Quisiera aprovechar que hoy es la celebración del día de los derechos humanos para rendirle un tributo a los defensores y a las defensoras, quienes han consagrado sus vidas a la defensa de la vida de otros aun cuando esto les ha significado inconmensurables sacrificios y riesgos. Es, además, la ocasión ideal para hacerlo, pues en los últimos días han sido objeto de un tratamiento discriminatorio y prejuicioso por parte de las autoridades públicas, en un contexto caracterizado por el incremento de las agresiones en su contra.

Por ejemplo, hace solo unos días el Congreso de la República aprobó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. El texto de conciliación de los proyectos aprobados en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República dista radicalmente de lo que inicialmente se pactó en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para la terminación del conflicto armado. Pero hay un par de hechos que llaman la atención por su alta carga simbólica de discriminación y estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos.

El primer hecho que quiero destacar en la JEP es la aprobación del artículo 100 que consagra nuevas causales de inhabilidad para ser magistrado o magistrada a quienes en los 5 años anteriores a la fecha de posesión hayan ejercido representación judicial en hechos relacionados con el conflicto, o tramitado a nivel nacional o internacional reclamaciones por graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario o al derecho penal internacional. Como acertadamente lo han señalado varios columnistas, se trató de una inhabilidad dirigida contra quienes han ejercido la labor de defensa de derechos humanos a título personal o como parte de una organización.

El segundo hecho es menos notorio y ha pasado desapercibido pero no por esto debe considerarse menos grave. El artículo 79 de la ley estatutaria de la JEP se refiere a las funciones de la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, una de las cuales consiste precisamente en recibir los informes que presentarán las organizaciones de derechos humanos o de víctimas (literal c). En dicho artículo se hace la advertencia, inusual por su obviedad, de que “la Sala podrá realizar compulsa de copias (…) cuando aprecie indicios de que los mismos contienen acusaciones, conductas o denuncias aparentemente falsas elaboradas dolosamente, o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos”.

No hay que ser incauto frente a este tipo de expresiones en la ley. Es obvio que si alguien realiza acusaciones temerarias o falsas en contra de una persona con el fin de causarle un perjuicio a ésta y además provocar errores en la administración de justicia, está incurriendo en una conducta que constituye no solo una falta grave, sino un delito. Por esta razón, al reproducir el efecto jurídico que en la JEP podría tener el hecho de entregar información falsa no se está consagrando nada nuevo pero se está reforzando un prejuicio bastante extendido de que los defensores de derechos humanos realizan acusaciones falsas.

Además de estos prejuicios ampliamente difundidos y arraigados socialmente sobre los defensores y la defensores, en Colombia estos también se enfrentan a acciones de grupos de poder que amenazan su vida, su integridad física y la posibilidad de ejercer su trabajo.

El programa Somos defensores ha documentado entre enero de 2009 y junio de 2017 aproximadamente 509 casos de homicidios de defensores de derechos humanos. Solo en el primer semestre de este año se documentó que 335 defensores y defensoras fueron víctimas de algún tipo de agresión1. Durante este lapso de tiempo se reportó un incremento del 31% respecto del año anterior en los homicidios de defensores y defensoras, pasando “de 35 casos reportados en el primer semestre de 2016 a 51 defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales asesinados en los seis primeros meses de 2017”. Estas agresiones, han recaído principalmente “en aquellos que desarrollan actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de oposición a proyectos extractivos y particularmente, en relación con aquellos dedicados a hacer pedagogía para la paz y a apostar por la construcción de la paz territorial”.

Este contexto sobre la situación de defensores de derechos humanos y lideres sociales advierte sobre la necesidad de adoptar acciones públicas reales que promuevan y garanticen la labor y seguridad de estos. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto en marcha una política pública orientada a superar este fenómeno y más bien se puede apreciar una acción estatal poco coordinada y que en muchos casos parte de negar la realidad, como cuando se insiste en negar el carácter sistemático de estas agresiones argumentando que se trata de casos aislados.

Leyendo el best seller2 del último galardonado con el premio nobel de economía Richard H. Thaler acerca de la psicología del comportamiento, me encontré con un ejemplo que llamó mi atención y que puede ser ilustrativo cuando lo empleamos para el análisis del aumento de las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos y, en especial, a la hora de considerar las razones por las cuales no existen acciones públicas robustas para combatir el fenómeno.

En el ejemplo que trae Thaner (pero que es original del economista Thomas Schelling) se ilustra la siguiente paradoja: “Si una niña de seis años y pelo castaño necesitase miles de dólares para una operación que prolongase su vida hasta navidad, las oficinas de correo colapsarían de donaciones de cinco y diez céntimos para salvarla. Sin embargo, si se nos informara de que sin un impuesto especial las instalaciones del hospital de Massachusetts se deteriorarán provocando un incremento apenas perceptible de muertes evitables, pocos derramarán lagrimas por ello o echarán mano a sus carteras”. En este caso, según el autor, los hospitales son apreciados por las personas como parte de lo que él denomina una vida estadística, mientras que con la niña ocurre lo contrario, es apreciada como una vida identificada.

La idea que me interesa destacar es la importancia que tiene esta distinción a la hora de tomar decisiones públicas, pues pocas veces las personas permitirían que una vida identificada como la de la niña se pierda por falta de dinero, pero todos los días miles de personas sin identificar (vidas estadísticas) mueren por razones tan sencillas que serían fácilmente evitables si, por ejemplo, se aprobaran más recursos para los hospitales públicos. Algo similar ocurre con el aumento de las agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Desafortunadamente, uno constata que hay información relevante en los medios refiriéndose al aumento de las estadísticas de este fenómeno pero el empleo de acciones públicas para combatirlo es insuficiente para resolver un problema de esta magnitud. A lo anterior, se suma que las autoridades públicas adoptan políticas institucionales que refuerzan patrones de discriminación en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.

Por eso, quizás sea indispensable lograr que los defensores y las defensoras de derechos humanos, como en el ejemplo de la niña, sean vistos como vidas identificadas que deben salvaguardarse. Por razones de tiempo y espacio no podría referirme a cada uno de los defensores que han sido victimas de agresión o estigmatización, pero me gustaría por lo menos rendirles tributo el día de hoy parafraseando las palabras de Margaret Sekaggya, antigua Relatora de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, que identificó a esta labor como “una actividad legítima y valiente que es necesaria para lograr que las comunidades puedan gozar libremente de sus derechos y desarrollar su potencial”, lo cual es vital  para el correcto funcionamiento de la democracia y del Estado social de derecho. 

  1.  La cifra discriminada corresponde a 225 casos de amenazas, 51 asesinatos, 32 atentados, 18 detenciones arbitrarias y 9 casos de uso arbitrario del sistema penal.
  2. Todo lo que he aprendido con la psicología económica