantes de  Bogotá. Bajo esta perspectiva, la administración de Bogotá realizó un proyecto de renovación urbana que en lugar de criminalizar el arte popular, reconoció su capacidad para revitalizar espacios, para invitar a los transeúntes a circular por calles anteriormente abandonadas. Ejemplos exitosos de iniciativas como estas son, además de los barrios Santa Fe y Egipto en Bogotá, barrios de Medellín como San Javier o Getsemaní en Cartagena.

En los casos de Bogotá, Medellín o Cartagena la solución no fue limpiar de la identidad popular el espacio público mediante brochazos de color gris, ni mucho menos, como pretende la actual administración de Bogotá, entregar de manera individual tabloides y aerosoles para que cada artista popular pinte sus obras en un lugar en el que no incomode a un espacio público privatizado. Justamente, uno de los valores que reconocen los artistas urbanos es el trabajo colectivo en la elaboración de las obras, el diálogo e intercambio con las comunidades que cotidianamente habitan y significan los colores y contenidos de sus murales. En ese sentido, iniciativas que buscan individualizar un arte que desde la cultura hip hop se ancla en procesos colectivos de reivindicación de lo popular, de sus realidades, exigencias y anhelos, resultan completamente en contravía; al igual que los proyectos de emprendimiento que desplazan a los vendedores ambulantes del espacio público, sin generar respuestas reales a los vacíos de estas poblaciones en términos de derechos. Estas políticas de espacio público desconocen la realidad de los sectores populares y niegan sus dinámicas y manifestaciones, es por esto que resultan fallidas. Al respecto, vale la pena recordar las palabras de D. Harvey, cuando señala que: “Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen Ia vida urbana tienen un derecho primordial a lo que han producido, y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar Ia ciudad a sus deseos más íntimos, llegaremos a una política de lo urbana que tenga sentido (Harvey, 2013:14)”.

 

Referencias

Bajtin M (1990). La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. Madrid: Alianza Editorial.

Bloomley N (2010). “The Right to Pass Freely: Circulation, Begging, and The Bounded Self”.  En: Social and legal studies. 19(3).pp.331-350

Delgado M (2011). “Memoria, ideología y lugar en Barcelona.” Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales, 7 (2).pp 7-10

Giraldo C (2017). Economía popular desde abajo. Bogotá: Ediciones Desde abajo.

Harvey D (2013). Ciudades rebeldes: del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal.

Mitchel D (1996).  “Political violence, order, and the legal construction of public space: power and the public forum doctrine”. En: Urban geography. 17 (2) pp. 152-178.

 

Yenny Carolina Ramírez Suárez 

Socióloga e investigadora del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID)

Universidad Nacional de Colombia

ycramirezs@unal.edu.co

  1. Las conclusiones de la investigación se encuentran en el libro “Economía popular desde abajo” compilado por César Giraldo (2017).