Julie Massal

* Julie Massal

Doctorado en Ciencia Política, Universidad Aix-Marseille III, Instituto de Estudios Políticos de Aix-en- Provence (Francia). Post-doctorado de la U. Rovira i Virgili, Tarragona (España). Becaria Lavoisier (2001-2002) del Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia). Investigadora y profesora del IEPRI-UN desde 2005 e investigadora asociada de FLACSO-Ecuador (desde1999). Ha trabajado sobre los movimientos sociales indígenas y su participación en los procesos de democratización en el Área Andina (Bolivia y Ecuador especialmente). También ha trabajado (postdoctorado y proyectos) en el tema de la migración latino-americana a Europa. Titular de la Maestria Profesional en Oficios de libro de la Universidad de Bourgogne en Dijon, Francia, 2017 (mencion Bien).

A raíz del revuelo causado hace pocos días por las palabras del Ministro de Defensa J.C. Villegas, en torno al asesinato de líderes sociales en Colombia, atribuido por él “en su inmensa mayoría, a líos de faldas y linderos”[1Ver la columna de Adam Isaacson, Diciembre 18, 2017, que revela el discurso del Ministro en Noticias Uno: https://adamisacson.com/where-some-see-a-wave-of-terror-colombias-defense-minister-sees-skirts/ ], hemos presenciado una verdadera cacofonía institucional, en las más altas esferas del poder.

 

Discursos públicos contradictorios que generan incertidumbre política

El Procurador F. Carillo y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS)1, entidad encargada desde febrero de 2017 de implementar acciones institucionales para contrarrestar el asesinato y garantizar la protección de los líderes sociales, se han pronunciado en contra de esta apreciación y le han “jalado las orejas” al MinDefensa.

No obstante, el Ministro salió luego a desmentir la interpretación de sus palabras que habrían sido, según él, “tergiversadas”, pues niega estar “banalizando” el fenómeno de los asesinatos y amenazas, aunque sigue rechazando la sistematicidad del asunto y proporciona cifras altamente cuestionadas de asesinatos. Lo menos que se puede decir es que su “explicación” no es nada convincente, puesto que lo único que “añade” es que las causales de los asesinatos son múltiples2. Más exactamente, Villegas aclaró en Noticias Caracol: “dentro de seis razones por las que asesinan a los líderes, están los líos de faldas. No estoy diciendo que asesinen líderes sociales solo por eso, estoy diciendo que hay muchísimas causas, entre ellas esa. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una sistematicidad que hayamos podido documentar (…) Esto no es para ofender a nadie. Tengo respeto por las personas, por las familias y las familias de las víctimas, si ofendí a alguien pido disculpas3.

J.C. Villegas aparentemente cuenta con respaldo al más alto nivel, puesto que el Presidente Juan Manuel Santos salió a comentar – ¿o rectificar? – las palabras de su ministro: “‘El ministro no dijo eso, el ministro después aclaró, porque lo citaron fuera de contexto (…) Él dijo que la Fiscalía informó que había múltiples razones para estos asesinatos que nos duelen, nos preocupan y también él lo reiteró. Es una prioridad para el gobierno tratar de impedir estos asesinatos (…) Por supuesto, yo no creo que ese sea el motivo por el que están matando a los líderes sociales’, expresó el presidente4.

Pero la cacofonía no termina allí.  Puesto que, de repente, el propio Fiscal, Néstor Humberto Martínez, admitió “algún grado de sistematicidad” en el asesinato de líderes sociales, reconociendo también que existen “reductos de grupos de autodefensas” (paramilitares) que pueden estar relacionadas con dicho fenómeno y que asimismo existe un perfil de víctimas y un patrón en las modalidades de asesinatos5. Declaraciones que pasaron un poco desapercibidas, a pesar de estar en las antípodas de la posición de la Fiscalía hasta ahora, ya que dicho sea de paso, ponen fin no a una, sino a dos negaciones del gobierno: sobre la sistematicidad y sobre la presencia paramilitar.

Finalmente, dos días después, a pesar de que “desde el Ministerio de Defensa se diga que ‘no existe un plan para asesinar líderes sociales’, el presidente Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para detener el asesinato de estas personas en las regiones6.  Dicha iniciativa, llamada “Plan Orus”, consiste en  el “reforzamiento de las alertas tempranas […]  que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las Farc, hoy convertida en partido político”. Santos aclaró que serán los comandantes del Ejército, “quienes establecerán contactos y generarán la confianza suficiente con las comunidades para “combatir con más efectividad estos asesinatos”, como lo resalta El Espectador7.

Está por verse en qué consistirá y cómo se implementará dicha “iniciativa”, pero desde ya nos llama la atención que se hable de una operación a cargo de un actor armado, la Fuerza Pública, que tampoco está del todo indemne8, puesto que también ha sido acusada de haber participado en el asesinato de líderes sociales, en ocasiones en alianza con fuerzas paramilitares, y ha sido involucrada en los llamados “falsos positivos”, llevados a cabo cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa del expresidente A. Uribe.

Todos aquellos discursos demuestran que si bien hay giros, o por los menos inflexiones, en la postura oficial y en la de la Fiscalía, en cuanto a reconocer la sistematicidad del asunto, persisten fuertes incoherencias o contradicciones al respecto. Sin embargo, hay avances que destacaré al concluir.

 

Reacciones e implicaciones políticas e institucionales

Es de resaltar la magnitud, en varios sectores sociales y políticos, de la indignación que generó la declaración del Ministro de Defensa, al tratar con semejante aparente trivialidad un asunto de tal complejidad y gravedad.  Esta indignación se explica y se justifica por varios motivos.

