Adolfo Franco

* Adolfo Franco

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal de la misma institución. Ha sido investigador en el Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -OSRPA y en la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, así como del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Investigador y analista en temas como justicia indígena, justicia penal y en general de la reacción institucional contra los fenómenos definidos como delictivos y los grupos organizados que los cometen, con especial interés en la criminalidad ambiental y los delitos de cuello blanco

En diciembre de 1996 Guatemala firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera con el que pretendieron cerrar un conflicto armado interno que evoca sus orígenes al año de 1954 cuando se produjo la intervención militar estadounidense, que impactó en la cultura política de ese país polarizando a la sociedad y radicalizando el contexto lo suficiente para que en 1963 sucediera el primero de los cinco golpes de Estado que tuvieron lugar durante las tres décadas de guerra interna (Gálvez Borrell, 2008).

Al igual que sucedió en Colombia, en Guatemala el Gobierno provocó un involucramiento de la población civil como actor armado: desde funciones militares asignadas legalmente, hasta la conformación de grupos de contrainsurgencia y paramilitares, limpieza social e inteligencia. También se conocieron acciones armadas de al menos tres grupos insurgentes que de manera intermitente fueron actores del conflicto: le Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas y las Fuerzas Armadas Rebeldes.1

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999), en el informe final “Guatemala, memoria del silencio”, a lo largo de este conflicto se ejecutaron 132.000 civiles y al menos unas 40.000 desapariciones (págs. 72, 73). El 31% de las víctimas de ejecuciones –al menos 40.000 civiles- fueron víctimas de tortura, violencia sexual, privación injustificada de la libertad y amenazas  (pág. 318). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013, pág. 20) durante 1958 y 2012 se contabilizan 220.000 muertes en el marco del conflicto nuestro, de las cuales al menos 166.000 se registraron desde 1985, donde 8 de cada 10 muertos eran civiles (pág. 32). A estos datos de violencia letal hay que sumar los datos de las violencias no letales, como los más de 7 millones de desplazados forzados, los más de 167.000 desaparecidos y los más de 9.000 niños, niñas y adolescentes reclutados.2

Luego de celebrarse los 20 años del Acuerdo de paz guatemalteco, algunos consideran que falta mucho por lograr el desarrollo humano y la justicia social que se plasmó y se suscribió en el 963, a esto hay que sumar tres fenómenos que podrían estar retrasando la implementación de los acuerdos en dicho país: (i) la cruenta violencia letal en Guatemala cuyos datos sobre homicidios intencionales la han posicionado incluso por encima de los datos de la Colombia en conflicto armado con las Farc (ver Gráfica 1). Correlato de lo anterior, (ii) la gravísima impunidad en la investigación, judicialización y sanción de los delitos cometidos, con independencia de su motivación política o de la delincuencia común, frente a la cual Colombia se encuentra en una situación peor de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (ver Gráfica 2). Por otro lado, (iii) la rampante corrupción pública que ha llevado al expresidente Otto Pérez Molina a prisión4, posicionando a este país en el ranking 136 de transparencia (Colombia está en el puesto 90) de los 176 países monitoreados por Transparencia internacional (ver Gráfica 3).

Gráfica 1. Homicidios intencionales x 100 hab.

Elaboración propia con datos de https://datos.bancomundial.org/

Elaboración propia con datos de https://datos.bancomundial.org/

 

Gráfica 2. Índice Global de Impunidad

Elaboración propia con datos de http://udlap.mx/igi/2015/ & http://udlap.mx/cesij/

Elaboración propia con datos de http://udlap.mx/igi/2015/ & http://udlap.mx/cesij/

 

Gráfica 3. Índice Global de Transparencia 2016

Elaboración propia con datos de https://www.transparency.org

Elaboración propia con datos de https://www.transparency.org

 

Llevar a un expresidente a prisión por actos de corrupción no es fácil y de hecho es discutible que el sistema judicial guatemalteco lo hubiese logrado solo, sin el liderazgo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la CICIG?

Dos años antes de la firma del Acuerdo de paz, Guatemala suscribió el Acuerdo Global de Derechos Humanos mediante el cual se había comprometido a luchar contra cualquier manifestación de violencia de las fuerzas ilegales y clandestinas de seguridad5. Infortunadamente estos grupos continuaron perpetrando agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que reclamaban la implementación del Acuerdo de paz, tal y como lo documentó la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala –MINUGUA una década después6.

