El hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un jefe de, al menos, la misma jerarquía de quienes estuvieron como comandantes en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos.

Hace pocos días inició formalmente la etapa de juicio en el proceso que se adelanta en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente y senador Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por su presunta participación y determinación en las actuaciones criminales del grupo paramilitar denominado los 12 apóstoles.

Como en todos los procesos judiciales o investigaciones periodísticas, intelectuales o académicas, que indagan por la responsabilidad penal de integrantes de la familia Uribe Vélez, o miembros de su círculo de poder, usan como estrategia de defensa, el ataque. Así, víctimas, testigos y denunciantes son presentados como partícipes de una tramoya de persecución política que busca perjudicarles por diversos e inconfesables intereses políticos y económicos. Tal teoría suele tener un impacto significativo en los grandes medios de comunicación que, en mayor o menor medida, hacen eco de sus tesis. A lo sumo, en la opinión pública trasciende que Santiago Uribe está investigado por tener vínculos con un grupo armado, de cuyas actividades se le acusa directamente del homicidio de una persona; y que el proceso se sustenta en controvertidas declaraciones de uno o dos testigos.

La realidad procesal de este caso, sin embargo, dista sustancialmente de ese panorama ambiguo y evidencia una serie de gravísimos hechos delictivos, en forma contundente y profunda.

Lo cierto es que después de casi 22 años de haberse instaurado la denuncia penal que dio inicio al proceso, el cual estuvo archivado incomprensiblemente entre agosto de 1999 y junio de 2010, a Santiago Uribe Vélez se le lleva a juicio porque habría conformado, liderado y dirigido un grupo paramilitar dedicado a ejecutar una política de exterminio en contra de quienes consideraban tanto indeseables sociales (prostitutas, consumidores de drogas, ladrones, etc.), como militantes, simpatizantes o auxiliadores de grupos subversivos; todo con la complicidad y protagonismo de agentes estatales, principalmente de la Policía y el Ejército Nacional.

A Santiago Uribe no se le acusa de hechos aislados o esporádicos. Es tal la magnitud de la barbarie y horror acontecidos, que a partir del contexto de macrocriminalidad generalizada en que sucedieron los hechos, las conductas que se investigan son consideras crímenes de lesa humanidad.

A la luz del derecho penal internacional y de experiencias internacionales, esta clase de violaciones a los derechos humanos se distingue de otros crímenes porque no son actos aislados o esporádicos de violencia, sino que hacen parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, sobre un grupo humano determinado que se quiere destruir, devastar o exterminar, mediante la comisión de conductas inhumanas y degradantes, bajo un móvil discriminatorio, por razones políticas, religiosas, raciales u otras, y que se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, con la participación de agentes sociales, públicos y privados. Son crímenes de tal gravedad, que trascienden el ámbito de la nación donde se cometen y ofenden a la humanidad en su conjunto, por lo que se les considera crímenes internacionales.

La comisión de tales violaciones a los derechos humanos y su presunta responsabilidad en cabeza del hermano del expresidente de la República es lo que se está juzgando.

Se concluye que lo acontecido son crímenes de lesa humanidad, luego de hacer un análisis del fenómeno paramilitar en Antioquia entre 1988 y 2005, con especial énfasis en el estudio de homicidios ocurridos entre 1990 y 1998 en el norte de ese departamento y que son atribuibles al accionar criminal del grupo paramilitar conocido principalmente con el nombre de los 12 apóstoles.

Tal análisis incluyó inspecciones a más de 500 procesos judiciales -inactivos o cerrados en un 99%-; revisión de actas de levantamientos de cadáveres y de documentos elaborados por organismos de control como las Personerías Municipales de Yarumal y Campamento y la Procuraduría General de la Nación; Alertas Urgentes de Amnistía Internacional; Informes de la Fiscalía General de la Nación, del CTI y de ONG de derechos humanos, entre otros elementos de prueba documentales; todos ellos elaborados entre 1993 y 1997. A partir de allí, se logró establecer un universo de víctimas descomunal: más de 530 personas asesinadas o desaparecidas por los 12 apóstoles, entre campesinos, comerciantes, testigos, prostitutas, consumidores de drogas, presuntos delincuentes, supuestos auxiliadores o simpatizantes de la subversión e, incluso, integrantes de la misma estructura paramilitar. Los informes y documentos referidos demuestran, desde aquellos años, la sistematicidad del exterminio contra ciertos sectores de la población civil, además de la integración, organización, estructura y proceder delictivo de los 12 apóstoles.

