Uno de los principales aspectos positivos del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es que intenta contribuir a la apertura política y democrática del país desde la perspectiva de la proscripción del uso de la violencia armada para propósitos políticos y del reconocimiento de la victimización masiva y sistemática como un cuestionamiento radical de la democracia, al ser negada a quienes vieron en los vejámenes contra su dignidad humana la privación violenta de las condiciones más básicas de su ciudadanía, y de la legitimidad del Estado, por la ausencia de diligencia en sus deberes de garantía de los derechos humanos, o por haber consentido o promovido dichas violaciones.

Paradójicamente, los postulados de apertura democrática se han visto sometidos a la deliberación del actual Congreso de la República en el que así como se han visto representadas con gran dificultad fuerzas progresistas o defensoras del interés colectivo, también tienen asiento representantes de las clases, intereses y prácticas políticas que el Acuerdo precisa transformar y que pueden estar vinculadas a las causas que han dado lugar al estado de guerra permanente al que se ha visto sometido el país en su historia contemporánea, en el sentido que promueven la satisfacción de intereses egoístas en nombre del interés general pero sin ofrecerle ninguna retribución real.

El resultado de este contexto paradójico se refleja en dos situaciones emblemáticas: (i) el supuesto hundimiento del Acto Legislativo que crea 16 circunscripciones electorales para la Cámara de Representantes, exclusivas para las víctimas de violaciones a derechos humanos y para los territorios más afectados por el conflicto armado1, y (ii) las diversas y profundas regresividades que se han incluido en diversas normas respecto de los derechos de las víctimas, en especial las referentes a su derecho a la justicia.

En el primer caso, resulta indignante que miembros del Congreso antes alineados con el proceso de paz o que se han presentado públicamente como víctimas, hayan llevado al traste un mecanismo de reparación de los daños políticos ocasionados por las violaciones a los derechos humanos, a través de las cuales los victimarios lanzaron el mensaje de que las personas suprimidas con el vejamen estaban de más para la comunidad política en la que aquellos creían. En otras palabras, el Congreso colombiano amplificó la voz de los victimarios y dio una segunda muerte a la muerte ya infligida.

En sentido amplio, los miembros del Congreso a los que se ha hecho referencia contribuyeron a dar la estocada final de la inmolación política de las víctimas: repujaron sobre la invisibilidad del dolor; sellaron con rúbrica estatal, en virtud de la supuesta legitimidad surgida del ejercicio de su posición privilegiada, la intención de los genocidas que no era otra que anular la ciudadanía y la diferencia de quien fue victimizado.

En el segundo caso, se destaca el trámite de la Ley Estatutaria para la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)2. Allí, quienes prometieron hacer trizas el Acuerdo de paz hicieron de las suyas. Desdibujaron el sentido de la JEP acercándola cada vez más a un dispositivo de juzgamiento como el de Justicia y Paz, a precio de sacrificar el contenido más elemental de los derechos de las víctimas, que por lo demás, son el principal repertorio de legitimidad de este tipo de procesos.

Parafraseando a Luis Jorge Garay, lo que corría el peligro de presentarse como pacto de élites (un asunto de interés exclusivo de quienes firmaron el Acuerdo) se convirtió en una imposición de sectores autocráticos de la sociedad que desdibujaron el sentido de una jurisdicción de paz, universal y de cierre, pactada con base en enunciados de justicia, verdad, reparación y no repetición para todas las víctimas del conflicto.

Consecuencia de ello es la reducción de garantías de participación para las víctimas en el tránsito normativo del mecanismo en mención, entre el Acto Legislativo 01 de 2017 y el texto de Ley Estatutaria finalmente aprobado por el Congreso. En dicho contexto, la JEP, que arrancó con un reconocimiento puntual de garantías amplias y diferenciales para la participación jurídica de las víctimas en los trámites judiciales, se dibuja actualmente como un escenario en el que serían convidadas de piedra o sujetos de compasión empática por parte de las autoridades judiciales.

Lo anterior realmente es un retroceso de más de diez años respecto de los contenidos normativos y jurisprudenciales de los derechos de las víctimas en los procesos penales ordinarios y transicionales. Queda en manos de las y los magistrados de la JEP la suerte de la participación de las víctimas cuando proyecten el futuro reglamento procedimental de dicha jurisdicción, como tal vez quede también en manos de las altas cortes la suerte del Acto Legislativo de Circunscripciones Especiales de Paz.

Otro tanto sucede con la aprobación de inhabilidades para ejercer la magistratura en la JEP asociadas al litigio y defensa de los derechos humanos por parte de quien aspira al cargo (o ya fue escogido para detentarlo), particularmente en contra del Estado. Carece de toda lógica pretender pasar por un aspecto negativo que supuestamente impediría el normal ejercicio de la impartición de justicia como función pública, la principal garantía de idoneidad técnica y de experticia del futuro operador judicial: su experiencia en la defensa de derechos cuya violación es el objeto nodal de investigación y sanción judicial.

Sin embargo, los ánimos revanchistas de quienes suponen que las víctimas de agentes del Estado no existen, y como en Justicia y Paz en el mejor de los casos serían costos colaterales del ejercicio del supuesto monopolio estatal de las armas, primaron sobre el interés general inherente a la prohibición moral de ridiculizar la justicia y banalizar el sufrimiento humano, característica del Estado constitucional de derecho. De nuevo, queda en manos del poder judicial, la corrección de la injusticia radical oculta tras estas decisiones parlamentarias ante su manifiesta y grosera inconstitucionalidad.

Estos ejemplos nos llevan claramente a los terrenos de la desesperanza, pero también de la indignación. Esta última no es un asunto negativo, sino que supone la conciencia real de la ausencia de dignidad, en ciertas circunstancias, de lo público como camino para la movilización social  orientada a la reivindicación de derechos. Las víctimas son el centro de toda iniciativa genuina de paz, pero no porque el Acuerdo firmado en el Teatro Colón lo haya reconocido así, sino porque la paz es el camino hacia el reconocimiento mutuo de la ciudadanía de todos y todas, y sin el reconocimiento del dolor de las víctimas nadie puede considerarse ciudadano.

Dicho dolor precisa de ser transformado en un dato político  insumiso, pues las víctimas no pueden seguir siendo el chivo expiatorio de los abusos del poder, sino que deben ser reconocidas de una buena vez como sujetos políticos, como protagonistas de la transición hacia la profundización democrática a la que aspiran quienes realmente están cansados de convivir forzosamente con acontecimientos traumáticos universalizados por decreto.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario rehacer los contenidos de la paz que reivindican el poder ciudadano de las víctimas, hechos trizas en buena medida desde el actual Congreso de la República que refleja prácticas políticas indignantes. Precisamente, es la dignidad de las víctimas la que anuncia que la paz solo es posible transformando dichas prácticas.

 

*Fernando Vargas Valencia

Abogado Especialista en Derechos Humanos

Escritor

  1. Se hace referencia al Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018 – 2022 y 2022-2026 en razón de las cuales dicha Cámara tendría 16 representantes adicionales, elegidos en los territorios más afectados por el conflicto armado y entre candidatos que deben acreditar para dicho propósito, su condición de víctimas.
  2.  La JEP es el mecanismo judicial del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contemplado en el Punto 5 del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP de noviembre de 2016.