El pasado 15 de noviembre, en el marco del debate de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Senado decidió introducir nuevas reglas para poder asumir cargos dentro de la JEP. Se crearon así inhabilidades para quienes, dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión, hayan presentado reclamaciones en contra del Estado en materia de derechos humanos o ejercido representación en actuaciones relacionadas con el conflicto armado, tanto a nivel nacional como internacional, o que hayan pertenecido a organizaciones que hayan ejercido dicha representación1. Esta iniciativa, que fue aprobada en el texto de conciliación entre el Senado y la Cámara, se convierte de facto en un acto de clara discriminación hacia los integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y constituye una nueva prueba de la constante estigmatización que han tenido que soportar durante décadas los defensores de derechos humanos (DDH) en Colombia.

Los DDH son mujeres y hombres que actúan para defender y promover los derechos de los individuos y cuyo compromiso implica visibilizar y denunciar las violaciones de esos derechos, las injusticias y la impunidad. Colombia se distingue justamente por la existencia de un importante universo de personas y organizaciones defensoras, que es a la vez diverso, estructurado, muy comprometido y que puede contar con una gran experiencia. La construcción y el fortalecimiento de la categoría de DDH en Colombia responden a la magnitud, la antigüedad y la persistencia de las numerosas y masivas violaciones de los derechos humanos en el país, así como a la responsabilidad del Estado en esta situación. Ser DDH en Colombia siempre ha implicado afrontar altos riesgos y trabajar en medio de un ambiente de señalamientos y de persecución, lo que se traduce en amenazas, calumnias, robo de información, detenciones arbitrarias y asesinatos.

En este sentido, lo ocurrido en el Senado de la República se inscribe plenamente en este ambiente constantemente hostil hacia los DDH, pero lo más grave es que de alguna manera lo “institucionaliza”. Que se proclame un tal acto de discriminación y de desconfianza hacia una categoría precisa de personas en el recinto del Congreso suena como una vergonzosa oficialización de que los DDH son considerados por el Establecimiento colombiano como “enemigos”. El colmo de la indecencia es que esto haya pasado en un debate sobre la forma que debe tomar la justicia para que el país pueda transitar hacia la paz. Detrás de la elaboración de las inhabilidades que apuntan a los DDH sobresalen dos aspectos claves que sustentan la desconfianza hacia ellos: que serían politizados (entiéndase de izquierda) y que serían enemigos de la Nación.

La estigmatización de los DDH relacionada con una supuesta politización se basa en la consideración de que estas personas no estarían interesadas en defender los derechos humanos en sí mismos, sino que los instrumentalizarían a favor de una lucha política, y más precisamente a favor del ideario político de izquierda. En realidad, los DDH pueden tener opiniones políticas marcadas, pues esto es un derecho democrático de cualquier ciudadano y no puede ser un criterio de exclusión, pero de ninguna manera se puede afirmar que constituyen un bloque homogéneo que persigue objetivos políticos a través de su labor.  Los DDH no son agentes que defienden una ideología o una agenda política, sino miembros de la sociedad civil que ejercen un trabajo pragmático de defensa de los derechos y de la democracia.

Que las reclamaciones de los DDH y de la izquierda colombiana coincidan en muchas ocasiones no quiere decir que los dos trabajen por un proyecto político común. Se explica más bien por la represión que ha sufrido históricamente la izquierda en el país y la victimización de un gran número de sus militantes. Por otro lado, es evidente que el tema de los derechos humanos ha sido un motivo importante de preocupación política para organizaciones y partidos de izquierda, mucho más que para las demás fuerzas políticas. Esto permite decir entonces que la acusación que se les hace a los DDH de ser politizados corresponde a la propia politización del Establecimiento colombiano, que siempre ha defendido de manera contundente el statu quo y el mantenimiento de sus privilegios, lo que ha conllevado a un ambiente perpetuo de violaciones de los derechos humanos.

El otro elemento clave de la estigmatización de los DDH es el de señalarlos de ser enemigos de la Nación, y se basa en la creencia de que estos despreciarían las instituciones del país, odiarían el Estado y conspirarían en contra de los intereses del país. Frente a esto, lo primero que hay que decir es que no es lo mismo criticar el gobierno, reclamar al Estado y actuar en contra de la Nación. Los DDH suelen criticar el gobierno de turno, así como los organismos institucionales relevantes, cuando incumplen sus prerrogativas y compromisos en materia de derechos humanos o cuando incurren en violaciones de esos derechos. Esto es totalmente legítimo y se convierte, por supuesto, en una tarea permanente en un contexto tan adverso para los derechos humanos como lo es el colombiano. Esta crítica se acompaña, para muchos de ellos, de un reclamo contundente hacia el Estado, no por sentimiento enemistoso en su contra, sino porque han sido evidentes, generalizadas y reiterativas las responsabilidades de los diferentes componentes del Estado en las violaciones “estructurales” de los derechos humanos en Colombia.

Llamar la atención sobre esas responsabilidades, e incluso denunciar los “crímenes de Estado”, no constituyen ataques contra la Nación sino que, por el contrario, señalan la situación anormal e injusta en la cual se encuentra el país cuando esto sucede. Por lo tanto, pintar los DDH como enemigos de la Nación es ante todo una maniobra de los sectores del Establecimiento que tendrían que responder por su papel en violaciones de los derechos humanos y que ven lógicamente en la figura del DDH una amenaza para su impunidad. De la misma manera, cuando los DDH hacen denuncias en el exterior, o incluso en instancias jurídicas internacionales, no las hacen porque sean “traidores” o “antipatriotas” sino porque estas denuncias no tienen un eco suficiente o se encuentran “bloqueadas” en Colombia, y porque necesitan solidaridad y ayuda internacional. Por esto, cuando los DDH denuncian, por ejemplo, los “falsos positivos” cometidos por las Fuerzas Armadas, no llevan a cabo una supuesta “guerra jurídica” en contra de los “héroes de la patria” sino que evidencian valientemente la terrible aberración de una práctica criminal anclada en un Estado supuestamente democrático.

Los señalamientos negativos hacia los DDH colombianos, que hoy se develan con cinismo en el Senado de la República, no tienen fundamentos y son profundamente injustos y antidemocráticos. Por un lado, continúan alimentando en la ciudadanía un imaginario errado y peligroso de su trabajo y de su compromiso y, por otro lado, ponen en evidencia el desprecio por parte del Establecimiento de los derechos humanos como principio fundamental.  Décadas de calumnias han dejado huellas e impiden que el país considere a los DDH por lo que son en realidad, es decir, ciudadanos ejemplares que anteponen el bien colectivo a sus intereses personales, y que con frecuencia arriesgan su vida para defender a los demás y para visibilizar los vacíos democráticos. Personas que no son motivadas por el enriquecimiento personal sino por el compromiso de defender a las víctimas y de denunciar las injusticias. Ejemplos de dignidad en medio de tanta indecencia.

 

  1.  https://www.change.org/p/c%C3%A1mara-de-representantes-no-censuren-a-defensor-s-de-derechos-humanos-en-colombia