Se estableció, además, que tales hechos ocurrían con premeditación y de forma coordinada, por el señalamiento previo y la inclusión en listas de la muerte de las futuras víctimas, lo que da cuenta, además, del carácter jerárquico y estructurado de la organización, con claros roles diferenciados entre sus integrantes. Santiago Uribe estaría en la cúspide de esa estructura responsable de crímenes de lesa humanidad; no era su aliado, su financiador, ni su cómplice: era el comandante máximo y jefe supremo.

Además de ello, hay decenas de declaraciones, provenientes de toda clase de testigos, que señalan la manera en que se creó y gestó el grupo, la participación de actores públicos y privados en su actuar, los propósitos de su plan criminal y, sobre todo, la calidad de jefe máximo de la organización paramilitar de Santiago Uribe Vélez: en su contra han declarado policías que fungieron como comandantes de la estación de Yarumal y que, a su vez, eran integrantes de los 12 apóstoles; agentes asignados a tal jurisdicción que también hacían parte del grupo criminal; funcionarios públicos de organismos de control que denunciaron los hechos desde la época de su ocurrencia; testigos y víctimas directas e indirectas de la organización; pobladores de los municipios donde operó; altos mandos militares que tuvieron resultados positivos contra paramilitares al servicio de Uribe Vélez (y que por esa razón fueron llamados a calificar servicios) y comandantes paramilitares del nivel nacional como Salvatore Mancuso, alias Don Berna y alias Don Mario, entre otros; que dan cuenta tanto de la macrocriminalidad de lesa humanidad que tuvo lugar en la zona, como de la responsabilidad máxima de Santiago Uribe en esos hechos.

Se demostró también cómo el grupo paramilitar comandado por el hermano del expresidente, está en el germen de la creación de las autodenominadas ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), de lo que sería después el Bloque Metro (que surgió directamente de los 12 apóstoles, aunque algunos de sus integrantes fundaron también el Bloque Central Bolívar) y, finalmente, de su preponderancia en las llamadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Desde sus inicios, el grupo paramilitar de Santiago Uribe funcionó de manera concertada con la denominada Casa Castaño. Comandantes paramilitares dan fe de la amistad personal entre Uribe Vélez y los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y de cómo, para realizar acciones delictivas en el norte de Antioquia, Carlos debía coordinar con Santiago para que no hubiera inconvenientes.

En conclusión, el hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un jefe de, al menos, la misma jerarquía de quienes estuvieron como comandantes en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos.

Contra todo pronóstico, después de infinitos y variados obstáculos tendientes a consolidar y perpetuar la impunidad de los gravísimos hechos de macro criminalidad, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que finalmente se juzgan, estamos ante la posibilidad cierta de develar algo de lo ocurrido y establecer parte de las responsabilidades penales correspondientes.

Durante todos estos años, el aparato de administración de justicia condujo a la impunidad al tomar decisiones temerarias, contraevidentes, injustas e ilegales. Como lo evidencia este proceso, salvo honrosas excepciones, el poder judicial ha sido funcional a los intereses de grupos criminales, dirigidos o vinculados a sectores institucionales de poder político, económico, militar, financiero, social, mediático y eclesial. La posibilidad de hacer un escrutinio histórico a esa macrocriminalidad y esclarecer la verdad sobre lo ocurrido, mediante el funcionamiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, autónomo e independiente, es a lo que se oponen, con toda su fuerza, los actores o beneficiarios de tal macro criminalidad.

Entre tanto, saludamos el inicio del juicio en contra de Santiago Uribe y esperamos que se continúe con la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la estructura paramilitar que habría comandado y dirigido.