En vista de la difícil situación y en el año con más homicidios registrados en la última década7, 2006, el Gobierno de Guatemala se ve presionado para aceptar la oferta de Naciones Unidas para llevar a cabo un experimento: la creación de una entidad internacional e independiente del poder público guatemalteco, pero que tiene a su disposición a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI de este país, para “apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.”8

Los resultados de la CICIG son objeto de, al menos, tres conjuntos de discusiones: (i) sobre la falta de precisión en su competencia que se origina como herramienta para la lucha contra el crimen organizado armado, pero en la actualidad ha sido reconocida como herramienta poderosa contra la corrupción9; (ii) sobre el nivel de injerencia en los asuntos ejecutivos de Guatemala cuyo presidente la acusa de ser un órgano vulnerable a intereses políticos extranjeros10; y (iii) sobre su naturaleza colonialista en caso de que pueda pensarse su utilidad para contextos distintos al guatemalteco, como México11 e incluso Colombia12.

Ahora bien, si contemplamos nuestro escenario nacional parece que coincidimos bastante con aquellas condiciones que empujaron al gobierno guatemalteco a explorar y poner en marcha una comisión internacional para la impunidad. En el siguiente recuadro queda claro como Colombia tendría con qué justificar el explorar esta medida:

Guatemala Colombia
Contexto de pos acuerdo de paz X X
Persistencia de grupos armados organizados X X
Intensificación de las agresiones contra los derechos humanos X X
Corrupción sistémica X X
Incapacidad de la administración de justicia ordinaria (impunidad) X X

 

 

En todo caso se debe tener en consideración nuestro ordenamiento y nuestro Acuerdo Final, especialmente cuál será el impacto de la Unidad Especial de la Fiscalía para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y, por supuesto, las revelaciones en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin conocer todavía los impactos de estas entidades en materia de esclarecimiento de crímenes, son pocas las probabilidades de que una CICIC –para Colombia- cale en la agenda política, mucho menos ésta que tanto le teme a que se descubra el alcance de la corrupción y del apoyo de sectores empresariales a grupos armados organizados que amenazan la implementación de la paz territorial.

 

  1. Estas guerrillas junto con el Partido Guatemalteco del Trabajo –nombre que adoptó el partido comunista-, conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca la que –junto con el Gobierno guatemalteco- negoció y suscribió el Acuerdo de Paz, Firme y Duradera. En 1998 la URNG es reconocida como partido político con la posibilidad de aspirar a cargos públicos. Una revisión de la actual composición del Congreso guatemalteco permite analizar la marginalísima participación del URNG con apenas un diputado de 158, esto es el 0,6% de los escaños.
  2. Estos y otros datos pueden consultarse en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, específicamente en el Reporte General del Registro Único de Víctimas –RUV. Disponible en línea: https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
  3. Nery Rodenas, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado guatemalteco, en entrevista al diario El Universal de México, afirmó que: “Guatemala no supera los problemas que originaron la guerra… exclusión social y falta de acceso a la vida digna, educación, salud y justicia”. Disponible en línea: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/12/29/guatemala-las-deudas-20-anos-de-la-paz
  4. Ver, El Mundo (2017), El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina se enfrentará a un juicio por un fraude millonario en las aduanas; Disponible en línea: http://www.elmundo.es/internacional/2017/10/28/59f3c9f1268e3eb14e8b4611.html
  5. Este acuerdo fue el segundo de los doce acuerdos que hacen parte integral del Acuerdo de Paz, Firme y Duradera. Ver, Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, México 29 de marzo de 1994. Disponible en línea: http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_global_sobre_derechos_humanos.pdf
  6.  MINUGUA (2004), Informe final Asesoría en Derechos Humanos. Disponible en línea: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/Informe-Final-Minugua.pdf   En este sentido fue importantísima el monitoreo de las agresiones a los derechos humanos que hicieron –entre otros- la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala –UDEFEGUA y la Fundación Myrna Mack
  7. Más de 6000 personas asesinadas en 2016
  8. Ver, Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Disponible en línea: http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf
  9. Para conocer el proceso evolutivo de la CICIG son importantes los informes: International Crisis Group (2016), Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala. Disponible en línea: https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/crutch-catalyst-international-commission-against-impunity-guatemala; y de la Open Society Foundation (2016), Against the odds: CICIG in Guatemala. Disponible en línea: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/cicig-report-20160321.pdf En español podría consultarse: WOLA (2015), La comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Disponible en línea: http://www.cicig.org/uploads/img/2015/others/NOT_023_20150325_Informe_Wola.pdf
  10. Ya es de conocimiento público la tensa situación política guatemalteca en la que el actual y cuestionado presidente Jimmy Morales, al cual el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, reconocido ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lideró el proceso de la para política.
  11. Iván Velásquez fue entrevistado para el diario El País sobre la posibilidad de una CICIG para México. Ver, Una simple propuesta. Disponible en línea: http://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/jorge-ramos/una-simple-propuesta.html
  12. Una representación de este debate –algo flojo e ideologizado- puede verse en una columna de opinión en El Nuevo Siglo, ¿Otro colonialismo? Disponible en línea: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-otro-colonialismo