Las declaraciones del ministro, en un contexto de recrudecimiento del asesinato a líderes sociales, han generado una legítima indignación, pero más aún, una altísima preocupación en varios sectores de la sociedad, en particular entre las víctimas directas o indirectas de asesinatos, intimidaciones y amenazas. Esto es, en todos los territorios afectados y entre todas las organizaciones de defensa de derechos humanos o de acción social, en especial Somos Defensores9. Las víctimas y sus representantes, miembros de la Plataforma de Derechos Humanos que conforman la CNGS, han manifestado que estas declaraciones tienen graves repercusiones concretas y políticas. Pues, de cualquier lado que se tomen, son una forma de enmascarar la realidad, al negar los contextos propios y las causales estructurales del asesinato de líderes. E incluso, para algunos, conducen a justificar los asesinatos y como mínimo a banalizarlos, al poner el asunto en la misma bolsa que cualquiera pelea de borrachos o de vecinos.

Lo preocupante además es que semejante actitud bien puede reforzar la impunidad, ya altísima, en torno a los perpetradores de los asesinatos. No es casual que en sus declaraciones, aunque se haya pasado por alto, salvo entre las organizaciones sociales, el ministro también niega o relativiza dicha impunidad. En efecto, Villegas afirma que “La Fiscalía ha esclarecido 63 casos. Van 103 personas capturadas por estos crímenes. Esto equivale al 64 por ciento de efectividad” y subraya de nuevo que “el 35 por ciento de los 177 homicidios son por asuntos personales10; cifras cuyo origen se desconoce y que no son corroboradas por los datos de la propia Fiscalía, ni por la CIDH, ni por organismos de investigación independientes.

Más grave aún, si cabe: para algunas voces, es incluso una llamada a proseguir con los asesinatos, en un contexto como el colombiano, donde la estigmatización verbal, la minimización de las quejas y reclamos o su trivialización han sido una constante histórica y han tenido consecuencias palpables, como lo recordaron voces de la CNGS y de varias ONG11. La ONU se ha pronunciado en el mismo sentido12.

En este oscuro panorama, no obstante, considero que hay algunas señales alentadoras. Tal vez la principal “buena noticia” sea que ahora hablar así de líderes sociales asesinados en Colombia cause revuelo,  incluso al más alto nivel del poder público, y tenga un cubrimiento periodístico tan amplio como ha sido el caso durante los últimos días.

Si bien hay dudas e inquietudes sobre lo que realmente vaya a ocurrir desde el ámbito oficial y la implementación del Plan Orus, al menos la efervescencia de declaraciones, el giro del Fiscal que reconoce cierta sistematicidad y, cabe resaltarlo por lo inédito, la presencia de reductos de autodefensas paramilitares (algo que también se venía negando constantemente), la posición del Procurador Carrillo que recibió a organizaciones portavoces de defensores sociales, así como el pronunciamiento de la CNGS contra Villegas, son avances, aunque sean insuficientes pues la carencia de  recursos humanos y financieros para sostener la acción de la CGNS también son un hecho innegable.

La confusión de discursos institucionales y gubernamentales junto con la incertidumbre política reinante son una prueba fehaciente de que aún falta mucho camino por recorrer, para poder hablar de una verdadera política institucional en torno a la protección de líderes sociales y en aras de otorgarles garantías para su seguridad y su participación política. Pero definitivamente, la matanza de líderes sociales salió de la invisibilidad y de la negación sistemática.

 

  1. “Comisión de Garantías de Seguridad rechaza palabras del ministro de Defensa”: El Espectador, Diciembre 19, 2017  : https://www.elespectador.com/noticias/judicial/comision-de-garantias-de-seguridad-rechaza-palabras-del-ministro-de-defensa-articulo-729391
  2. “ ‘No estoy banalizando los asesinatos de líderes sociales’: Mindefensa”: El Tiempo, Diciembre 19, 2017 : http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/mindefensa-dice-que-no-esta-banalizando-asesinatos-de-lideres-con-sus-declaraciones-163422
  3. Citado en “Comisión de Garantías le jaló las orejas al ministro de Defensa”, El Espectador, Diciembre 20, 2017: http://pacifista.co/comision-de-garantias-le-jalo-las-orejas-al-ministro-de-defensa/ (subrayado en negritas es  nuestro).
  4. Citado en “Comisión de Garantías le jaló las orejas al ministro de Defensa”,  op. cit.
  5. “Fiscal admite ‘algún grado de sistematicidad’ en crímenes a líderes sociales”: El Espectador,  Diciembre 19, 2017: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-admite-algun-grado-de-sistematicidad-en-crimenes-lideres-sociales-articulo-729362
  6. Citado en “Comisión de Garantías le jaló las orejas al ministro de Defensa”,  op. cit.
  7. Ibidem.
  8. Aunque no sea mayoritaria, la Fuerza Pública aparece como unos de los autores de asesinatos de asesinatos, entre los pocos casos cuyos perpetradores se identifican, como han revelado varios informes de la ONG Somos Defensores.
  9. “Min Defensa pone en riesgo la vida de líderes sociales: Somos Defensores”, Contagio Radio, Diciembre 19, 2017: http://www.contagioradio.com/min-defensa-expone-la-vida-de-lideres-sociales-somos-defensores-articulo-50114/
  10. “No estoy banalizando los asesinatos de líderes sociales’: Mindefensa”, op. cit. (subrayado en negritas nuestro).
  11. “Comisión de Garantías le jaló las orejas al ministro de Defensa”,  op. cit.
  12. “ONU preocupada por descalificación de gobierno a asesinatos de defensores de DDHH”, Contagio Radio, Diciembre 21, 2017: http://www.contagioradio.com/onu-preocupada-por-descalificacion-de-gobierno-a-asesinatos-de-defensores-de-ddhh-articulo-50172/